Aboga por reducir el número de consejerías y de parlamentarios autonómicos, así como gastos de radios y televisiones públicas
MADRID, 25 (EUROPA PRESS). Publicado en EcoDiario-elEconomista.es, aquí.
La portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, reclamará hoy al Gobierno en el Pleno del Congreso que aplique todas sus competencias constitucionales y recorte en un mínimo de 15.000 millones de euros el gasto "superfluo" de las comunidades autónomas ante la crisis institucional, política y económica por la que, a su juicio, atraviesa el país. Ese ahorro evitaría tocar las pensiones y los salarios de los funcionarios.
En su moción, a la que tuvo acceso Europa Press, Díez considera que, para evitar el "despilfarro" en las comunidades autónomas, el Gobierno debería recortar el número de consejerías y parlamentarios autonómicos, así como el de personal de confianza y de libre designación.
Asimismo, aboga por reducir las llamadas "embajadas autonómicas" y las empresas del sector público no administrativo, así como el presupuesto de radios y televisiones públicas, observatorios, agencias, consorcios y fundaciones de todo tipo cuya existencia no responda o no haya servido para la eficaz prestación de servicios públicos o, en la práctica, dupliquen la función de las agencias estatales activas.
Así se recoge en la moción que someterá mañana a votación en la Cámara Baja y que es consecuencia de la interpelación que Díez dirigió la semana pasada al vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, al que reseñó que las autonomías podrían ahorrarse con la aplicación de estas medidas un total de 26.108 millones de euros anuales, según sus cálculos.
TECHO DE GASTO "OBLIGATORIO"
En el texto, UPyD plantea al Ejecutivo que introduzca un techo de gasto "obligatorio" a cada comunidad y que, en caso de no cumplirlo, establezca una serie de mecanismos de penalización, como no avalar las emisiones de deuda autonómica que sirvan para financiar un déficit superior al permitido o retener parte del importe de los anticipos a cuenta de la participación en los tributos del Estado que corresponda a la comunidad infractora.
Asimismo, Díez insta al Gobierno a investigar la existencia de duplicidades y solapamientos de las administraciones y de sus entes públicos, suprimiendo o reduciendo el tamaño de todos aquellos "superfluos e ineficaces".
A juicio de la diputada de UPyD en el Congreso, ese recorte de 15.000 millones de euros permitiría suprimir la congelación de las pensiones y la bajada del sueldo de los funcionarios que se recoge en el decreto ley aprobado el pasado jueves por el Gobierno y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Rosa Díez justifica esta moción ante la necesidad de que el Estado corrija "cuanto antes" el "desequilibrio" de las finanzas públicas en las administraciones autonómicas y locales, una medida que, destaca, reclaman también los mercados internacionales en los que España debe buscar financiación y colocar sus emisiones de deuda pública.
CONSTANTE DERROCHE EN MEDIDAS INEFICACES
Para la portavoz de UPyD, uno de "los muchos errores" cometidos por el Gobierno en la gestión de esta crisis económica ha sido tratar de combatirla mediante "un constante derroche en medidas muy costosas e ineficientes", como es el caso de los 12.000 millones de euros que no se han recaudado por la deducción de 400 euros en el IRPF; los 13.000 millones en los dos fondos de inversión local, o los 11.000 millones para la reforma de la financiación autonómica.
Estos "dispendios", según Díez, han llevado al "agotamiento" de todos los márgenes de actuación presupuestaria en mitad de la crisis, ha privado al Estado de sus principales instrumentos de intervención económica y financiera, ha convertido a España en "un peligro" para el conjunto de la zona del euro y para Estados Unidos y ha obligado a terceros a intervenir nuestras cuentas públicas para preservar el interés general.
En opinión de la líder de UPyD, la economía española está a día de hoy "intervenida, tutelada y controlada desde el exterior, y sometida a rigurosos controles del cumplimiento de las condiciones impuestas", una afirmación que la semana pasada Chaves rechazó señalando que la UE "no impone nada", sino que todos los estados miembros toman medidas de ajuste ante la crisis.