(Publicado en El blog de Carlos Martínez Gorriarán, aquí)
La noticia de este fin de semana ha sido la publicación en la red Wikileaks de miles de documentos secretos del ejército de los Estados Unidos sobre la guerra de Irak. Pero esta vez lo más importante de la noticia no eran tanto las informaciones desveladas sobre crímenes de guerra, ejecución de civiles o torturas a prisioneros –siempre se ha sabido que la primera víctima de una guerra es la verdad-, con ser muy graves, como el hecho de que tales informes hayan sido publicados en una red de internet a la que cualquiera puede entrar. El hecho y su significado: hoy en día, los secretos oficiales son más frágiles y efímeros, más accesibles y potencialmente públicos de lo que lo hayan sido jamás. Pues si bien siempre han existido el espionaje y la traición, que pasaban a un poder rival o enemigo los secretos de otro, ya fuera por intereses, ideales o dinero, lo inusitado es que tales secretos se hagan públicos sin filtro ninguno. Es consecuencia de que confluyen dos factores: las posibilidades de internet con la creciente exigencia de transparencia sobre las acciones de cualquier administración, incluso en una guerra. O los movimientos masivos de capitales que tanta importancia económica tienen y que, debido a la velocidad que permite internet, escapan por completo al control de los gobiernos e instituciones internacionales: es otra cara de la misma moneda.
Todo indica que el progreso de la transparencia política y administrativa puede ser una revolución democrática tan importante como lo fueron la implantación del sufragio universal efectivo (tras la segunda guerra mundial) o la igualdad efectiva de derechos de mujeres y hombres (a partir de la década de los sesenta). Al igual que en esos precedentes, las políticas activas de transparencia –que no deben confundirse con la libertad de injurias y libelos escondidos en el anonimato- consiguen ampliar el campo de la decisión política al acercar a los arcanos de los gobiernos a millones de personas y agentes antes excluidos: es una política típicamente progresista (interesante para quienes siguen haciéndose preguntas sobre qué es eso del progreso…)
El ideal de una administración transparente, donde las actuaciones gubernamentales sean conocidas sin más limitaciones que las derivadas de la protección de derechos privados legítimos era un ideal de difícil o imposible cumplimiento hasta el desarrollo de internet. Del mismo modo en que sólo la alianza de la imprenta con la enseñanza pública obligatoria consiguió hacer posible la erradicación del analfabetismo, así internet hace posible que informaciones antes inaccesibles o reservadas a poquísimos puedan ahora ser conocidas a tiempo real por millones de personas. Y dado que saber es poder –tener una información que no tienen tus rivales-, es bastante comprensible que los gobiernos dictatoriales como los de Cuba, Irán o China estén tan preocupados por el nuevo fenómeno y persigan por todos los medios a blogueros y redes que no controlan, pero también gobiernos democráticos acostumbrados a la opacidad –todos, más o menos- y, desde luego, los poderes económicos acostumbrados a que la nocturnidad de sus operaciones sea una de sus principales herramientas de trabajo.
Como la demanda de transparencia está en auge en las sociedades democráticas, los Estados intentan solventarla con iniciativas más o menos sinceras que permitan a los ciudadanos y agentes sociales conocer a tiempo real, o con la menor demora posible, cosas como dónde va el dinero público, qué empresas (y de quién son) consiguen contratos de las administraciones y bajo qué condiciones, cómo va la ejecución de inversiones y actuaciones gubernamentales, etc.
Uno de los países avanzados más atrasados en esta materia es, cómo no podía ser de otra manera, España. A nadie le extrañará que el contenido del proyecto de Ley de Transparencia que el Gobierno se ha comprometido a remitir al Parlamento sea un secreto cuidadosamente protegido en una comisión del Congreso… Son causa de este retraso tanto la debilidad de la sociedad civil española –mucha gente todavía no ha oído siquiera hablar de transparencia en la gestión política y económica- como los hábitos opacos de administraciones, partidos y entidades públicas, empresas y medios de comunicación. También estos últimos están muy preocupados por el significado de fenómenos como el de Wikileaks, como ponía elocuentemente de relieve la interesante entrevista del domingo en El País a Julian Assange, el organizador de la red Wikileaks. Y esto no tanto porque se revelen secretos –a veces los periódicos tradicionales también lo hacen-, sino porque el contenido de éstos pone de relieve con luminosa claridad la implicación interesada del periodismo actual en el funcionamiento de un poder opaco que, lejos de vigilar o criticar con fundamento, la prensa tradicional contribuye a consolidar propalando informaciones sectarias, tergiversadas o sencillamente manipuladas por el cruce de intereses empresariales con los de partido. O también la confusión del “periodismo de investigación” con la difamación y las injurias vulgares, al estilo de Intereconomía. Porque la transparencia informativa a través de internet tampoco tiene nada que ver con la extendida costumbre de usar foros y redes para difamar y mentir impunemente explotando las ventajas del medio: aquí la transparencia consistiría, más bien, en acabar con el anonimato que cultiva esa impunidad.
La transparencia pone en peligro la costumbre de los gobiernos de ocultar y negar sus actos o de manipular las estadísticas y presupuestos; la de los grupos de comunicación de establecer una colusión con ellos; la de las grandes empresas financieras de usar internet para manejos que pueden hundir la economía de un país o la mundial –caso de la crisis en la que estamos inmersos-, pero no para hacer transparentes las transacciones ilegales o temerarias de modo que, si fuera preciso, se pudieran prevenir o actuar contra éstas como es debido. Por eso es tan importante la política activa de transparencia, y por eso su avance podría cambiar de modo espectacular, a mejor, las reglas prácticas de la democracia. Y no sólo para los gobiernos o grandes corporaciones, sino para cualquier colectivo público, cuyos miembros deberían tener en cuenta que la transparencia no sólo es una obligación de los poderosos, sino de cada uno de nosotros cuando interviene en la vida pública -es decir, en la vida de los demás-, pues la transparencia real hace más difícil el engaño y el fraude. Algo de esto hemos aprendido también en las elecciones primarias de UPyD, pero de esto hablaremos otro día.