(Publicado en ABC, aquí)
Primero fue el retraso en la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Luego vino la ampliación en el periodo de cálculo de las pensiones. Y ahora ha sido la congelación en el sueldo de los funcionarios. Medidas todas ellas lanzadas a modo de globo sonda para pulsar la temperatura social y política que existe en el actual ambiente de crisis.
Los responsables de la Hacienda Pública han demostrado que ellos mejor que nadie conocen las preguntas del gran examen que tiene que superar la economía española. El problema es que el presidente del Gobierno no sabe ni está dispuesto a contestar con la determinación que exige el momento. Buena prueba de ello es el afán por engrasar un pacto-trampa para que sean otros los que se impliquen en una serie de actuaciones que conllevan daños colaterales, tanto sociales como políticos.
La crisis se ha convertido en un juego peligroso y si se apura macabro en el que Zapatero reparte cartas con la certeza de que siempre gana la banca. El riesgo es que incluso este principio básico en cualquier casino de barrio puede saltar por los aires si no se frena el deterioro de los fundamentos básicos de la economía, que son el empleo y la deuda. No en vano, España es uno de los países que menos ha rentabilizado sus estímulos económicos, lo que se evidencia en las cifras de paro y los ratios de déficit público.
La encrucijada económica no tiene parangón desde el Plan de Estabilización y ni siquiera la crisis de los 70 y los consiguientes Pactos de la Moncloa igualarán la factura de la actual recesión. De ahí el drama que supone la política de «so» y «arre» con que Zapatero maneja su acción de gobierno. Está claro que el presidente no quiere bajarse de la burra.