(Publicado en El blog de Rosa Díez, aquí)
El jueves pasado se produjo en el Congreso de los Diputados un debate un tanto tramposo: quien no apoye las medidas que nos propone el Gobierno será el responsable de que se hunda España.
Esta trampa está basada en dos mentiras difundidas por el Gobierno, el PSOE y la práctica totalidad de los medios de comunicación: hay que reducir el déficit, por muy doloroso que sea, y hay que hacerlo de esta manera. Además (esta es otra derivada) lo que vamos a hacer en España es lo mismo que han hecho el resto de los Gobiernos de Europa.
Pues ni lo uno ni lo otro se corresponde con la realidad. Sin abundar demasiado, si merece la pena repasar por qué hemos llegado a esta situación. Sólo con que el Gobierno hubiera renunciado a instaurar medidas populistas tales como la deducción de los 400 euros (6.000 millones), los cheques bebé (1.090 millones) la rebaja en el impuesto de Sociedades (8.972 millones o la supresión del Impuesto de Patrimonio (2.300 millones), nos hubiéramos ahorrado más de los 15.000 millones que estamos obligados a reducir y podríamos dedicar todos nuestros esfuerzos a impulsar e implementar medidas para generar riqueza y crear empleo. O sea, para ingresar más recursos, disminuir la tasa de parados y destinar los fondos a actividades productivas.
Es importante que recordemos eso antes de analizar las propuestas alternativas a las medidas que nos propone el Gobierno. Es importante recordar que estamos en esta situación por la mala cabeza de nuestros gobernantes. Porque quien nos ha metido en el agujero en un ejercicio de irresponsabilidad difícilmente ha de merecer nuestra confianza para sacarnos de él.
Vayamos ahora a las dos falsas premisas: sólo puede hacerse esto y es así como lo hacen en Europa.
En primer lugar no hay por que apoyar unas medidas antisociales regresivas e injustas. El hecho de que sean, además, dolorosas, como le gusta decir al Presidente Zapatero (a partir de ahora, El Ausente), no las convierte en necesarias. Hay que reducir el déficit, sí; pero se puede hacer de otra manera. Por ejemplo obligando a las CCAA a utilizar, para la gestión de sus competencias, las mejores practicas de las tres mejores. Solamente con eso, sin eliminar competencias ni privar a los ciudadanos de ninguno de los servicios que les prestan, se ahorrarían 26.108 millones de euros al año; mucho más que lo que estamos obligados a reducir de nuestro déficit en dos ejercicios.
Un detalle: este decreto, en relación con la situación de los empleados públicos, va a ser fuente de discriminación. Ya ha empezado a producirse los primeros ejemplos: Patxi López, el lehendakari socialista, ya ha anunciado que los funcionarios vascos tendrán una disminución media del 2%. O sea que, con el dinero de todos los españoles vía Cupo, podrán permitirse aumentar la diferencia salarial con los funcionarios que dependen de la Administración General del Estado. Y seguro que no es el único ejemplo de ruptura del principio general de igualdad; y, desgraciadamente, no espero que el Gobierno no utiliza los recursos constitucionales que están en su mano para evitar esa nueva tropelía. Conclusión: los que asumirán la parte más dura del recorte serán los que ya están en peores condiciones comparativas: los guardias civiles, los policías nacionales, el personal sanitario o docente que depende de las Administración General del estado, los militares… Los de siempre, los que ya están peor pagados.
En segundo lugar, no es cierto que en Europa se estén haciendo las cosas de la misma manera. Este es el único Gobierno de un país europeo que no tiene mayoría parlamentaria ni pactos de gobierno. Alemania, Francia o Reino Unido tienen sólidos pactos de Gobierno; y Portugal, que no lo tiene, pactó con las fuerzas de la oposición antes de llevar la propuesta al Parlamento. Sólo este Presidente, tan soberbio como Ausente, es capaz de pedir a los ciudadanos adhesiones inquebrantable. Y sólo en España hay una clase mediática incapaz de analizar con sencillez todas estas cuestiones que les estoy relatando. Sólo en este país, con tan poca historia democrática, con tan poco cuajo, se puede escuchar debates mediáticos como los que llevo oyendo estos días: es a la oposición a la que le corresponde aprobar las medidas del Gobierno y no el Gobierno el que tiene la obligación de buscar acuerdos y obtener mayorías escuchando e incorporando las propuestas de los demás.
Pero por mucho dramatismo que se le quisiera dar al debate del jueves, este ha pasado y todo sigue igual. No hay más confianza en España porque no la puede haber mientras exista al frente del Gobierno alguien que ni ve, ni oye ni entiende. ¿Quién prestaría dinero o invertiría en un país en el que el Gobierno alega que no puede intervenir sobre el cincuenta y cinco por ciento del gasto público? ¿Quién prestaría dinero o compraría deuda a un país que tiene una parte importantísima de su sistema financiero a punto de ser intervenido por el Banco de España?
De otra parte, y es lo más grave, todo el mundo sabe que el hecho diferencial de España, aparte de lo que acabo de reseñar, es que aquí la crisis es política, está en las instituciones. Lo que ha quebrado en España es la política; llevamos tantos años (seis, para ser más exactos) afirmando desde el Gobierno de la Nación y desde el partido que lo soporta lo importante que es la diferencia que ya no hay nadie que defienda lo común. Cuando en Alemania hay problemas, hay alemanes dispuestos a defender a su país, que es tanto como defender el futuro de las nuevas generaciones. Pero en España, con tanto discurso particularista, con tanto empeño en dividirnos (no sólo ideológicamente sino también territorialmente) este PSOE y este Gobierno presidido por el Ausente han conseguido que no haya españoles; aquí hay vascos, andaluces, catalanes, castellano manchegos, valencianos, aragoneses…; pero faltan españoles. Faltan voces que defiendan lo común, lo que es de todos, la idea de España, la ciudadanía, la igualdad.
No sé cuando nos vamos a dar cuenta de que estamos ante una emergencia nacional. En todo caso sólo si nos dan la oportunidad de decidir quien y como nos gobiernan podremos asumir la responsabilidad de dar la vuelta a esta situación. Por eso sigo exigiendo al Ausente que convoque elecciones, que nos devuelva a los ciudadanos la autonomía. Que deje de seguir las instrucciones que sólo entiende poniéndose el pinganillo y nos deje a los españoles decidir nuestro futuro.
Me dirán ustedes que es inútil pedirlo. No sé si es inútil; pero sé que es lo que tenemos que hacer.