La incongruencia de los catalanes. ¿Toros si o toros no? (por Miguel Massanet Bosch)

Los ciudadanos de a pie tenemos serias dificultades para acabar de entender determinadas conductas y actuaciones de aquellos a los que les encomendamos, a través de las urnas, que se ocuparan de la administración de nuestro país. Uno supondría que, lo que queremos los electores, es vivir en paz; tener trabajo; disponer de libertad y ejercer nuestros derechos individuales sin intromisión alguna por parte de los poderes públicos; hablar en el idioma que nos sea más querido o simultanearlo con otro, en cualquier comunidad en la que residamos o estemos de paso; tener seguridad cuando vamos por la calle y, por encima de todo, que los que nos gobiernan cumplan con su misión de ocuparse de nuestro bienestar; evitar que los derechos y deberes derivados de nuestra Constitución sean transgredidos, tanto por particulares como por las instituciones y la propia Administración o sus representantes,  y que, las sensibilidades ideológicas, sentimientos religiosos, moral y ética de los españoles, sean respetados y protegidos por parte de las autoridades, centrales o periféricas, reduciendo al mínimo indispensable cualquier suerte de intervencionismo que pueda atentar contra la libre y democrática convivencia entre todos los españoles. Bien, esto es lo que desearíamos y lo que, por supuesto, entra dentro de la lógica de cualquier ciudadano que viva en una nación civilizada o, según aquellos convencidos de que es el sistema más perfecto de gobierno ( creencia que no comparto en absoluto), en una democracia.

En ocasiones, la realidad, se encarga de desmentir semejante creencia y nos damos cuenta de que, en más ocasiones de las que quisiéramos tener que admitir, se confunde, por quienes ejercen el poder, la palabra “administrar” o la frase “velar por los intereses de la comunidad” o, el simple respecto por aquellos derechos fundamentales que, la Carta Magna, les otorga a los españoles por el mero hecho de serlo; con lo que ellos opinan; lo que les conviene a sus propios intereses y lo que, su manera de pensar desde el punto de vista político, ético o moral, les aconseja o aquello que su partido político les ha trasmitido como consigna del adoctrinamiento que se quiera imponer a la ciudadanía, para  instruirla en un determinado credo, obligarla a acatar un adoctrinamiento que no comparte o someterse a una ética o moral que son ajenas a las que ellos practican. Y es que, en ocasiones, nos sentimos como si, en lugar de vivir en democracia, lo estuviéramos haciendo en una de estas repúblicas que se califican de “democráticas” pero que, desgraciadamente, sólo encubren a regímenes absolutistas y totalitarios que, bajo la apariencia y la propaganda de estar al servicio del pueblo y en contra del capitalismo, se perpetúan en el poder, cercenan las libertades de sus ciudadanos e imponen un sistema dictatorial que ignora cualquier tipo de libertades y derechos.

Así nos encontramos, más a menudo de lo que sería deseable, con ciertos comportamientos que, por la impunidad con la que se producen, por la irracionalidad de los mismos y por el perjuicio que, su puesta en práctica, ocasionan a la ciudadanía; nos hacen dudar sobre el hecho de si estamos amparados por unos derechos emanados de la misma Constitución de 1978 o nos hallamos en manos de unos impostores que, amparándose en la impunidad del poder, hacen de su capa un sayo con las leyes, los decretos, los reglamentos y las ordenanzas, para establecer, con carácter permanente, una determinada filosofía política, evitando aquello, tan fundamental en toda democracia, que es la alternancia en el gobierno de la nación. Por ejemplo, hemos podido conocer que, desde el ministerio del Interior, se está presionando a la Guardia Civil para que ponga más multas y, no sólo esto, sino que en la valoración que se tiene en cuenta para los ascensos dentro del cuerpo, parece que se va a considerar, como un mérito, el número de sanciones que cada guardia haya impuesto. ¿Tiene esta medida lógica alguna?, ¿ es de recibo que se impongan cuotas de multas, sólo por el hecho de recaudar más dinero del pueblo?,¿se trata de que circulemos cumpliendo las normas o de una cacería del conductor por los agentes, para ver quien de ellos es el que “cobra” más piezas? Por lo visto es “bajo rendimiento” el que, pese a que los conductores respeten las normas de circulación, aspiración máxima de cualquier DGT en una democracia; en España, se califica como una falta de productividad de los agentes de tráfico el no multar, como si, en lugar de velar por el cumplimiento de las normas se hubieran convertido en simples recaudadores del Estado.

En Catalunya está sucediendo algo similar con los Mosos de Escuadra. El afán intervencionista del Tripartit y sus ansias recaudatorias, cualidades innatas en las izquierdas, introdujeron una limitación de la velocidad en las entradas y salidas de Barcelona, (80 km/h) argumentando la necesidad de evitar la polución y los accidentes. En su empeño en poner trabas a los conductores no se percataron de que no existían estudios que demostraran sus aseveraciones y, al cabo de varios años de prohibición, han tenido que admitir que, si bien se habían ahorrado algunos accidentes (seguramente achacable a la prudencia de los conductores para evitar que se les restaran puntos de sus carnés), en cuanto a la polución en Barcelona no se ha notado mejora alguna, lo que fácilmente se les hubiera podido explicar a los autores del “invento”, simplemente indicándoles que: a marchas más cortas los vehículos suelen contaminar más.

No soy partidario de las corridas de toros, pero sí lo soy de la coherencia, del sentido común y de la no discriminación. Si el Parlament catalán ha decidido suprimir el festejo de toros en Catalunya, por estimar que se los tortura y que, en consecuencia, es preciso, en defensa de los derechos de los animales, prohibirlas en toda la comunidad; resulta increíble, contradictorio, absurdo y maniqueo que, a los pocos días ( 8días), el Consell de Garantías Estatutarias (un órgano encargado de velar por que se cumplan la normas del Estatut), se ha sacado de la manga que, determinados festejos taurinos catalanes, en los que se maltrata a los toros, se los amarra con una soga y se les ponen teas encendidas sujetas a sus astas (lo que, aparte de asustarlos, aturdirlos y estresarlos, les puede causar quemaduras en la piel o que, enloquecidos por el miedo, se puedan lanzar contra cualquier obstáculo que se ponga en su camino). El argumento para tal decisión  se basa en que se trata de una tradición catalana. ¡Bravo! Los que negaron cualquier implicación de tipo político en la decisión del Parlament, ya se pueden poner, con los brazos en cruz, de cara a la pared. Dijeron que no era una venganza contra España por la sentencia del TC; pero mintieron; dijeron que la fiesta no era una tradición en Catalunya, pero se llevan celebrando corridas. en la plaza Monumental de Barcelona. desde el año 1914, lo que puede dar fe de la afición de los catalanes al festejo taurino. Algunos afirman que la fiesta decae, conforme, si es así y no lo dudo, ¿ a qué viene que se tengan que prohibir, si ellas mismas se hubieran extinguido por si solas, sin necesidad de armar la trapatiesta que se ha formado en torno al tema?.

Pero lo más bochornoso lo hemos podido constatar en la reunión de Chávez y Montilla. Un contubernio para puentear la sentencia del TC y, por medio de subterfugios legales, darle a Catalunya lo que le ha sido denegado. El CGPJ ya ha avisado: no pueden existir dos administraciones de Justicia en España, pero la apisonadora socialista no cede ante la ley y sigue imponiendo su totalitarismo. En marzo del 2.008 algunos, muchos, votaron por el PSOE; ¡Enhorabuena por su tino!

 

Miguel Massanet Bosch