Hace tiempo que venimos preocupándonos por las pensiones de nuestros jubilados y, también, hace tiempo que denunciamos ciertos manejos de nuestro Gobierno respecto al Fondo de Garantía de Pensiones y la forma en la que está invertido para sacarle una pretendida rentabilidad que, no sabemos si es para mejorar las garantías de los pensionistas o si para ayudar al Ejecutivo a reparar los errores de su mala gestión. El Tesoro Público, el que recibe los impuestos de los ciudadanos, está sometido a constantes saqueos de miles de millones de euros para tender compromisos derivados de un erróneo enfoque de cómo solucionar la recesión en España. Si Dios no lo remedia, seguiremos padeciendo; a pesar del pretendido optimismo que, con cara de funeral, nos pretende insuflarnos el señor Rodríguez Zapatero, los efectos de una política disparatada que está comprometiendo a España entera, sin que nadie sea capaz de prever la fecha en la que salgamos de la crisis. Y es que, cuando el Gobierno se ufana de que, este año, ha introducido en la hucha de los pensionistas la cantidad de 1.740 millones de euros no hace más que intentar, una vez más, engañar a la ciudadanía porque, si la señora Fernández de la Vega se vanagloria de haber cumplido con el mandato de la Ley de haber inyectado el superávit de la Seguridad Social al Fondo de Reserva para la Seguridad Social (hucha de las pensiones), sólo dice una verdad a medias porque, la cantidad que se aportó no es la que se debería haberse ingresado, ya que, los 1.740 millones de euros aportados, no son más que una parte de los 8.073 millones que realmente deberían haberse añadido al Fondo de Pensiones, por ser esta la cifra real de superávit del 2008.¿Dónde fueron los 6.000 millones de euros restantes?
Sin embargo, a pesar de las seguridades que el Gobierno quiere dar sobre la “buena salud” de los recursos destinados a garantizar las pensiones; por mucho que se intente camuflar la realidad de que, cada día, son menos los cotizantes y más los capitales que se deben destinar para sostener a esta inmensa masa de parados y que, desde las altas estancias de la Moncloa, se insista en que las pensiones están garantizadas hasta el año 2020; no parece que, los economistas, incluido el Gobernador del Banco de España, vean que el actual sistema de “reparto” se pueda mantener durante mucho tiempo vista la prolongación de la vida y el creciente número de perceptores; mientras que el de contribuyentes sigue estable o en recesión. El propio ministro de Trabajo, señor Corbacho, no parecía muy convencido de la bondad del sistema y de que se pueda mantener el nivel actual de las pensiones públicas; cuando ha recomendado acudir a la contratación de pensiones privadas para complementar las públicas en un intento de asegurar un nivel de vida digno al dejar la actividad laboral.
Lo que parece que nadie del Gobierno quiere ver, es que, estos temas debían haberse previsto con suficiente antelación y pedagogía, para que los trabajadores se hubieran podido preparar ante la eventualidad de que las pensiones públicas fueran rebajadas. No es de recibo que el ministro de Trabajo nos diga que él tiene contratado un sistema privado de previsión a estas alturas, cuando hay trabajadores de 50 o menos años a los que se los enfrenta al hecho de percibir un 10%, un 15% o un 25% menos de lo que ellos tenían previsto recibir y sin posibilidades de remediarlo. Todos sabemos que, el contratar con una compañía privada un fondo de pensiones –que se rige por el sistema de “capitalización” o , si es que no se está dispuesto a desembolsar cada mes una cantidad muy elevada de los ingresos percibidos ( lo que no está al alcance de todos y menos en periodo de crisis), debe hacerse desde muy joven y con la predisposición a estar pagando durante 30 o 40 años, para conseguir un vitalicio razonable o una cantidad total que pueda cubrir los años que le resten de vida. Esto, por supuesto, no está al alcance de personas que tengan 50 años o más, lo que, a la vista de las “esperanzas” que se deducen de las declaraciones del señor Corbacho, es lo mismo que dejarlas inermes ante la perspectiva de tener que retirarse con una cantidad que no sea suficiente para garantizarles un vida digna. Si se quisiera mantener un valor de moneda constante de modo que, al retirarse, percibiera el equivalente en valor actual; entonces las cantidades que serían precisas se elevarían exponencialmente, tanto que, en la mayoría de los casos, resultarían prohibitivas.
Por otra parte es evidente, y así se deduce de las declaraciones del señor Mariano Rabadán, presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, la cultura de los seguros privados que complementen las pensiones públicas, ha sido prácticamente nula durante muchos años en nuestro país. Parece que, sólo en los últimos años, se ha notado una cierta reactivación de este mercado y. aún así, solo aportan el 5% de las pensiones. El patrimonio de los fondos de pensiones en España sólo equivale a un 8% del PIB cuando la media de los países de la OCDE alcanza el 75%; con países como Holanda con el 155% o Suiza, con el143% o EE.UU con un 72%. Este experto pone en dedo en la llaga al afirmar que, en España, existe una actitud poco previsora de los españoles y menciona el hecho de que, en nuestra nación, se dedica una importante parte del ahorro a la compra de una vivienda y no a la mejora de pensiones. No veo nada malo en que los españoles inviertan su ahorro en la compra de una vivienda, porque es una forma como cualquier otra de ahorrar e invertir; en todo caso, a quien se le debe atribuir la responsabilidad de que las pensiones públicas estén pasando por una situación dificultosa, es a los sucesivos gobiernos que no han sabido tomar medidas, muchas veces impopulares, para garantizar a los futuros beneficiarios una cobertura suficiente para su retiro.
Es evidente que, en un régimen “obligatorio” de Seguridad Social, del cual nadie se puede excluir y que el pago de las cuotas no es cuestionable, debería suponer que, el Estado, se viera obligado a hacer de mangas capirotes para que, cada beneficiario, cualesquiera que fueren los otros compromisos financieros que deba soportar la Administración; reciba, en el momento de su retirada del trabajo, la cantidad por la que ha estado cotizando y no la que el Gobierno, a su libre albedrío, pueda determinar que se pague. Cuando uno contrata un seguro privado sabe que, pagando religiosamente sus cuotas, a su término (sea al cabo de un número fijo de años o en el momento en el que cumpla una determinada edad) percibirá la cantidad exacta fijada en el correspondiente contrato de seguro. Las personas que, en estos momentos, están cotizando a la Seguridad, (haga un año a haga veinticinco) contrajeron un contrato con el Estado por el que, en función a sus cotizaciones y de acuerdo con unos baremos previstos, si se retiraban a los 65 años, percibirían una cantidad calculada sobre una base de los 15 años anteriores de sus cotizaciones. Ahora, ante la evidente necesidad de tomar al toro por los cuernos, el Gobierno, tarde y mal, ha decidido alargar los años de trabajo y calcular la base sobre los 25 años anteriores cotizados. Puede que sea necesario para mantener el sistema, pero la realidad es que, por una de las partes, el Gobierno, unilateralmente, se pretende incumplir el contrato por el que comprometió con los trabajadores cotizantes y esto, a mi entender, es aplicar efectos retroactivos a una ley, en perjuicio de un colectivo que se encuentra en situación de inferioridad ante un ente más poderoso, como es el Estado. Una injusticia injustificable.
Miguel Massanet Bosch