No existe crisis de noticias y mucho menos de mala noticias, especialmente si queremos fijar nuestra atención en esta España que, según los del PSOE, funciona a las mil maravillas pero que, cada día que pasa, parece que más se va alejando de este objetivo prioritario que debiera ser superar la crisis y disminuir la tasa de desempleo que, al parecer, el pasado mes de febrero alcanzó el porcentaje del 19%. Uno se podría preguntar ¿dónde están los efectos que se nos anunciaban del famoso plan E del señor Zapatero que , según la señora Salgado, crearía 250.000 nuevos empleos. El señor Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España, les ha bajado los humos a todos estos eternos optimistas, emperrados en negar la evidencia –pretendiendo ocultar los continuos errores de previsión del Gobierno, su creciente desconcierto y sus intentos fallidos de desviar la atención de los españoles de la recesión, del creciente desempleo y de la lejanía de la tan ansiada salida de la crisis, con cortinas de humo que les impidan a los ciudadanos darse cuenta de la incapacidad del Gobierno para dirigir el país – dándoles en los morros con datos irrefutables que tiran por tierra toda su petulancia, dejan desacreditados todos sus pretendidos planes para salvar a España y advierten de que, sin una reforma en profundidad del sector laboral, empezando por la implantación de un contrato único, un despido más barato, y un control riguroso del déficit público, será imposible que España cumpla con lo que nos pide Bruselas.
No obstante, hoy quisiera poner el acento en algo que es preocupante y que demuestra de qué manera, en nuestra nación, se ha implantado, de hecho, un peligroso sistema político que, poco a poco, sin prisas pero sin pausas, va absorbiendo, bajo el poderoso brazo del Ejecutivo, todas las competencias que se supone que, en una democracia, están destinadas a garantizar el equilibrio entre los tres poderes básicos que deben coexistir en todo estado moderno como salvaguardia de que los derechos de los ciudadanos queden garantizados y no puedan ser transgredidos por ninguno de ellos en particular. No cabe duda de que, el Gobierno, ha sabido tomar el control y atar corto a la gran mayoría de medios de comunicación y esto se demuestra de una manera fehaciente con algunos ejemplos, que podríamos considerar como paradigmáticos de la forma torticera, partidista, totalitaria, irresponsable, sibilina y artera, con la que se están manejando determinados hechos y de los que intentan sacar beneficios electorales, perdón para sus errores en la gestión de la crisis y justificación para seguir atornillando, bajo la presión de la demagogia, el descrédito, la descalificación, la calumnia y la sublimación de sus errores, al partido de la oposición, el PP.
Es obvio el intento de destrozar por completo al adversario político; es inquietante ver como las propias instituciones se han dejado arrastrar y están cooperando activamente en convertir a este país en lo que, en todo el mundo civilizado es conocido como un Estado totalitario. Tomemos el ejemplo de Tribunal Constitucional, un órgano judicial puesto al servicio de la defensa de la Constitución de 1978 y de poner a raya a todos aquellos que fuere por medio de leyes, decretos, hechos, conductas o procedimientos coercitivos, intentaren privar a los españoles de las garantías constitucionales; pretendan convertir a España en varios estados divididos o, de hecho o de derecho, busquen puentearla, directa o indirectamente, ya fuere con interpretaciones sesgadas de sus preceptos o fuere contraponiéndolas a pretendidos derechos locales a los que se les de preferencia sobre ella. Un TC, que ha tardado tres años y medio en emitir una resolución ( aunque parece que está al caer) respecto a la legalidad o ilegalidad del Estatut catalán, cuando es público y notorio que la resolución ha sido vetada por el Gobierno en distintas ocasiones, bajo el pretexto de que pudiera influir en los sucesivos comicios que han tenido lugar en dicho periodo; que en su seno no ha primado el constatar, según el sentido literal y el espíritu que inspiró la Carta Magna, si las normas del Estatut se amoldaban a las directrices emanadas de aquella, sino que se ha convertido en un estira y afloja entre magistrados de distinta ideología política, lo que incluso motivó que, el Gobierno, promulgara un Decreto por el que se prolongaba el mandato de la señora Presidenta, por ser, abiertamente, simpatizante del PSOE. No se ha buscado en ningún momento determinar los desacuerdos entre el Estatut y la Constitución, sino evitar que la norma catalana pudiera ser rechazada en su conjunto, porque ya se habían ocupado, los partidos nacionalistas, en promulgar, ley tras ley, para desarrollarlo por entero antes de que saliera la sentencia del TC. Ahora, la presión del Gobierno, la de los magistrados pro PSOE y la de la prensa, parece que van consiguiendo atemorizar a aquellos magistrados que defendía la inconstitucionalidad de dicha Ley Orgánica, con lo cual podremos afirmar que el principio del fin de España, como nación soberana, está ya a las puertas.
Otro caso especial es el del señor Matas de Baleares. Hay que decir que, en el resto de la nación, ya parece que están juzgando a los mallorquines como ciudadanos corruptos e indeseables. Dejemos claro, para evitar falsa interpretaciones que, el señor Matas, si ha delinquido deberá soportar el peso de La Ley; dicho lo cual, resulta impactante que, por parte de quienes han tenido asuntos turbios, como el Caso Poniente, destapado en El Egido, y que ha llevado a más de 20 detenciones de gentes del PSOE, o les ha salpicado el mismo caso Faisán, en el que se ha puesto en jaque la misma credibilidad de las instituciones del Estado; cuando se está cuestionando que pueda estar involucrado, en un soplo a los terroristas de ETA, algún importante cargo del mismo ministerio del Interior; han puesto en funcionamiento todos los medios a su alcance para echar tierra sobre ellos, ocultarlos, impedir que los medios de comunicación cargaran las tintas sobre ellos; han utilizado al señor Conde Pumpido para que los fiscales, en lugar de cumplir con su cometido, actuaran de abogados defensores de los inculpados ( vean el curioso caso del juez Garzón) y han logrado que queden en un segundo plano; mientras han descargado toda su artillería pesada, han puesto en pie de guerra al País, La Vanguardia, las TV’s a su servicio y las emisoras de radio para practicar un lavado de cerebro colectivo, pretendiendo generalizar, por medio de la explotación reiterada del caso Matas y el caso Gurtel; la especie de que, el PP, es un partido de corruptos e indeseable que sería incapaz de gobernar España. No defiendo ni defenderé al señor Rajoy, que creo que no es la persona apta para dirigir su partido pero, con la misma claridad, diré que, la mayoría de directivos y miembros de dicha formación, son personas honradas y mejor dotadas para sacar a España de la crisis actual.
Tanto el juez Castro, del caso Matas ( que parece tenerle una especial ojeriza porque salió trompicado del caso Calviá), como los fiscales, vienen actuando con un evidente ensañamiento y, por si faltara algo para evidenciarlo, ha quedado explícito en el auto por el que se han fijado las cautelas para la fianza, evidentemente desorbitada y con la intención de enviar al imputado a la cárcel; y en el que se incurre en presuntas irregularidades, con juicios fuera de lugar, dando por probados hechos no juzgados, dando la sensación de que el señor Juez ya ha juzgado el caso cuando todavía está en sus principios. Actuaciones desaforadas, humillaciones gratuitas e innecesarias, puesta en cuestión del derecho de cualquier procesado de defenderse utilizando los argumentos que estime pertinentes y evidentes signos de falta de ecuanimidad. Así funcionamos.
Miguel Massanet Bosch