Germán Yanke (Publicado en Estrella Digital, aquí)
El peligro añadido de algunas crisis institucionales, que afectan directamente al funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho, es que a menudo los ciudadanos (y también los políticos) no son conscientes de ellas y, así, la degradación suele ser más profunda. No parece exagerado señalar que, ahora mismo, estamos en una de ellas. De otro modo, poco sentido tendría que el presidente del Gobierno tuviera que hacer llamamientos reiterados para salvaguardar la "legitimidad" del Tribunal Constitucional, puesta en duda nada más y nada menos que por un presidente autonómico, y para pedir respeto al Tribunal Supremo. Y que el ministro de Justicia, antes y después, tenga que insistir en lo mismo. Al mismo tiempo, la deriva del Estado de las Autonomías se asemeja cada vez más a una maraña en la que el agua, los ríos, las cajas de ahorro, lo que sea, se convierten en señas irrenunciables de una hipotética identidad y terminan por dificultar, y en ocasiones impedir, las políticas generales. Ahí tenemos, ahora, como caso paradigmático, lo que afecta a las cajas de la reestructuración del sistema financiero, asunto en el que los poderes autonómicos se convierten en dificultadores de lo razonable. Y qué decir del Consejo General del Poder Judicial, tan politizado como asustado y mediatizado.
Son tres ejemplos de un estado que va más allá y que se amplía velozmente y convendría ponerle coto. No se espera de los gobernantes, ni de los políticos de la oposición, declaraciones de buena voluntad ni llamamientos retóricos, sino que las leyes sean razonables y que prevalezca el imperio de la Ley. Sólo así se podrá volver a una cierta estabilidad institucional que, cuando precisa bálsamo esta muy bien que se le proporcione, pero que, cuando precisa cirugía profunda y urgente, no se puede demorar. La crisis institucional viene siempre precedida de la sensación general de que al Gobierno se le han ido las cosas de la mano y se acentúa cuando éste no reacciona y sus adversarios sólo lo quieren convertir en un elemento de desprestigio. Lo angustioso es que no sólo afecta al Gobierno y ha llegado la hora de reclamar tanta prudencia como decisión eficaz a unos y a otros.