(Publicado en ABC, aquí)
¿Cuántas personas viven en una ciudad y trabajan en otra? ¿Cuántos ciudadanos recorren todos los días más de cien kilómetros para llegar a su centro de trabajo? Hay médicos que viven en Sevilla, pero que trabajan en Huelva o Cádiz, por no hablar de los profesores de instituto que se desplazan de una provincia a otra e incluso de una comunidad autónoma a otra. ¿Y los jueces o fiscales? ¿Y los inspectores de hacienda o los ingenieros de caminos? Sin embargo, fuera de la administración hay cientos de miles de trabajadores que también hacen otros tantos miles de kilómetros para llegar a sus puestos de trabajo, sin que nadie les pague dietas o regalías semejantes. ¿Por qué los diputados nacionales y autonómicos no son capaces de apechugar con sus gastos de kilometraje como hacemos los ciudadanos corrientes y molientes?
El caso de la directora del Instituto de la Mujer, Laura Seara, que en sus tiempos de diputada autonómica cobró más de treinta mil euros anuales por concepto de kilometraje sin tener ni coche ni carné de conducir, sería motivo de broma si no fuera porque estamos en crisis y porque hay más de mil parlamentarios nacionales y autonómicos que podrían estar haciendo lo mismo con más discreción y menos aspaviento. Ningún diputado debería cobrar kilometrajes con cargo a los presupuestos públicos, porque sus señorías ya ganan lo suficiente como para que los viajes de sus casas a sus centros de trabajo les cueste lo mismo que a todos nosotros.
Lo de los kilómetros es tan indignante como lo del coche oficial. ¿O sea que el centro histórico de Sevilla quedará cerrado para que los más de doscientos coches oficiales sí puedan circular y aparcar donde les dé la soberana gana? Sevilla no es la ciudad de las personas, sino la ciudad de los altos cargos. Leo en ABC (22.02.10) la relación de todos los próceres con derecho a coche oficial y se me escapa la risa foja. En cualquier caso, ya que a los ciudadanos nos van a perseguir a través de cámaras cada vez que entremos al centro histórico, sugiero a mis conciudadanos grabar en vídeo a todos los altos cargos que llevan a sus hijos al colegio en el coche oficial. ¿A que no estaría mal saber quiénes son los altos cargos que se la reflanflinflan a costa de todos nosotros?
A muchos profesores de instituto les vendría de lujo que les pagaran los kilómetros que hacen hasta llegar a sus centros. A numerosos médicos que trabajan en los ambulatorios de los pueblos o que simplemente viven de las guardias, les encantaría cobrar dietas por los kilómetros recorridos. A un sinfín de catedráticos que imparten clases en universidades de otras provincias les harían un favor si les compensaran económicamente todos los viajes que realizan. Y por supuesto a todos los albañiles que vienen desde tan lejos para trabajar en las obras interrumpidas del casco histórico sevillano. ¿A quién no le gustaría disfrutar del mismo chollo de sus señorías?
Pienso en los miles de trabajadores que vienen cada día a Sevilla desde los pueblos de la Vega o del Aljarafe, y que son conminados a emplear el transporte público a punta de multas, amenazas e incomodidades. Ningún diputado autonómico pasará jamás por esas horcas caudinas, porque ellos cobran precisamente por estar en los atascos. Y seguirán cobrando aunque no tengan ni coche ni carné de conducir, como esa funcionaria del Ministerio de Igualdad que se forra gracias a la desigualdad. Por una vez estoy de acuerdo con la semántica políticamente correcta: doña Laura Seara no es un alto cargo, sino una alta carga.