JAIME GARCÍA La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en una reciente comparecencia ante la prensa
PALOMA CERVILLA | MADRID (Publicado en ABC, aquí)
La oposición parlamentaria ha salido en tromba contra la decisión del Gobierno de pagar a los tres millones de funcionarios, en el primer trimestre de 2012, coincidiendo con la campaña electoral y preelectoral, una paga de unos 500 euros, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con los sindicatos en septiembre de 2009. El importe de esta paga, una estimación realizada por el PP tomando como referencia los datos de Funcas (Fundación para las Cajas de Ahorros,) se refiere a la desviación que se podría producir entre el incremento salarial de los Presupuestos y la inflación de 2010 y 2011.
El hecho de que este «cheque electoral», como lo define el diputado del PP, Miguel Barrachina, pueda entenderse como una «compra de votos» antes de las elecciones generales de 2012, es considerado un «error de estrategia» por parte del diputado del PNV, Emilio Olabarría, que señala a ABC que este acuerdo del Ejecutivo con los sindicatos «forma parte de la confusión» del Gobierno en materia de Función Pública y plantea que podría ser de «dudosa legitimidad».
Olabarría no duda en calificar de «confusa y contradictoria» la medida y asegura que la supuesta intención de «comprar los votos» de los funcionarios se le puede venir en contra «cuando después tengan que anunciar que le va a bajar los sueldos». En este sentido, recuerda que el Gobierno ha anunciado una reducción de un cuatro por ciento de la masa salarial y advierte que el Ejecutivo «se ha instalado en una especie de caos que nos está dejando a todos perplejos».
Esta formación política no descarta presentar algún tipo de iniciativa relacionada con esta cuestión, pero subraya que lo hará «cuando sepamos que va a hacer el Gobierno con los funcionarios. Vamos a intentar que los funcionarios no vayan a ser los paganos de una situación de abultado déficit».
Desde Coalición Canaria, la portavoz Ana Oramas se mostró «muy escéptica» con que el acuerdo del Gobierno con los sindicatos se pueda llegar a cumplir: «Tengo serias dudas de que se pueda permitir un pago como ese y que la economía española pueda asumirlo. No creo que sea una prioridad del Estado. Este acuerdo se adoptó con una previsión de evolución de la economía española, que no se va a dar». En esta línea también se pronunció la diputada del BNG, Olaila Fernández Dávila, que reconoce el «oportunismo» del Gobierno, pero dice que el acuerdo «hay que respetarlo» y que está «supeditado a la situación económica».
¿Y los autónomos?
La más críticas con el pago ha sido la diputada de UPyD, Rosa Díez, que asegura con contundencia que la medida es «descaradamente electoralista» y que en el Ejecutivo ha primado «durante toda la legislatura el electoralismo. El Gobierno ha sustituido la política por la demoscopia y la propaganda». La diputada se pregunta «si se puede compensar el IPC en un país con cuatro millones de ciudadanos que han perdido su trabajo».
Finalmente, el presidente de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), Lorenzo Amor, dice que «los únicos que no se están apretando el cinturón y están despilfarrando son las administraciones públicas. No sé si esta medida es electoralista, o no, pero lo que es verdad es que no toca. ¿Por qué los funcionarios sí, y no los autónomos?».