(Publicado en Reggio´s-El País, aquí)
El Constitucional da el visto bueno al 95% del texto original, sin satisfacer a la Generalitat
Cuatro años después de su aprobación por el Parlamento, las Cortes Generales y los ciudadanos de Cataluña en referéndum, el Tribunal Constitucional ha emitido su fallo sobre el Estatuto catalán. La sentencia, votada en cuatro bloques, avala en su conjunto la gran mayoría de artículos, aunque invalida 14 artículos de los 129 preceptos recurridos e interpreta otros 27. La inconstitucionalidad de estos 14 artículos ha recibido el aval de 8 de los 10 magistrados, aunque el grueso de la sentencia ha obtenido seis votos a favor por cuatro en contra.
Habrá que esperar a conocer el conjunto de la sentencia, con sus fundamentos y votos particulares, pero es seguro que la eliminación de estos artículos, la interpretación del término nación y la mención en el dictamen hasta en ocho ocasiones a la “indisoluble unidad de España” darán abundante munición retórica en un ambiente preelectoral como el que vive Cataluña. Más allá del debate terminológico, el fondo del texto parece escasamente modificado y hace desaparecer los peores augurios de un gran recorte. No afecta tampoco al modelo de inmersión lingüística, validado en diversas sentencias del Tribunal Supremo. Y para la tradición catalanista, la lengua y la cultura siempre ha sido más importante que la esencia.
También habrá que esperar a los próximos días para ver qué sucede con un texto que ya lleva más de 40 leyes desarrolladas. El presidente catalán, José Montilla, ha anunciado que un equipo de juristas estudiará las consecuencias de la sentencia y la resolución de los problemas prácticos que planteen los artículos anulados o reinterpretados. Mejor que manifestaciones callejeras como la que también ha anunciado Montilla, ésta es la forma de enfrentarse a los aspectos desfavorables de la sentencia.
Montilla se encuentra en la posición más difícil, obligado a mantener un equilibrio entre quienes consideran cerrada la vía autonomista, presentes tanto en su propio Gobierno como en la oposición, y sus compañeros del PSOE, que consideran perfectamente aceptable y viable el Estatuto salido del Constitucional. Por eso su reacción combina de forma contradictoria una valoración positiva sobre la constitucionalidad del 95% del texto con severos reproches al Tribunal por las modificaciones introducidas. Por obvio que parezca, hay que decir que la sentencia debe acatarse y cumplirse, y así lo ha reconocido el presidente catalán y deben hacerlo todos, incluidos quienes la consideran el punto final del Estado autónomo.
Será inevitable que la sentencia se convierta en argumento electoral: desde el PP, porque da la razón parcialmente a sus sospechas de inconstitucionalidad; desde Esquerra o Convergència, porque se confirman sus augurios sobre la España cicatera de sus discursos. Pese al calor de la campaña, debiera evitarse, en todo caso, que sea leída como una suerte de dictamen sobre la viabilidad del sistema constitucional, tanto por parte de quienes ven el futuro de Cataluña en el soberanismo, como de quienes recurrieron el Estatuto porque consideraban que afectaba a la unidad de España.