(Publicado en Reggio´s-El Mundo, aquí)
A FONDO
Casi cuatro años después de que el PP presentara su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña (que fue aprobado en el Congreso por 189 votos contra 154 el 30 de marzo de 2006), el Tribunal Constitucional ha dado su veredicto.
Aunque los nacionalistas consideren que el fallo supone «tumbar el ‘Estatut’», en la práctica el texto de la presidenta del TC, María Emilia Casas, es un triunfo de las tesis progresistas, en la medida en que respeta la mayoría de sus aspectos esenciales. Lo que resulta difícil de explicar es cómo un magistrado conservador como el vicepresidente del Tribunal, Guillermo Jiménez, ha aceptado una sentencia que avala la constitucionalidad del Preámbulo del Estatuto y deja al albur de la interpretación cuestiones como la bilateralidad; es decir, que Cataluña tenga una interlocución de tú a tú con el Gobierno de España.
Seguramente, Jiménez (cuya propia ponencia retiró sin someterla siquiera a votación) se ha dejado llevar por su colega Manuel Aragón, un magistrado progresista que ha dado su particular batalla contra la consideración de Cataluña como nación.
El pacto de Casas y Aragón es sencillo. El Preámbulo («El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación») se lleva al fallo para resaltar que, aunque no lo declara inconstitucional, «carece de eficacia jurídica interpretativa». Es decir, que la «realidad nacional de Cataluña» es fuego de artificio. Este añadido al fallo se aprobó con el voto en contra de la propia Casas; pero era la condición de Aragón, y por tanto de Jiménez, para ceder en casi todo lo demás.
Se ha declarado también inconstitucional el precepto que permitía a la Generalitat capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales. Se declara inconstitucional el artículo 6.1, que afirma que el catalán es la lengua «preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Cataluña». También se estiman contrarios a la Constitución casi todos los artículos que afectan al poder judicial.
Ayer, la presidenta del TC estaba contenta. El Gobierno, también mostró su satisfacción. Incluso el PP se congratuló del veredicto. Casi todos contentos, pues.
El porqué de ese consenso tiene claves políticas. El Gobierno, que defendió el Estatuto, estaba obligado a mostrar su acuerdo con el fallo. El PP necesita darse un margen de cara a posibles pactos con los nacionalistas catalanes y, por tanto, no podía mostrar un rechazo frontal al mismo.
La reacción de José Montilla (llamando a los catalanes a manifestarse) es un intento de no dejarse comer terreno por CiU, que ya tiene una bandera propia para las autonómicas, compartida con ERC.
Por tanto, el fallo del TC es lo menos malo que podía suceder. Sobre todo, teniendo en cuenta que ocho de sus magistrados tienen que abandonar este año el Tribunal y que su composición futura sería aún más favorable al Estatuto.