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Reclaman que en 30 días empiece la tramitación de las leyes del proceso constituyente, la seguridad social y la hacienda propia.
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Consideran que el Constitucional está "deslegitimado" por lo que no supeditarán la "desconexión" a sus decisiones
CRISTINA RUBIO (BARCELONA)
(Publicado en El Mundo, aquí)
Desafían al Constitucional y no supeditarán la «desconexión» a sus decisiones
Junts pel Sí y la CUP dieron ayer un paso clave en su hoja de ruta independentista y presentaron en el Parlament un texto acordado para «declarar solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán» en forma de «república». Una resolución que podría aprobarse a finales de la semana que viene y que deja claro el desafío de Cataluña:«La desconexión no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular del Tribunal Constitucional».
Además de considerar al Alto Tribunal «deslegitimado» y «sin competencias» como consecuencia de la sentencia de junio de 2010 contraria al Estatut -fecha que los partidos soberanistas marcan como desencadenante del proceso-, la resolución ahonda en el cómo y en el cuándo del proceso independentista. En concreto, prevé iniciar en el plazo de un mes la tramitación de las leyes del proceso constituyente, la Seguridad Social y la Hacienda propia: las llamadas «estructuras de Estado» que el Gobierno de Mas lleva preparando desde hace meses.
La propuesta también contempla la «apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo, abierto, integrador y activo para preparar las bases de la futura constitución catalana» y emplaza al futuro Govern a «adoptar las medidas necesarias para hacer posible estas declaraciones».
Entre ellas, el documento insta a «cumplir exclusivamente» las normas o mandatos del Parlament para «blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por las decisiones de las instituciones del Estado». Esto pasaría, según Junts pel Sí y la CUP, por derogar la Ley de Educación (la denostada ley Wert) y la llamada ley Mordaza, y por aprobar un decreto inmediato contra la pobreza energética en contra de lo que diga el Constitucional.
Propuestas específicas de desobediencia que Convergència ha concedido ante las reclamaciones de la CUP, que pedía a gritos un gesto de este calado antes de poder llegar a un acuerdo para la investidura. En este sentido, el documento también precisa que el proceso de «desconexión» con el Estado debe llevar a un «empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles y en base a una participación abierta, activa e integradora». Otro guiño directo al partido antisistema, que siempre se ha mostrado muy crítico con la política de recortes de Convergència hasta el punto de negarse por activa y por pasiva a apoyar la reelección de Mas al frente del Govern y con el que se ha querido acelerar este acuerdo, en medio de las operaciones contra la corrupción que se están produciendo en Cataluña.
De hecho, desde Junts pel Sí entienden este pacto como un buen precedente y un punto de partida para avanzar en las negociaciones y conseguir que la CUP dé su visto bueno y apoye un nuevo Ejecutivo liderado por Mas. Sin embargo, desde la formación antisistema quisieron dejar claro ayer mismo que esta declaración de independencia «está al margen» de la investidura del president. Al contrario: en el bando de la CUPse entiende el pacto con Junts pel Sí como un gesto que demuestra la «enorme generosidad política» y la «altura de miras» de su partido al renunciar a algunas de sus peticiones -como no incluir la palabra «desobediencia» en la declaración- para avanzar hacia la «república catalana». «Si todos actuamos así, habrá un quién distinto a Mas, un presidente de consenso que permita la investidura el 9 de noviembre», lanzó el portavoz de la formación antisistema en el Parlament, Albert Bortran.
En este sentido, desde la CUP tensan la cuerda y acortan el camino a seguir. El objetivo es debatir y aprobar esta resolución en un pleno extraordinario que debería celebrarse a finales de la próxima semana, el jueves o el viernes. Acto seguido, su intención es consensuar el nombre del presidente de la Generalitat y poderlo votar el 9 de noviembre, fecha de límite en la que debe celebrarse el primer pleno de investidura. De no ocurrir así, el acuerdo podría postergarse hasta después de las generales, algo que el partido antisistema no está dispuesto a asumir. Para presionar en caso de no llegar a un consenso en torno a la figura de Mas, ambos bandos ya hablan de celebrar unas nuevas elecciones en marzo.
La resolución acordada ayer por Junts pel Sí y la CUP también declara la «voluntad de inicio de negociaciones» con el Estado, la Unión Europea y la comunidad internacional. Este último ha sido uno de los caballos de batalla del anterior Ejecutivo de Mas, empeñado en «internacionalizar» el proceso soberanista para recabar apoyos ante la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy de admitir un referéndum de autodeterminación en Cataluña contrario a la ley.
La presentación en el Parlament de la declaración de inicio de ruptura con el Estado coincidió con el segundo día de actividad en la Cámara. Apenas 24 horas antes, su presidenta, Carme Forcadell, era investida y lanzaba un «viva la república» en su primer discurso.