(Publicado en El blog de Carlos Martínez Gorriarán, aquí)
La tarde de ayer, Rosa Díez se quedó sola a la hora de votar una moción de UPyD para “despolitizar” las cajas de ahorro, es decir, para liberarlas de su actual servidumbre a los intereses inconfesables de partidos políticos, sindicatos y fuerzas vivas locales, con el fin de convertir a las instituciones que controlan el 51% del negocio bancario español en verdaderas entidades crediticias al servicio de los clientes, gestionadas por profesionales e independientes de la presión de sus actuales dueños de facto para, por ejemplo, condonar créditos a los partidos políticos y financiarlos de otros mil modos turbios.
Es evidente que la reforma de la anacrónica regulación de las cajas de ahorro urge por las exigencias de saneamiento del sistema financiero, pues las cajas se han convertido en bombas de relojería por riesgos acumulados de magnitud en buena parte desconocida. Por ejemplo, la insolvencia de muchas debido a su abusiva implicación en la burbuja inmobiliaria (son las principales acreedoras de esa escalofriante cifra de 350.000 millones de euros en créditos inmobiliarios probablemente incobrables). Y además hay razones de justicia no menos urgentes: los privilegios y chanchullos que prodigan a sus beneficiarios, inaccesibles para los simples particulares que, encima, son quienes las sostienen con sus depósitos y nóminas.
La moción de UPyD que todos los demás partidos han votado en contra, como un solo hombre o mujer, pedía cosas tan insólitas –aunque adoptadas en muchos países europeos desde hace años- como separar la “obra social” del negocio bancario, que debe regirse por criterios profesionales de rentabilidad, impedir a las comunidades autónomas que puedan vetar fusiones de cajas o cambios similares –como pretende la ley de Núñez Feijóo que el Gobierno ha decidió recurrir ante el Constitucional-, poner al frente de la gestión a profesionales, someter las decisiones estratégicas al control del Banco de España, y erradicar la manipulación actual que ha convertido la representación en los órganos de gestión de trabajadores y clientes en sendas representaciones delegadas de partidos y sindicatos. Entre otras cosas. Pues bien: PSOE, PP, CIU, PNV, ERC, CC, BNG, IU-IPC, NaBai y tuti quanti han votado unánimemente en contra. El mismo día en que un inspirado Eduardo Sotillos explicaba en su blog que el ascenso de la popularidad de UPyD expresa la indiferencia de algunos votantes… ¡por las diferencias de programa entre los partidos! ¿No es desternillante?
Se trataba, claro, de la caja, o mejor dicho, de la libertad de meter mano en ella para financiar todo tipo de intereses espurios, políticos en el sentido peyorativo del término, porque poco tienen que ver con el interés público inversiones disparatadas como el aeropuerto de Ciudad Real que ha hundido a Caja de Castillla-La Mancha, o la especulación inmobiliaria a la que casi todas se echaron a tumba abierta. Otro de los ingredientes obvios de la crisis económica, en curso, una crisis económica agravada por una crisis política consecuencia de un sistema de partidos degenerado. Pero claro, ya lo dice José Blanco: ¡es una conspiración internacional contra nuestro maravilloso sistema! Y contra el euro, o.c.