(Publicado por Luis Díez, en cuartopoder, aquí)
Mister Rehn viaja a la situación. Nada más llegar se siente aquejado por esa perplejidad típica de un tipo taxonómico que ha estudiado Filosofía en Oxford. Se la provoca la existencia de decenas de organismo duplicados: defensores del pueblo, órganos consultivos, tribunales de cuentas, tribunales de defensa de la competencia, agencias de protección de datos, agencias meteorológicas…, como si la atmósfera se pudiera parcelar.
La perplejidad de mister Rehn aumenta cuando comprueba que en España hay más de 100.000 normas económicas en vigor, entre leyes, reglamentos y disposiciones que, aparte del despiste general para cualquier empresario que quiera tomar una decisión en cualquier parte del territorio español, obstaculizan la libertad de mercado.
Mister Rehn desciende al detalle, mira las cifras, comprueba que algunas comunidades autónomas poseen dos y hasta tres canales de televisión que emiten unas pérdidas de 1.600 millones de euros (datos de 2008). Saca la calculadora, divide: 108 euros por hogar.
La proliferación de fundaciones y empresas públicas añade pasmo a su perplejidad. Del año 2003 al 2008 España ha pasado de 163 fundaciones públicas a 541. La mayor parte de ellas (344) son fundaciones autonómicas. Según la Intervención General del Estado, esas empresas y entidades con forma de fundación tienen una deuda viva de más de 44.000 millones de euros, que subirán a 55.000 este año.
Aunque las comparaciones sean odiosas, también son útiles. Andalucía tiene 20.000 trabajadores en 54 empresas para gestionar un presupuesto de 5.000 millones de euros mientras la Seguridad Social, con los mismos trabajadores y una nómina inferior a 500 millones de euros gestiona un presupuesto de 101.878 millones de euros.
Mister Renh podría examinar los criterios de “racionalidad y eficiencia” del sector público administrativo y empresarial español y verificar si, como ha dicho en el Congreso la diputada Rosa Díez, la aplicación de los criterios de la UE acordados en Maastricht reportaría un ahorro de 26.108 millones de euros en los capítulos de personal y gasto corriente sin mengua de las prestaciones a los ciudadanos.
La cantidad estimada por Díez representa el 2,6% del PIB español y es 11.000 millones superior a la reducción del déficit que ha ordenado por decreto en presidente Rodríguez Zapatero reduciendo el sueldo de los empleados públicos, las partidas para la dependencia, eliminando el cheque-bebé, congelando las pensiones y restando inversiones públicas y dinero a la cooperación.
Nada le agradaría tanto a Olli Renh, que profesa el ideario liberal, como aceptar la tentadora invitación de la dirigente de UPyD de medir la racionalidad y eficacia del Estado español. Sabe, porque ha leído a Schopenhauer, que los Estados son obras maestras del egoísmo inteligente. Pero el jefe del Ejecutivo español ya ha elegido soberanamente a las víctimas sociales del ajuste y de momento no le toca a él dictar nuevas indicaciones sino sobreponerse a la perplejidad y ejercer su función de gendarme como comisario europeo de economía y finanzas que es.