(Publicado en Editorial-ABC, aquí)
LA única reacción política bien definida tras la derrota de la ponencia que avalaba en su mayoría el Estatuto de Cataluña ha sido la de José Montilla, que ha pedido a Zapatero y Rajoy la renovación de los magistrados del TC cuyo mandato está en prórroga. Con esta secuencia de hechos -primero se pierde la ponencia que «gustaba» al Gobierno y ahora hay que renovar el TC a toda prisa- es evidente que el presidente del tripartito catalán, el PSOE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero dan por perdido el Estatuto con la actual composición del Tribunal. Por eso, lo que Montilla plantea es un tribunal «ad hoc», es decir, un tribunal cuya única razón de ser sea salvar este ingente trueque llamado Estatuto, realizado entre socialistas y nacionalistas para desmontar el orden constitucional en Cataluña y perpetuarse en el poder. Después de tres años y medio de espera, estas prisas son hipócritas, en primer lugar porque a quienes las atizan les interesa únicamente el rescate del Estatuto catalán; en segundo lugar, porque si no ha habido renovación se debe a las maniobras desleales del Gobierno. Al respecto hay que recordar la «enmienda Casas», que ha perpetuado a esta magistrada en la presidencia para evitar que su voto de calidad cayera en manos conservadoras. También hay que traer a la memoria la deslealtad del Gobierno de no cubrir la vacante por fallecimiento del magistrado Roberto García Calvo, que correspondía ser propuesta al Partido Popular. No menos significativos han sido los vetos socialistas a las propuestas de las autonomías gobernadas por el PP con los candidatos al TC (Francisco Hernando y Enrique López). Rajoy no puede obviar estos datos ante los cantos de sirena que empezarán a llegar con llamamientos al sentido de Estado.
La renovación, ahora, es lo menos urgente. La prioridad absoluta es que el TC dicte sentencia cuanto antes sobre el Estatuto de Cataluña y que los actuales magistrados asuman, con libertad e independencia, la responsabilidad histórica que les ha correspondido con la Constitución española. Puestos a discutir legitimidades, no será mayor que la actual la de los nuevos magistrados que entraran en el TC con el estigma de ser mandatarios de sus respectivos mentores, PSOE o PP, para salvar sus posiciones políticas sobre el Estatuto. Hay, sin duda, un fuerte daño al crédito institucional del TC, que se haría definitivo si sus actuales magistrados lo abandonaran sin haber cumplido su deber con el interés nacional puesto en sus manos.