Jaime de Piniés (Publicado en Libertad Digital, aquí)
¡Cómo no! La rentrée nos obsequia a nuestro presidente de Gobierno con su acostumbrado hacer: dar marcha atrás en algo decidido. Acostumbrados estábamos. No iba a haber una reforma laboral, no se iban a tocar las pensiones, ni tampoco se iba a recortar el salario de los funcionarios. Pero, de la misma forma que el rey Canuto no pudo detener las mareas, tampoco nuestro presidente y su Gobierno aciertan a mantener sus decisiones por mucho que retóricamente lo disfracen.
La última vuelta atrás se refiere a la financiación de las entidades locales. Nuestro Gobierno indicó hace escasos meses que ningún municipio de los más de 8.100 en España podría seguir endeudándose a partir del año 2010. Lo cierto es que esta medida causó estupor entre los municipios acostumbrados a vivir de las rentas asociadas a la actividad inmobiliaria y ahora golpeados por el estado comatoso del sector. Sin la vía del endeudamiento, a estas entidades les quedan dos caminos, aumentar los impuestos o reducir el gasto. Y todo esto en unas fechas pre-electorales para muchos municipios.
Por lo tanto, la semana pasada, el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero volvió a rectificar, prometiendo incrementar la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado en la nada desdeñable cantidad de 1.500 millones de euros y, además, permitiendo que la mayoría de los municipios sigan endeudándose si parten de un ratio financiero deuda/ingresos por debajo del 75%. Esto quiere decir que ciudades tan endeudadas como Madrid, con un ratio por encima del 150%, quedan excluidas; también superan el límite Valencia, Zaragoza y Málaga por citar las mayores. Sin embargo, el grueso de los municipios de España, incluyendo a Barcelona y Sevilla, sí podrán seguir endeudándose; suponiendo, claro está, que haya alguien dispuesto a comprar esa deuda.
El problema del endeudamiento de las entidades locales hay que ponerlo en perspectiva. En su totalidad representa sólo el 3,4% del PIB nacional, frente a la deuda de las Comunidades Autónomas del 9% y de todas las Administraciones Públicas juntas del 55%. Es decir, la deuda total de los municipios es de 36.000 millones de euros frente a los 580.000 millones de euros de todo el sector público de España. Luego no es el tamaño de la deuda municipal lo que preocupa; lo que importa es la capacidad de repago en relación a unos ingresos terriblemente mermados como consecuencia de la recesión que sufre España por el sobredimensionamiento de la actividad inmobiliaria.
En definitiva, matemáticamente los números se pueden seguir y entender. Sin embargo, hay aspectos no matemáticos que son los que soportan o no el chiringuito. Y aquí aparece nuestro talón de Aquiles con voz propia: un Gobierno sin credibilidad es un lastre para cualquier país, y especialmente para España, con todas las rigideces que lleva a cuestas. Es la razón por la cual los españoles tenemos que costearnos la deuda pública con 180 puntos básicos más que Alemania. Porque no es la desconfianza en la capacidad de España, sino la falta de confianza y credibilidad de quien dirige el país y su economía: José Luis Rodríguez Zapatero. ¿O es que alguien se cree que los inversores van a confiar en un país que está continuamente rectificando? Los casi dos puntos de coste financiero por encima de Alemania se traducen en unos 12.000 millones más de coste de intereses para la deuda pública; es el precio añadido que todos y cada uno de nosotros españoles pagamos por el hacer o deshacer del señor Rodríguez Zapatero. Caro nos sale. Si bien, a estas alturas, da la impresión de que al presidente y su Gobierno éste y otros gastos añadidos son simples detalles, porque para ellos la Política es otra cosa y ésta no entra en menudeos.