Mariano Rajoy, ayer, durante su comparecencia tras anunciarse la pretensión de crear el Estado catalán. / EFE

No se puede conceder credibilidad ni confianza alguna a quienes pretenden abolir la vigencia de la Constitución y de las leyes en Cataluña y se consideran autorizados a efectuar la “desconexión democrática” con el Estado español en nombre de una mayoría parlamentaria que representa una minoría de votos de los catalanes. La gravísima contumacia de Convergència Democràtica de Cataluña y Esquerra Republicana contra la legalidad es aun más inquietante tras ponerse al servicio de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), a la que ofrecen iniciar las nuevas leyes catalanas en un plazo de 30 días. Es evidente que se lo dan en prenda de la complicada investidura de Artur Mas, desplazando así lo que fue el liderazgo del nacionalismo catalanista hacia el extremismo izquierdista reivindicado por la CUP.

La provocación demuestra que los dirigentes separatistas tienen un plan: cuanto peor, mejor. ¿Cuál es el plan del jefe del Gobierno? No hay explicación alguna a la absoluta pasividad con la que Mariano Rajoy ha asistido al despliegue de la estrategia independentista, sin exponer otra idea que el simple expediente de llamar a los abogados del Estado para que hagan algo a cada novedad emanada desde el rupturismo.

Rajoy ha cosechado un rotundo fracaso en las tres comparecencias ante los medios tras la disolución de las Cortes. Resulta inconcebible que el principal responsable del Ejecutivo no haya explicado plan alguno para Cataluña ni tampoco haya convocado a los dirigentes de los principales partidos en el momento más agudo de la crisis institucional creada por la enésima —pero nada sorprendente— iniciativa de los soberanistas, adobada por el uso intenso de técnicas de agit-prop. Fiel a su idea de estirar al máximo la legislatura, Rajoy ha facilitado que la apertura de la nueva época del Parlamento catalán coincida con la dispersión inherente a la disolución de las Cortes.

El presidente del Gobierno sostiene de modo tajante que la declaración intentada por los independentistas no tendrá efecto alguno, y nos deja completamente a oscuras respecto a cómo pretende conseguirlo. No sabemos si piensa criminalizar a los que proponen esa declaración, recurrir otra vez al Tribunal Constitucional o adentrarse en el camino de la suspensión de la autonomía catalana, que supondría afectar a toda una comunidad en vez de dirigirse contra responsables concretos; un camino peligroso, que sabemos cómo puede empezar, pero no cómo acaba. Tampoco tenemos noticia de que el presidente haya intentado aunar fuerzas políticas y sociales, por ejemplo con el líder del principal partido de la oposición, Pedro Sánchez, ni tampoco con Albert Rivera, que encabeza el partido más votado de la oposición en Cataluña. Fue Sánchez el que hubo de llamar ayer a Rajoy para preguntarle qué pensaba hacer ante la propuesta independentista. El jefe del Gobierno telefoneó a Rivera cuando faltaban unos minutos para leer su declaración ante los medios, tras un largo periodo de incomunicación entre ambos.

Rajoy incurrió ayer en otro concepto peligroso, al deslizar la idea de que los independentistas no tendrán éxito mientras él sea presidente. Descubre así sus cartas de candidato que intenta aprovechar el nuevo desafío soberanista para envolverse en la bandera de único defensor de la ley. Pero la crisis constitucional planteada no es un problema de Rajoy, ni del PP, sino de los españoles: y el presidente del Gobierno que nos representa no puede considerarse el único capaz de gestionar este asunto. Hay que elevarse por encima de la coyuntura electoral y dar señales de que se desea construir los puentes suficientes como para garantizar un amplio respaldo a las medidas que sean precisas.

No es excusa que los independentistas pretendan desviar la atención de las investigaciones por la corrupción del 3% ni las que afectan al clan Pujol, con golpes de efecto como el de encomendar al “futuro Gobierno” catalán que ignore las leyes españolas y se ciña “exclusivamente” a las normas o mandatos emanados de la Cámara catalana. Pero las decisiones de un puñado de dirigentes separatistas no pueden ser respondidas así, ni se puede permitir que los hechos consumados vayan imponiendo su lógica alarmante y siniestra, evidenciado en el intento de iniciar la legislatura catalana saltándose a las claras la legalidad democrática.

Nunca debería haber llegado este golpe al Estado, ni esta reacción tan pobre de quien representa al Estado. Nada tienen que ganar los catalanes, ni tampoco el conjunto de los españoles, con el alejamiento mutuo. Por eso es irresponsable la parálisis y el enorme vacío de Gobierno que Rajoy deja en el momento de la peor crisis institucional que vive España desde el restablecimiento de la democracia.