ÁNGEL CABRERA
EL PAÍS - Opinión (Aquí)
Es preocupante que España no tenga ninguna universidad entre la élite
científica y tecnológica mundial. No es una mera cuestión de orgullo patrio. Nos
jugamos buena parte de nuestra prosperidad económica. Una economía avanzada como
la española, con rentas altas similares a las de los países más desarrollados y
con uno de los mayores niveles de bienestar del mundo, sólo puede seguir
creciendo a través de la innovación.
La Universidad es uno de los motores de
innovación más importantes y por eso es fundamental que esté a la altura.
Según el Academic Ranking of World Universities (realizado en
Shanghai), ninguna universidad española se sitúa entre las 100 primeras en
términos de investigación y sólo una (Barcelona) se encuentra entre las 200
mejores. Ninguna universidad española sobresale en ciencias naturales,
ingeniería, agricultura, o ciencias sociales. Sólo en medicina, una universidad
española (Barcelona), aparece entre las 100 primeras. En el ranking
elaborado en España por el CSIC tampoco aparece ninguna universidad española
entre las 100 primeras, y solo dos (Complutense y Politécnica de Madrid) entre
las 200 mejores.
Curiosamente en el fútbol, donde nos jugamos bastante menos, nos va mucho
mejor. España tiene 11 de los 100 mejores clubes de todos los tiempos, incluidos
dos (Barcelona y Real Madrid) entre los 10 primeros. Los clubes españoles han
ganado la Copa de Europa más veces que los de ningún otro país. Los mejores
jugadores del mundo aspiran a jugar en España, donde más de la tercera parte de
los jugadores de primera división son extranjeros. Y esta inyección de talento
internacional ha contribuido a elevar el doméstico al mejor nivel de la
historia. Según la FIFA, la selección española es hoy la mejor del mundo.
El éxito del fútbol español no es casual, sino que es el resultado de una
combinación de enormes recursos financieros, concentración de talento, dinámica
competitiva y estructuras efectivas de gobernanza y rendición de cuentas. La
presión de los socios de un equipo como el Real Madrid tras ser eliminado de la
Champions y derrotado en casa por su eterno rival, se hace sentir de
manera casi inmediata sobre la junta directiva, como lo es la de la junta
directiva sobre el entrenador y la del entrenador sobre la plantilla. Si usted
fuera presidente del Real Madrid, estaría pensando ya en sustituir al entrenador
y en reforzar la plantilla, por la cuenta que le traería.
Nada parecido ocurre en la Universidad. Si usted fuera rector de
cualquiera de las 50 universidades públicas españolas, no sentiría prácticamente
presión de los contribuyentes (los "socios" que pagan sus facturas), ya que
éstos no tienen ninguna influencia, directa o indirecta, en su nombramiento. Por
ley son los miembros de la plantilla quienes eligen al rector.
Si por cualquier motivación personal usted decidiera que los resultados
actuales no eran aceptables, no tendría la capacidad de sustituir a sus decanos
o directores de departamento ya que ellos también son elegidos por la plantilla.
De hecho, se puede dar el caso de que sus decanos tengan ideas diametralmente
opuestas sobre las prioridades de la Universidad.
Si por intervención divina los decanos estuvieran de acuerdo en la
necesidad de mejorar dramáticamente la producción científica, poco podrían hacer
ellos para reforzar la plantilla y fichar alguna estrella de fuera, ya que la
ley les deja muy poco margen de maniobra para atraer y compensar a nuevos
profesores.
Si a pesar de todo esto, usted consiguiera milagrosamente mejorar los
resultados, sería muy posible que perdiera su cargo en las próximas elecciones
porque seguramente habría herido las sensibilidades de una buena parte de la
plantilla con tanto cambio y exigencia.
El problema de la Universidad en España no es sólo de financiación, sino
de gobernanza y rendición de cuentas. Los rectores necesitan mayor autoridad
(especialmente para contratar profesores dentro y fuera de España y compensarlos
competitivamente), pero al mismo tiempo deben ser nombrados y evaluados por
consejos independientes. La investigación necesita, es cierto, mayor inversión
pública, pero los fondos han de ser distributivos imparcial y competitivamente,
en base exclusiva a méritos. Las universidades tienen que involucrarse más en
los procesos de innovación empresarial, pero a su vez han de ser capaces de
beneficiarse del valor comercial de sus descubrimientos.
Estos cambios pueden ser introducidos a través de una reforma a fondo de
la ley de universidades o introduciendo nuevos modelos de Universidad de
financiación mixta y gobernanza independiente, o incluso abriendo el mercado a
universidades extranjeras que pongan mayor presión competitiva sobre el sistema.
Sea como sea, aumentar la competitividad investigadora de la Universidad
española debe ser una prioridad estratégica, no ya para salir de la crisis, sino
para sentar las bases de una economía innovadora y competitiva a medio y largo
plazo.
No todas las universidades van a alcanzar la élite mundial, pero si un
par de ellas lo consiguen, los resultados serán beneficiosos para todo el
sistema universitario y para el conjunto de la sociedad. España necesita
urgentemente un Madrid-Barça, de universidades.