David Ortega Gutiérrez (Publicado en El Imparcial, aquí)
De entre los problemas importantes que tiene nuestra política actual -corrupción, incapacidad para llegar a acuerdos, respeto por las Instituciones, falta de formación de nuestros dirigentes, etc.- estimo que el más grave de todos es la pérdida del interés general, especialmente frente al particularismo o intereses parciales. La esencia de la democracia, ya nos lo apuntaba Rousseau en su Contrato Social, es la defensa del bien común o interés general; cuando los gobernantes no actúan con esta referencia, la política y los políticos entran en una inevitable vía de retroceso, que al final el ciudadano percibe con bastante claridad.
Hay un reciente ejemplo que viene a ilustrar ese sacrificio del interés general por parte de nuestros gobernantes, en defensa de intereses parciales. Se trata de la muy dañina babelización del Senado, que no respeta el artículo 66.1 CE (Las Cortes Generales representan al pueblo español) CE en relación con el 1.2 CE (La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado) y con el 3.1 CE (El castellano es la lengua española oficial del Estado). ¿Qué quieren decir estos tres artículos en conexión? Que solo hay una lengua común en la que todos los españoles nos entendemos, que solo ella se habla en toda España y que nos une en un proyecto vital de pasado, presente y futuro a través de nuestros representantes.
Babel era la falta de entendimiento, la separación, un camino hacia el caos, la dificultad y el particularismo. El Senado representa al pueblo español, a sus distintos territorios (art. 69.1 CE) pero principalmente lo que tenemos de común, lo que compartimos, lo que nos une. No hay que confundir el Senado con las 17 Asambleas Legislativas que hay en España, una por cada Comunidad Autónoma. Algunos buscan la separación, el hecho diferencial, el interés particular, pero somos cerca del 92 % los españoles que consideramos prioritario el proyecto común de 45 millones de personas, sobre los intereses particulares de no más del 7 u 8 % de los españoles. No niego, y además me parece una riqueza cultural, que las demás lenguas españolas se hablen en sus respectivas Comunidades Autónomas, tal y como marca el art. 3.2 CE. Pero no es normal que en la Cámara que se representa al pueblo español, que tiene una lengua que nos es común a todos, se hablen lenguas que otros no entienden. Este es un paso que nos separa más, que hace más difícil que nos entendamos, que nos comuniquemos, que no utilicemos lo que nos une, sino lo que nos separa. No comprendo bien la finalidad de esta medida, una persona que habla dos idiomas, uno que entienden todos y otro que no entiende nadie, utiliza el último haciéndose necesario traducción. ¿Esto favorece la integración, el mejor entendimiento, la convivencia?
Este país llamado España, necesita cada vez con mayor urgencia un poco de sentido común, de perspectiva general, de coraje político, de quitarse complejos propios de la dictadura de Franco y de mucha, pero mucha madurez democrática. Esto es, defensa del interés general, del Estado de Derecho, y especialmente de nuestra Constitución de 1978, que algunos desequilibrados quieren aniquilar después de los dos siglos que nos ha costado llegar a ella. Sobran más comentarios.