El Gobierno aprueba unos presupuestos draconianos que sólo apoya el PNV, aunque previo paso por caja, la única, la de las pensiones; los ayuntamientos luchan con uñas y dientes para seguir endeudándose sin freno; las autonomías gastando sin tino y por si fuera poco… llega la huelga general, la puntilla para una economía que no despega y que ya suma más de 4,6 millones de parados. Cada uno, a lo suyo, podría decirse, pero… ¿y España?
Los sindicatos UGT y CC.OO. saldrán el miércoles próximo a la calle con una misión tras la pancarta: que el presidente del Gobierno se apee del burro y rectifique su reforma laboral, su política económica, esa con la que el presidente Zapatero espera salir de la crisis en 2011, aunque el paro seguirá siendo de infarto (19,3%). Difícil empeño lo de modificar reformas como la del mercado de trabajo teniendo en cuenta que es una de las grandes apuestas del presidente, uno de los «encargos» que trajo bajo el brazo desde Bruselas y de obligado cumplimiento.
Zapatero considera que ha llegado el momento de complicar más el IRPF
Si de lo que se ha tratado en los últimos años era de simplificar y reducir el Impuesto sobre la Renta, pues ahora Zapatero, en otro de sus nuevos y curiosos caprichos, ha considerado que no, que ha llegado el momento de complicar la Renta. El año próximo habrá dos nuevos tramos del IRPF para ingresos a partir de 120.000 euros, un 44% de la base liquidable, y a partir de 175.000 euros, un 45%, lo que que afectará a unas 100.000 personas y con la que el Ejecutivo espera ingresar de 170 a 200 millones adicionales. Y si el guiño era poco, a este incremento impositivo se unirá un endurecimiento de la fiscalidad para las Sicav, el impuesto de las grandes fortunas, como ha venido reclamando el lado más a la izquierda del PSOE .
Son tiempos de pacto ¿A qué precio? Para mantener el sillón, el Ejecutivo ha sellado un acuerdo con el PNV que incluye peaje, cesiones, que rompe la igualdad y solidaridad entre españoles. A cambio del apoyo de los nacionalistas vascos Rodríguez Zapatero ha abierto una brecha en la caja única de las pensiones por la vía de la transferencia de las bonificaciones empresariales. Y más grave aún, se ha visto obligado a ofrecer lo mismo a Cataluña, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
La nueva situación implica que las empresas vascas podrán pagar menos cotizaciones sociales que el resto sin que eso afecte al conjunto del sistema de pensiones, que en el caso de País Vasco es deficitario (747,7 millones), un estado que también comparten otras seis comunidades autónomas, aunque en su conjunto el sistema tenga superávit (3.800 millones).
Unos, intentando arrancar prebendas y otros… más que preocupados por seguir gastando y endeudándose. Comunidades autónomas y ayuntamientos, por ejemplo.
En estos momentos, Moncloa es responsable de apenas el 20% del presupuesto
El desarrollo de la España de las autonomías y el goteo en el traspaso de competencias desde el Estado central hacia los gobiernos regionales, ha provocado una gran descentralización del gasto público. Las cifras son más que elocuentes. A mediados de los años 80 el Gobierno gestionaba el 45% del gasto total, sin Seguridad Social, en estos momentos apenas es responsable del 21%. Hace 25 años las autonomías tenían en sus manos un 20% del presupuesto total, hoy gestionan el 36%. Cualquier intento de saneamiento de las cuentas públicas pasa inexorablemente por el recorte de la sangría autonómica.
Y mientras las autonomías gastan y gastan, los ayuntamientos se endeudan y endeudan y lo peor es que pretenden seguir haciéndolo… si nadie lo remedia. Hace unas semanas la vicepresidenta económica, Elena Salgado anunció que el Gobierno cortaría el grifo del crédito a los ayuntamientos, pero al más puro estilo Zapatero, a los pocos días se salió del carril y rectificó para anunciar justo lo contrario. ¿Y ahora? La última propuesta del Gobierno, la tercera y quizá no la definitiva, es permitir a los ayuntamientos acudir al crédito siempre que la deuda a acumulada no sea superior al 75% de los ingresos corrientes. Unos sí, pero otros no, en resumen.
La esperanza…
Y si éramos pocos… la huelga general, un día antes de que el Gobierno presente sus Presupuestos ante el Congreso de los Diputados. ¿Qué ocurrirá el miércoles? «Van a rectificar», como lo hicieron, tras las respectivas huelgas generales, «los gobiernos de Felipe González y José María Aznar». Si el 30 de septiembre, un día después de la huelga general, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez siguen pronunciando esta frase, el 29-S habrá sido todo un éxito y el presidente del Gobierno recibirá un duro mazazo de los que hasta hace pocos meses eran sus escuderos. Pero si la protesta no cuaja y las centrales pierden la batalla en las calles, el movimiento sindical habrá dado un paso hacia el abismo de muy complicado retorno.
«La huelga, un día antes de que el Gobierno presente los PGE»
«Respeto la huelga general, respeto muchos a los sindicatos, sus opiniones y su fuerza social. Juegan un papel fundamental, aunque ahora discrepe con ellos. Entiendo que no estén de acuerdo con la reforma laboral», aseguró, a la vez que se mostraba abierto al diálogo pero totalmente cerrado a introducir cambio alguno en su reforma laboral, la misma que paso el trámite parlamentario sin apoyos, la que ha recibido las mayores críticas que se recuerdan a una reforma.
Han tenido que pasar tres años de crisis para que los sindicatos mayoritarios protesten contra una política económica que ha hecho de España el mejor caldo de cultivo para el crecimiento del desempleo, el déficit público y la deuda; una política económica que ha instalado a España en el descrédito y en el furgón de cola de Europa.
El polvorín de las pensiones
Grecia paró por los recortes sociales; Francia lo hizo por la reforma de las pensiones y es muy probable que siga padeciendo conflictividad ¿y en España?… La reforma del mercado de trabajo fue la gota que colmó el vaso, pero el descontento sindical ha ido creciendo a la par que el presidente del Gobierno tomaba una de sus polémicas medidas en dirección hacia un cambio radical en el rumbo de su política económica.
La propuesta defendida por el Ejecutivo de retrasar de 65 a 67 la edad legal de jubilación, los ajustes presupuestarios y con ellos la congelación del salario de los funcionarios y de las pensiones, sin olvidar una reforma del sistema público en ciernes que recortará prestaciones como antídoto frente a la crisis que sufre el sistema allanó el camino que los sindicatos han evitado recorrer, a sabiendas de que la huelga general es «una gran putada», como reconoció el propio Fernández Toxo, una frase que en el fondo lo que esconde es el temor a un escaso seguimiento de la protesta a la que sin remedio se han visto forzados.