Imagínense ustedes a un cazador que, primero confunde a un elefante con un concejo y, cuando se apercibe de su error, pretende dar cuenta del paquidermo disparándole tiros de sal. Pues esta ha sido la reacción del Gobierno del señor ZP cuando ha tenido que reconocer, al cabo de dos años de recesión y de errores de apreciación imperdonables en cuanto la situación económica, financiera y social del país; que ya no se puede encubrir por más tiempo el estado de penuria por el que estamos atravesando en España y, viendo que las cosas se le ponen feas; en última instancia, a trancas y barrancas, decide, ante las severas advertencias que le van llegando de la UE, bajarse del burro en el que estaba cómodamente instalado, y ponerse las pilas, para dar la sensación de que, al menos, intenta hacer algo positivo, aunque sea en el periodo de prórroga y apurando las últimas oportunidades que le quedan.
Nadie puede poner objeciones a que, el Ejecutivo, intente remediar todo aquello que ha puesto patas arriba y, tampoco, podemos criticar unas medidas, pocas y de escasa repercusión, como comentaremos, pero que, sin duda, están pensadas con ganas de hacer algo positivo. Pero esto no es óbice para que, cuando se habla de que el ICO asumirá las funciones de la banca pública, para dar créditos a las Pymes y autónomos; no tengamos que recordar que fueron muchos, entre los que nos contamos, los que protestaron contra las ayudas directas a los bancos ( recordemos que comenzaron con 50.000 millones de euros para la banca), muchos de ellos responsable de la famosa Burbuja inmobiliaria; cuando, en teoría, quienes necesitaban las líneas de crédito eran las Pymes y los autónomos. Ninguna de aquellas cantidades entregadas a la banca hubo de llegar a su destino, más bien fueron destinadas a solucionar problemas internos de los propios bancos. Ahora tenemos derecho a reclamar, de quienes nos gobiernan, una explicación de, ¿por qué aquellos dineros sacados de las arcas del Tesoro y recaudados de nuestros impuestos, fueron utilizados de forma tan errónea y no se los entregaron al ICO para que hiciera exactamente lo mismo que ahora se pretende que haga? Sin duda se hubiera evitado que cientos de miles de autónomos se quedaran sin trabajo y que otros centenares de miles de Pymes tuvieran que bajar las persianas. No se hubieran desperdiciado miles de millones entregados a quienes no se lo merecían y el país hubiera tenido que endeudarse menos y, por supuesto, ahorrarse miles de millones (cerca de 22.000 millones sólo en el año 2009) en cargas financieras.
Pero si, en el anterior caso, ha quedado patente la incuria del Gobierno en aplicar una medida de sentido común, no podemos menos que maravillarnos de que hayan tenido que transcurrir casi dos años para imponer una medida, tan necesaria y que hubiera evitado tantos despidos, como es la de poner coto a la práctica de los organismos públicos de hacer de su capa un sayo, cuando se trata de pagar a sus acreedores. En efecto, todos sabemos de la práctica usual de muchos municipios y otros entes públicos de ir prolongando el pago de las cantidades que adeudan a quienes han encargado la ejecución de una obra pública. Al respecto, conviene recordar que, a estas alturas, los Ayuntamientos españoles adeudan la inquietante cifra de 30.000 millones de euros a sus proveedores y las CC.AA otros 12.000 millones más. De hecho se calcula que el 90% de las pequeñas y medianas empresas, sufre retardos en el cobro de las facturas de sus clientes públicos. Cuando se habla, en la propuesta de la señora Salgado, de poner un límite de 30 días, a los entes públicos, para el pago de los recibos sus proveedores (a las grandes empresas parece que se ampliaría el límite a 60días), nos parece una medida adecuada. Sin embargo, tendríamos que averiguar si esta medida tendrá o no efecto retroactivo, para que los acreedores puedan exigir el pago de todo el montante que se les debe o sólo se aplicará a partir de que la norma aparezca en el BOE. Nos parece casi imposible que, en la precaria situación actual de los municipios, cuando la construcción ha dejado de ser su máximo medio recaudatorio y las cuentas municipales están en números rojos, se puedan atender, a tan corto plazo, sus compromisos de pago.
Esta medida comporta, mejor dicho, ya ha comportado, antes de implantarse; que la furia recaudatoria de los Ayuntamientos se haya volcado sobre el IBI, los tributos y tasas locales, elevándolos a cifras casi lindantes con lo que se pudiera considerar un acto de incautación. Sin embargo, donde parece que la señora Salgado ha puesto sus más altas esperanzas –cuando se ha negado a atender las sensatas razones que, desde varios partidos de la oposición, se esgrimían para que no se llevara a término la anunciada subida del IVA (2 puntos para julio) –; ha sido en algo que, a mi modesto criterio, no tiene más que una lectura y, por supuesto negativa. El ofrecer un IVA reducido del 8%, a partir del 1 de julio, para las obras de reparación llevadas a cabo en la vivienda habitual que tengan por objeto “la rehabilitación energética o accesibilidad para personas de movilidad reducida” me da la impresión de que, en los tiempos que corremos, con las economías en recesión, una paro apabullante, los empleos de muchos ciudadanos en la cuerda floja; poco va a aportar para salir de la crisis y, mucho me temo que, los 350.000 nuevos puestos de trabajo que la señora ministra se hace la ilusión de conseguir, no van a ser más que otro de los numerosos espejismos que, este Ejecutivo, quiere que nos traguemos sólo porque ellos lo dicen.
Claro que, si el desempleo se quiere evitar remozando monumentos, edificios públicos, parque y jardines, es posible que consigan disminuir en algo el desempleo, pero lo que falta que nos digan es, si en verdad, la medida es tan eficiente y los resultados tan esperanzadores, ¿cómo es que han tardado tanto tiempo en ponerlo en marcha? Por supuesto que todas estas propuestas, así como otras que se mencionan: “simplificación administrativa”, “fomento de la política industrial”, “esfuerzo para reducir el déficit público y estabilidad del sistema financiero”, parece que quedan reducidas a una mera declaración de intenciones, sin que se diga ¿cómo se podrá lograr y con qué medios se contará para ejecutarlos? Es palmario que, el Tesoro público, viene recaudando menos tributos y cada vez precisa de más dinero, a causa del creciente desempleo (en febrero ha crecido en 82.000 personas más), lo que, cada día que pasa, lo pone en una situación de más dependencia del endeudamiento público. Si aumenta el IVA, lo más probable que suceda será, contrariamente a lo que espera la señora Salgado, que la demanda se contraiga más y siga creciendo el ahorro, aunque ahora tengamos la sensación de que se despabila un poco, pero todo se debe al temor de la ciudadanía a un encarecimiento de los productos, a partir de julio, debido al anunciado incremento del IVA. Tanto en cuanto se acaben las ayudas a la automoción; se agote el subsidio de 420 a los parados sin prestaciones y se continúen incrementando los precios de los servicios, como las tarifas eléctricas; va a ser muy difícil, que se mantenga la demanda y es muy posible que caigamos de nuevo en otra represión, lo que podría resultar letal para la economía española, para el empleo y para nuestra imagen ante el resto de Europa. No culpemos pues a la oposición si no se deja convencer por las ofertas del Gobierno, antes bien, culpemos a ZP por su empeño en una política impositiva asfixiante y en mantener el sistema de subsidios en lugar de fomentar la iniciativa, privada, la inversión y la reforma del mercado laboral. Todo lo demás serán parches.
Miguel Massanet Bosch