POR PALOMA CERVILLA (Publicado en ABC, aquí)
MADRID. Si hay algún miembro del Gobierno que ha sentido como un mazazo el recorte de un cinco por ciento de media de los sueldos de los funcionarios, esa ha sido la vicepresidenta primera y responsable de Función Pública, María Teresa Fernández de la Vega. Desde que asumió esta competencia, en abril de 2009, ha tenido que dar la cara ante los trabajadores de la Administración, con los que incluso llegó a comprometerse por escrito a pagarle, tres meses antes de las elecciones generales, lo que el PP ha denominado el «cheque electoral» y que no es, ni más ni menos, que la regularización del IPC de los años 2010 y 2011. Unos 500 euros para cada uno de los tres millones de funcionarios, lo que suponía para el Gobierno un desembolso de cerca de 1.500 millones de euros.
Un «lastre»
El golpe fue aún mayor, ya que ella misma había frenado la gran reforma que planteó en su día el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que ya veía venir lo que se avecinaba. El ex ministro, sobre el que en la sede del PSOE se asegura que «está mal visto», según señalan a ABC fuentes socialistas, quiso modificar las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, cuestionaba los incentivos sin una productividad contrastada y entendía que la actual situación de los funcionarios era un «lastre» si no se cambiaba su estatus. En definitiva, estas fuentes socialistas reconocen que «tocaba una sensibilidad de izquierda» que Fernández de la Vega no quería alterar. De hecho, testigos presenciales recuerdan que la vicepresidenta llegó a afirmar que «mientras esté aquí, esto no se saca».
Pero la realidad es tozuda y no se puede esquivar. Por eso, cuando Zapatero tuvo que meter la tijera de forma urgente entre el lunes y el martes al gasto público, a la vicepresidenta no le quedó más remedio que citar a los sindicatos en el Palacio de la Moncloa, la tarde noche del martes, para evitar que se enteraran del recorte al día siguiente cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció en el Congreso de los Diputados para anunciar el mayor recorte social de la historia de la democracia. La llamada telefónica cogió de improviso a los interlocutores. Tan es así, que alguno de ellos no estaba ni siquiera en Madrid, por lo que no pudo asistir a la reunión que se celebró en la sede de la Presidencia del Gobierno.
Ya por teléfono, Fernández de la Vega les había adelantado que el recorte del gasto les afectaría «muy directamente» y que ello implicaría el incumplimiento del acuerdo alcanzado en septiembre de 2009: el mencionado «cheque electoral» y la promesa de subir el sueldo de los funcionarios un 0,3 por ciento en 2010. Además, fue muy sincera y reconoció que «la cosa está muy mal y muy dura».
Casi tres meses antes, el 2 de marzo, en una comparecencia parlamentaria, Fernández de la Vega se había enfrentado al portavoz popular del PP, Miguel Barrachina, que le interpeló sobre cómo iba a cumplir estos compromisos. La vicepresidenta respondió: «Le quiero decir que cumpliremos los compromisos, absolutamente todos, como siempre. Este Gobierno cumple siempre todos sus compromisos». El pasado jueves, en una reunión en el Palacio de la Moncloa con el presidente de la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), Domingo Fernández, que siempre ha mantenido su confianza en la vicepresidenta, Fernández de la Vega reconoció lo evidente, que el acuerdo será incumplido, pero le pidió que no abandonaran la mesa de negociación, donde todavía se pueden sacar adelante algunas de sus reivindicaciones.
No quieren negociar
La decisión de Zapatero ha deteriorado seriamente las relaciones con los sindicatos de la Función Pública, que se niegan a negociar cómo realizar este recorte: «No tenemos que negociar algo con lo que no estamos de acuerdo». La cita es esta semana, en la reunión prevista de la Mesa General de la Función Pública. Algunos aseguran que el recorte se podía haber evitado, ya que la devolución de los 400 euros supuso 6.000 millones, poco menos de los 6.300 millones que quieren conseguir con este recorte, según Miguel Barrachina del PP.
Y mientras esto sucede, Fernández de la Vega pidió ayer desde Santander «rigor y responsabilidad» para no poner en riesgo la estabilidad económica.