- Junts pel Sí y la CUP han aprobado que esta decisión no estará “supeditada” a lo que diga el Tribunal Constitucional
Artur Mas, y su vicepresidenta, Neus Munté. / ANDREU DALMAU
La luz verde que el Parlamento catalán ha dado a la resolución que solemniza el “inicio del proceso de creación del estado catalán” abre un escenario inédito porque, por primera vez, las formaciones partidarias de la independencia, Junts pel Sí y la CUP, han aprobado también que esta decisión no estará “supeditada” a lo que diga el Tribunal Constitucional. Las instituciones catalanas pueden entrar, así, en un escenario de desobediencia que el Gobierno, el Tribunal Constitucional y la justicia ordinaria tendrán que gestionar.
Más que una desconexión. Más allá de declarar abierto el proceso hacia la independencia el texto llama a tramitar tres leyes que ayuden a hacer efectiva la secesión. También afirma que “El Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular del Tribunal Constitucional, que se considera deslegitimado”. Al mismo tiempo, insta al futuro Gobierno catalán a “cumplir exclusivamente las normas o mandatos emanados del Parlament”.
Recurso inmediato. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha puesto ya en marcha un recurso de inconstitucionalidad exprés para conseguir un fallo del Tribunal Constitucional que certifique que la resolución aprobada hoy no es aplicable ni se ajusta a la carta magna. La simple admisión a trámite de este recurso suspendería, al menos temporalmente, la resolución.
Escenarios de desobediencia. Junts pel Sí y la CUP asumen que la declaración será suspendida inmediatamente, probablemente antes de que acabe esta semana. No responderán con una nueva declaración, sino que lo intentarán comenzando a desarrollar algunos de los puntos previstos en el texto. Singularmente prevén comenzar a tramitar las leyes del proceso constituyente, de la seguridad social catalana y de la hacienda pública. Son las llamadas “leyes de desconexión” con las que pretenden dar cobertura al nuevo estado independiente.
El papel de Forcadell. El Gobierno intentará identificar desde el primer momento los responsables de un eventual desacato a la previsible suspensión del texto. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, está en el centro de esta estrategia y podría afrontar una petición de inhabilitación si se considera que no hace lo necesario para frenar la aplicación del texto. Algunos altos funcionarios de la cámara catalana también podrían verse afectados. En última instancia, y en cumplimiento de la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, también se actuaría contra el Gobierno catalán y su presidente, Artur Mas.