(Publicado en El blog de Carlos Martínez Gorriarán, aquí)
Como era de prever, Zapatero y el PSOE, los principales responsables –aunque no únicos ni mucho menos- del naufragio que estamos sufriendo, se han puesto a la caza y captura de paganos que apechuguen con la responsabilidad de la crisis. Colectivos y sujetos condenados no sólo a pagar el coste en moneda (pues finalmente pagaremos la gran mayoría), sino a cargar con la culpa de su desencadenamiento.
Los candidatos a este doble honor son bastante previsibles: en primer lugar, los funcionarios, esos seres envidiados universalmente (salvo cuando se trata de detener a terroristas, apagar incendios, educar adolescentes levantiscos o atender enfermos terminales, por ejemplo). Luego hay variantes geográficas y sectarias. Así, hoy se ha sabido que una encuesta encargada por La Vanguardia alerta del aumento del independentismo en Cataluña, con la interesante peculiaridad de que el principal incremento se registra entre votantes del PSC. De manera que el independentista catalán medio puede dejar de ser un vecino exaltado de Solsona o Vich, convencido de padecer una tremenda opresión española y de pertenecer a la tribu más admirable de la Tierra, para encarnarse en el hijo de una familia charnega procedente de Murcia, Galicia o Andalucía que hoy admira la carrera exitosa del president Montilla y sus secuaces, convencido de que todo mal viene de España por la incomprensión mostrada a todo lo catalán, Estatut inconstitucional e inmersión lingüística inclusives. Alguien puede extrañarse de esta evolución, pero no sé por qué: al fin y al cabo, el deseo de todo inmigrante integrable es fusionarse en el paisaje de la sociedad de acogida adoptando sus tópicos, hábitos y prejuicios. Y si el PSC lleva veinte años o más insistiendo en que a Cataluña le irá mucho mejor cuanto menos lazos tenga con España, ¿cómo no van a creer sus votantes menos instruidos y viajados en algo tan reiterado, mensaje convertido en artículo de fe única por partidos, asociaciones y prensa catalanas? Luego los españoles son los causantes de la crisis, y cuanto menos tenga que ver Cataluña con ellos, mejor le irá también en materia económica.
La Iglesia católica es otra candidata natural a la condición de pagana, pese a la paradoja de tal asociación semántica. Ayer supimos también que diputados del PSOE especialmente leales a José Blanco argumentaron con insistencia la necesidad de que la Iglesia asuma su parte de culpa en la gestación de la crisis económica pagando lo que le toque, por ejemplo haciendo que el Estado no adelante el dinero de la famosa casilla del 0’7% de la declaración de Hacienda, y eliminando las ayudas públicas a la Iglesia porque ella, a diferencia de partidos y sindicatos que sí se merecen nuestro dinero, no forma parte de la arquitectura constitucional (sic).
Uno no simpatiza con la Iglesia romana y es partidario de un Estado laico riguroso, pero ciertas manipulaciones son realmente repulsivas y no ayudan nada para progresar en esta dirección. Una cosa es pedir que la Iglesia se autofinancie, como debe ser en una democracia laica, y otra retirarle ostentosamente las ayudas de las que disfruta con el fin malicioso de presentar a los curas como responsables de una crisis de las finanzas públicas de las que sólo son responsables los insaciables partidos grandes, comenzando por el PSOE. Pero se trata de dar algún tipo de contenido al vacío total del “izquierdismo” socialista, una vez puestos al desnudo todos sus trucos populistas y otras carencias políticas y estigmas culturales. Menos mal que la crisis inmobiliaria lo desaconseja, si no todavía veríamos manifestaciones socialistas exigiendo la conversión de los edificios eclesiásticos, de seminarios y conventos a ermitas y catedrales, en VPO para menesterosos zapateristas.
Finalmente, está el cuento de los especuladores –tan bien recibidos cuando son “inversores”- y la advertencia de que el Gobierno puede subir los impuestos cuando lo considere oportuno, recién lanzada por Zapatero con el matiz de que pagarán los que tengan dinero. Dejando de lado cuan asombroso sería que el Estado consiguiera sacar un duro a los insolventes, típica obviedad tan solemne como vacua del nefasto inquilino de Moncloa, el hecho cuidadosamente oculto es que durante los años de Gobierno socialista la presión fiscal ha crecido exclusivamente sobre las rentas del trabajo, es decir, que somos quienes cobramos una nómina quienes más impuestos directos pagamos, por no decir los únicos. Se ha estimado que, en cambio, la presión fiscal sobre las rentas del capital ha disminuido desde el 2000 entre un 4 y un 5%… (pues no hay diferencias de fondo entre los modelos económicos de Aznar-Rato y los de Zapatero-Solbes). El caso es que el Gobierno subirá los impuestos cuando lo ordenen el Ecofin y el FMI para seguir prestando a España, pues somos un país con las finanzas públicas intervenidas, cuya imagen de solvencia se desgasta un poco más cada día, profundizando la gravedad de una crisis cuya magnitud todavía se hurta a la sociedad, en un ejercicio de negacionismo económico realmente inaudito.
Se trata, en fin, de localizar paganos para que los verdaderos responsables no paguen nada. Lo prueba, por ejemplo, la asombrosa respuesta que ayer mismo dio Chaves a Rosa Díez en el Congreso cuando ésta, en un hemiciclo casi vacío de diputados y periodistas –pues se trataba de un tema importante, no de las típicas memeces que encandilan a la prensa-, interpeló al Gobierno sobre sus previsiones para obligar a las comunidades autónomas a reducir su parte –en aumento- del déficit público. Si aplicáramos los criterios de convergencia de Maastrich –los empleados para fundar el euro-, dijo Rosa, el déficit público de las CCAA disminuiría 26.120 millones de euros anuales. ¡Una cifra que permitiría hacer frente a la crisis sin drásticos recortes sociales! Por no hablar de cómo mejoraría la imagen de España como un país solvente al que se puede prestar dinero, con los beneficios económicos adicionales consiguientes. Pues bien, Chaves ni negó esta cifra de posible ahorro ni propuso otra. Se limitó a decir que vaya usted a saber, que el Estado de las Autonomías es muy eficaz y estupendo y que, en cualquier caso -¡agárrense!-, “tiene que quedar claro que no hay lugar en un Estado autonómico para un poder de control del Gobierno sobre las comunidades autónomas si no es en un marco de cooperación y colaboración. No hay una relación jerárquica entre las administraciones, eso sería propio de un estado centralista“. Vienen tiempos peores, por mucho que se empeñen en culpar del derroche a los funcionarios privilegiados, a los pensionistas que se obstinan en vivir, a los fabricantes de aspirinas, a los curas y, en Cataluña, a los españoles en general.