J. R. PIN ARBOLEDA
(Publicado en ABC, aquí)
U na razón de la contracción del crédito al sector privado es el aumento del crédito al sector público; no es la única, ni la fundamental, pero sí es importante. Los bancos y cajas prestan a las administraciones porque suponen que no quiebran. Al final, piensan, alguien cubrirá la deuda: el Estado e, incluso, como en Grecia, la UE o el FMI; si hay quiebra, en lugar de «quita y espera», como ocurriría con una empresa o un particular, alguien pagará; en realidad, al final pagarán los contribuyentes.
Por tanto, el Estado es avalista moral y, en consecuencia, debe impedir un exceso de endeudamiento de los ayuntamientos; esto legitima el decreto de mayo, que impedía endeudarse a todas estas corporaciones a partir del 1 de enero del 2011. Claro está que aplicarlo a todas sería castigar a los buenos gestores municipales igual que a los malos. Por eso el Gobierno rectificará el decreto en los Presupuestos ¿Por qué no lo pensaron antes? Nos tiene acostumbrados a la improvisación.
Distinto sería si en ayuntamientos insolventes las Instituciones Financieras, que prestaron alegremente, tuvieran que acudir a un acuerdo de acreedores, perder dinero y alargar plazos sin ayuda del Estado; entonces los prestamistas y los gestores municipales serían más prudentes. Los ayuntamientos deberían poder quebrar. Pero ante unas elecciones locales, es difícil que los políticos actúen con racionalidad económica; están en la lógica electoral.
J.R. Pin Arboleda es profesor del IESE