La Historia, esta magistra vitae como la designaban los romanos, es tozuda, impertinente a veces y, por supuesto, implacable con aquellos que pretenden tergiversarla u olvidarse de sus enseñanzas. Es por ello que, cuando se producen acontecimientos como los que estos días estamos presenciando en nuestro país, no nos queda más remedio que volver la vista al pasado, repasar aquellos hechos que tuvieron lugar en épocas pretéritas y compararlos, salvando el transcurso del tiempo y los lógicos cambios técnicos y sociológicos, a los que estamos viviendo en el presente; sacando de ello las consecuencias en cuanto a los efectos que causaron entonces sobre el pueblo español y deduciendo los que podrán causar los hechos similares acontecidos hogaño.
Lo cierto es que, el actual gobierno del señor ZP y de su fiel ayudanta, la vice de la Vogue, doña Mª Teresa Fernández de la Vega – ¿estará esta señora, como parece que se rumorea, dando sus últimas boqueadas como miembro del Gobierno? –, tiene metido, entre ceja y ceja, dos empeños irrenunciables, en cuya consecución han puesto y siguen empeñados en ello, toda la carne en el asador. El primero: borrar de la historia cualquier vestigio de lo que fue el alzamiento del 18 de julio de 1.936 y, el segundo, proseguir en el empeño que pusieron en práctica los primeros miembros del gobierno de la I República de 1.931, encabezados por el señor Azaña, de borrar de España cualquier vestigio de la religión católica y deshacerse de todos aquellos sacerdotes, monjes, órdenes religiosas, centros de enseñanza, símbolos religiosos, monumentos, libros y demás documentos que pudieran dar testimonio de la doctrina católica, que tanto parece molestar a quienes han hecho de ella el blanco de sus iras.
La campaña de tipo inquisitorial que ha puesto en marcha el Gobierno, valiéndose de sus aliados las cadenas de TV y la prensa, que viven de sus aportaciones y que constituyen el vivero de periodistas fieles al señor ZP; no tiene otro parangón que el que podemos encontrar en la desamortización que tuvo lugar, a iniciativa del valido señor Godoy, en 1798, que tuvo su culmen con Mendizábal, quedando derogada, ya muy entrado el siglo XX, por el Estatuto Municipal de don José Calvo Sotelo en 1.924. Curiosamente, se puede decir que, como tantas veces ha sucedido en la historia, estos ataques al patrimonio de la Iglesia siempre han tenido, aparte de una cobertura laica, un trasfondo de carácter económico que, en el caso citado de la amortización de Mendizábal, –bajo una pretendida redistribución de la riqueza, apropiarse de las propiedades de los terratenientes que no las explotaban debidamente, lo que ellos denominaban como “manos muertas”, para repartirlas, en teoría, a los campesinos, cumpliéndose, con ello, el aforismo izquierdista condensado en la frase “la tierra es para quien la trabaja” – encubría un claro objetivo recaudatorio, destinado a cubrir el abultado déficit del Presupuesto del Estado, amortización de Deuda Pública y obras públicas.
Estamos contemplando la amplia cobertura mediática que está provocando los casos de pederastia que se han conocido en el ámbito de la Iglesia Católica. Sin querer restarle un ápice de importancia a una práctica tan repugnante; sin querer justificar a sus autores que debieran ser sancionados con las mayores penas para que purgaran tan horrendo crimen contra la inocencia juvenil; no podemos más que sentir una cierta perplejidad al ver el encarnizamiento contra la Iglesia de los miembros de nuestro Gobierno y de quienes le apoyan y, vean ustedes por donde, la absoluta indiferencia, el apoyo legal y la evidente simpatía con la que se contemplan las adopciones por miembros del colectivo gay, de menores o, la complicidad y aceptación con la que se ha reconocido, por medio de una ley, que, lo que antes era un crimen monstruoso, el asesinato de un ser humano en el seno de su madre, en virtud del empeño de un partido político que se reconoce progresista y laico, apoyado por otros menores que presumían, hasta hace poco, de ser los más católicos de toda España; en un derecho de la madre a asesinar, sin la menor cortapisa legal, al bebé que ha engendrado, debido a su inconsciencia y descuido, debido a la practica el sexo libre, que tan de moda está en estos tiempos que vivimos.
Pero la campaña en la que está empeñado nuestro Ejecutivo, tiene también, como en el caso de la desamortización de Mendizábal, su truco, su parte crematística, su doblez y engaño. Porque, señores, sepan que los monjes que residían en el monasterio de Yuste han tenido que abandonar su residencia a causa de las continuas presiones, el hostigamiento vejatorio y la práctica de trucos poco ortodoxos (aumentando el horario de visitas, abriendo salas privadas etc., con lo que ponían en peligro la vida en clausura de la comunidad) utilizados por el Patrimonio del Estado, presionado por la señora De la Vega para obligar, a los 6 monjes residentes en el monasterio, a que se trasladaran a Segovia. Las razones son evidentes: construir un hotel de lujo en el lugar donde Carlos V pasó sus últimos días. Al parecer, la señora De la Vega habría suscrito un convenio para gestionar este complejo, que se tradujo, únicamente, en la mejora del estacionamiento de vehículos. Sin embargo, hora que el Gobierno se ve apretado por sus compromisos de pago y por su desbordado déficit público, ha visto en esta operación un medio de conseguir unas apetitosas ganancias a costa de los monjes.
Pero ¿qué pasa en el Valle de los Caídos? Es obvio que las obras que se hacen en la basílica, que la mantienen cerrada, se están prolongando ad in eternum, en lo que algunos mal pensados podríamos ver un intento de impedir las visitas de aquellos que todavía piensan que “con Franco se vivía mejor” y esto es algo con lo que, el Gobierno socialista, no está dispuesto a transigir. Evidentemente, la libertad de pensamiento político para estos que nos gobiernan tiene un límite y este está en los nostálgicos del franquismo. Sin embargo, se han opuesto frontalmente a la propuesta de la UNESCO, Francia, Alemania y EE.UU a que se enseñara en las escuelas el genocidio que practicó el señor Josif Stalin con los campesinos, que murieron de hambre en el destierro de Siberia. ¿Dos varas de medir?, ¿a esto se le llama democracia?, ¿ será la Ley de Memoria Histórica tan “veraz”, que también se impedirá a la juventud enterarse en las escuelas que Franco libró a España del comunismo soviético y, en consecuencia, de la miseria que reinaba detrás de los países satélites del este?
Por si no estuviéramos convencidos de lo que trama el Gobierno del PSOE, hace unos días ha surgido la noticia de que se van a llevar, vaya, que el Patrimonio Nacional va a trasladar “ La Piedad” del Valle de los Caídos, después de Semana Santa, para “restaurarla”. Nos tememos que la restauración consista en lo mismo que se ha hecho con todas las estatuas de Franco o con las inscripciones en las paredes de las iglesias de los símbolos franquistas o con los intentos de hacer desaparecer los crucifijos de las aulas o con la erradicación de las clases de religión; es posible que este nuevo traslado del monumento ubicado en el Valle de los Caídos , aparte de constituir un peligro, según denuncian los expertos, para su integridad física; no sea más que un truco para ir desmantelando aquel recuerdo de la época de Franco, a fin que desparezcan de España cualquiera de los recuerdos de la Guerra Civil y de la derrota que soportó la II República, cuando tenía todos los ases en la mano para ganarla. Capaces si lo son.
Miguel Massanet Bosch