Es obvio que, al gobierno del señor Rodríguez Zapatero, no le resulta agradable que desde fuera de nuestras fronteras, se le acuse de vulnerar los derechos humanos; pero no les digo a ustedes como les escuece a nuestros miembros del Ejecutivo si esta acusación les llega desde el otro lado del Atlántico y, precisamente, del país en el que se “invento” la democracia y en el que las libertades de sus ciudadanos están mejor protegidas. A nadie, en su sano juicio, se le pasaría por la imaginación que, en los EE.UU. de América, a alguno de sus estados le pasara por la imaginación dejar de cumplir alguno de los artículos de su Constitución y, mucho menos, cuando se tratara de algo tan básico y enraizado en la mente de cualquier ciudadano norteamericano como pudieran ser: la defensa a ultranza de su idioma, el inglés, como idioma nacional y su bandera que, por cierto, a diferencia de lo que ocurre en España, –que parece como si estuviera prohibido exhibirla o que nos da vergüenza ser llamados españoles –, allí tienen a honor de mostrarla en cualquier ocasión que se les presente y, no sólo, en edificios públicos, sino en las casas particulares y en sus propias ropas si se tercia, sin que ello se considere una falta de respeto hacia ella, sino todo lo contrario, una muestra de amor y homenaje por aquel símbolo que representa la soberanía nacional.
Lo cierto es que, en el informe que, el Departamento de Estado de los EE.UU, realiza cada año sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo; que comprende, como es natural, la situación de los mismos en la nación española; aparece recogido que, en las comunidades de Catalunya y Baleares, se vulneran los derechos humanos como consecuencia de su política lingüística. Y no se crean que es un informe hecho con poco rigor científico, puesto que en él se recogen hechos tan específicos el ocurrido en la isla de Ibiza, en abril del 2009, cuando 39 médicos del único hospital de la isla anunciaron su decisión de dejar sus empleos, debido a una norma que les exigía demostrar un conocimiento adecuado del catalán. Seguro que muchos de los que habitamos en Catalunya podríamos aportar otros ejemplos en los que, a los niños que han querido estudiar en castellano, se les ha sido negado, o de niños que han suspendido una asignatura por no hacer el examen en catalán o de otros que, en las escuelas públicas, se les ha castigado por usar el español. Algún padre podría describir su odisea de ir recorriendo colegios públicos y estar reclamando de las autoridades comunitarias que se cumpliera la Constitución y que su hijo, pudiera recibir enseñanza en castellano, sin el menor resultado salvo recibir los desaires, tanto de los directores de las escuelas públicas como de los organismos responsables de la Educación en la autonomía catalana, y lo mismo sucede en las Baleares. Para aprender en castellano se ha de recurrir a los colegios privados o como en el caso de las hijas del señor Montilla matricularlos en el Colegio Alemán.
Recoge también el documento, que 2.500 personas se manifestaron en las Baleares en contra de la imposición del catalán en el archipiélago y que 4.000 personas se reunieron en Catalunya para protestar contra la política lingüística del Gobierno y defender el derecho a que, en las escuelas públicas, dieran clases en castellano. Remarcan que continúa la “controversia”, asegurando que la normativa actual de ambas comunidades atenta contra el derecho a la educación en lengua materna. A la vista de este informe debemos colegir que, en EE.UU, están mejor informados de los problemas que tenemos los catalanes, especialmente en cuanto al respecto de los derechos individuales garantizados por la Constitución, mucho mejor que en la propia Moncloa; si es que nos debemos fiar de las declaraciones del señor Zapatero, minimizando la realidad de lo que sucede en Catalunya y Baleares y tachando de alarmistas a los que piden ayuda para que se cumplan los mandatos constitucionales en materia de lengua y enseñanza. Pero, de todo este maremagnum que, gracias a los socialistas y a la necesidad de ceder continuamente al chantaje a que se los somete por parte del Tripartito catalán, resulta ser que, en España, se puede desprender que la posibilidad de usar en todo el territorio nacional, nuestra lengua común, el castellano, ha quedado reducida en determinadas comunidades (Catalunya, País Vasco, Baleares y Galicia) a una mera utopía ya que, en la práctica es materialmente imposible que un niño pueda estudiar, con normalidad, en el idioma oficial español.
Pero, por si esta circunstancia no fuera conocida por todos los españoles, hete aquí que, con gran escándalo y menoscabo de la verdad, el propio señor Rodríguez Zapatero sea quien, con su habitual desenfado, desprecio por la exactitud, distorsionando los hechos y encubriendo una situación que no se puede ocultar; se rasgue las vestiduras, ponga cara de ofendido y se atreva a pretender desmentir el informe del Departamento de Estado norteamericano, por medio de una réplica apócrifa que pretenda contradecir lo recogido en el informe del Departamento de Estado de los EE.UU.; en un intento desesperado de ocultar o pretender hacerlo, la realidad de lo que está sucediendo en España y la evidencia de que, el Gobierno socialista, está utilizando el poder para ir cercenando los derechos de los ciudadanos, con el solo objeto de implantar, por medio del adoctrinamiento de la juventud, la supresión de las barreras morales y éticas y el control absoluto de la enseñanza; un régimen contrario al espíritu democrático, desmantelando, por la vía de los hechos consumados, lo que queda de la Constitución de 1.978; destruyendo la célula básica de la familia y dividiendo el territorio español en pequeños estados independientes, en los que instaurará el pensamiento único con la imposición de la doctrina socialista totalitaria, eliminando toda oposición capaz de enfrentarse al absolutismo propio de toda dictadura. Lo verdaderamente exasperante es que bastaría que se dejara a una comisión internacional que inspeccionara todos los centros de enseñanza pública, ubicados en las autonomías catalana y balear; para que pudieran comprobar sobre el terreno, mediante una simple visita a cualquier centro educativo público, dependiente de los respectivos gobiernos autónomos; para que tuvieran la posibilidad de comprobar, de visu, las posibilidades de poder estudiar en español en cualquiera de ellos. Porque lo que, en verdad ocurre, con la permisividad del propio gobierno central, es que tanto en Catalunya como en Baleares los derechos individuales de los ciudadanos españoles, son pisoteados impunemente.
El señor ZP ha dicho que enviará un informe al Departamento de Estado de los EE.UU, en el que defenderá “la buena política lingüística en Catalunya” porque, para nuestro Presidente, que no tiene ni pajolera idea, o pretende no tenerla, de lo que se maquina en Catalunya por el Tripartito, es algo innegable “que la convivencia lingüística en las comunidades con más de una lengua oficial funciona razonablemente bien”, admitiendo, sin embargo, que existe la posibilidad de que algún “hecho concreto” pueda perturbar el respeto a las dos lenguas”. Perdone usted, señor ZP, en Catalunya nadie ha perturbado el respeto a la lengua catalana, sino que lo que sucede es que es la propia Generalitat la que se opone directamente a que se imparta el español y se pueda estudiar en dicho idioma, impidiendo que se cumpliera el precepto constitucional del respeto a la lengua madre y la obligación de aumentar en tres horas la enseñanza del español en las aulas. Alegar ignorancia es tanto como admitir que usted es incompetente para gobernar a España o que depende de los catalanes para mantenerse en el poder. Ambos hechos, sin duda, serían motivo suficiente para que tuviese que dimitir.
Miguel Massanet Bosch