¿OTRO CONSTITUCIONAL? NO. OTRO ESTATUTO Y OTRO GOBIERNO
(Publicado en El Mundo-e-pesimo Auxiliar 1, aquí)
EL ATAQUE de José Montilla y de los nacionalistas al Constitucional por no dar su aprobación al Estatuto catalán, la campaña de desprestigio contra el Alto Tribunal lanzada por los medios de comunicación afines al Gobierno y el silencio cómplice de éste ante la nueva ofensiva contra uno de los principales pilares del Estado corroboran la irresponsabilidad de Zapatero en todo este asunto. El presidente, que alentó de forma absurda un Estatuto claramente inconstitucional, ha tenido que ver ahora cómo la revisión más complaciente de los magistrados cuestiona nada menos que 40 preceptos de la norma, y aun así es rechazada por la mayoría.
La acometida contra el Tribunal Constitucional está siendo protagonizada por los mismos que intentan deslegitimar al Supremo sin importarles el deterioro que causan en la credibilidad de las instituciones. Se agarran para ello a argumentos falaces como que el Constitucional carece de legitimidad porque cuatro jueces han superado el plazo de su mandato. Al margen de que no es la primera vez que éste se prorroga, en todo caso el demérito no es de ellos, sino de quienes tienen que acordar su renovación. Su capacidad y competencia no caducan: son las mismas que cuando entraron.
Lo lógico es que los jueces que iniciaron el trabajo lo concluyan. Renovar ahora el Tribunal supondría alargar aún más en el tiempo la sentencia. Pero es que se pretende hacer creer que no importa que se retrase la sentencia. Se aduce en ese sentido que la norma lleva casi cuatro años aplicándose y que España no se ha roto, en contra de lo que decían sus críticos. Lo primero que hay que decir es que los efectos del Estatuto no son fulminantes, sino que vendrán en cascada si antes no se remedia. Pero además, invirtiendo la prueba, bien podría responderse que quienes vieron en el nuevo Estatuto la varita mágica que solucionaría los problemas de Cataluña estaban equivocados: o el nuevo Estatuto no es tan bueno o el anterior no era tan malo.
Sin embargo, lo esencial en este debate es que la constitucionalidad de una norma no depende de los efectos que cause a corto plazo. Por citar otra ley orgánica, la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida como ley Corcuera– estuvo en vigor casi dos años antes de que algunos de sus artículos fueran declarados inconstitucionales. Dado que el país siguió viviendo con normalidad todo ese tiempo, de haber seguido los magistrados la tesis que ahora reclaman sus críticos no deberían haber tocado una coma.
La conclusión de todo ello es que el PP no debe prestarse al juego que puede plantearle el PSOE -y que ya exige el president Montilla- de renovar a los magistrados. Los jueces tienen que redactar su sentencia cuanto antes, pero sin supeditarla al calendario electoral, como advierte con razón hoy José Bono. El presidente del Congreso asume que una vez que seis magistrados votaron el viernes contra la propuesta de sentencia que salvaba el Estatuto, hoy ya «no se puede desconocer el valor indicativo» de esa decisión. Bono defiende además la necesidad de aprender la lección y propone «restablecer» el recurso previo de inconstitucionalidad para leyes sometidas a referéndum, lo que habría evitado que el Estatuto hubiera llegado tan lejos. Es de sentido común y el Gobierno haría bien en recoger el guante que lanza la tercera autoridad del Estado.
Hay quien, desesperado por la última decisión del Tribunal, anima a los magistrados a forzar su renovación dimitiendo. El espectáculo de unos jueces del Constitucional abandonando su puesto sería un disparate, el golpe de gracia a la credibilidad del sistema. Lo que de ninguna manera es admisible es que Zapatero acepte que se rompa el tablero cuando la partida llega al final, ante la certeza de que ya la tiene perdida.
El problema para el presidente es que el Constitucional ha acabado destapando su frivolidad de propiciar un Estatuto que sobrepasa el marco legal. En tales circunstancias, Zapatero no puede ponerse el primero en la manifestación contra las instituciones del Estado. Tiene que asumir que España no necesita otro Tribunal, sino otro Estatuto que encaje en la Constitución y otro Gobierno que contribuya al fortalecimiento de la democracia y no a su «desestabilización», como denuncia Arenas.