(Publicado en República de las ideas-Reggio´s, aquí)
La crisis de Irlanda le está metiendo el miedo en el cuerpo al Gobierno, sobre todo después de haber escuchado a los analistas de JPMorgan decir que cuando la gente habla de Irlanda y de Portugal, en lo que piensa realmente es en España. Se trata en todo caso de una afirmación no exenta de simbolismo porque si bien es cierto que el “paquete” periférico europeo incluye a varios países con rasgos comunes, entre ellos también Italia además de Grecia, los inversores internacionales saben distinguir bastante bien entre el grado de solvencia de los cinco integrantes del grupo. Otra cosa es que de forma transitoria los efectos del contagio se dejen notar en los mercados de estos cinco países, pero los inversores sí tienen muy claras cuáles son las diferencias, que se reflejan de forma más o menos eficiente en las cifras que aportan los diferenciales de tipos de interés y el precio de los seguros de crédito.
Lo que parece estar claro, de todas formas, es que los principales creadores de opinión internacional no están en absoluto convencidos de la sinceridad de los propósitos de enmienda del Gobierno Zapatero, cuyo calendario de reformas ya abordadas (la laboral y los recortes de gastos públicos) ha estado a punto de entrar en una especie de contrarreforma (el titular de Trabajo ya tenía al parecer medio acordadas con los sindicatos algunas matizaciones a la reforma laboral, que ha debido retirar apresuradamente), después de haber dejado para más adelante asuntos tan apremiantes como la reforma de las pensiones (ahora se habla de abril) y otros que son de importancia vital para la credibilidad económica del Gobierno. Da la impresión de que el tantas veces negado “Plan B” para la economía (más reformas, ante el fracaso de las primeras, por insuficientes) está siendo forzado desde el exterior para evitar que Zapatero rectifique o se duerma la espera de que el PIB reaccione.
No es gratuito que España haya visto empeorar de nuevo el diferencial de tipos de interés, que ha vuelto a sus peores números (en la zona de los 200 puntos básicos), hasta situarlo en niveles similares a los de mayo-junio pasados, en vísperas de los test bancarios. La credibilidad económica del Gobierno está, por lo tanto, de nuevo en zona de mínimos, a juzgar por las valoraciones que realizan los expertos internacionales y los mercados. Sin ir más lejos, este jueves el Tesoro español ha tenido que elevar en torno a medio punto, hasta el 4,632%, el tipo de interés marginal de las Obligaciones a 10 años, que habían alcanzado en junio pasado sus costes más elevados, ahora alcanzados de nuevo tras una etapa de casi cuatro meses de tolerancia. Esos cuatro meses en los que el Gobierno ha hecho algunas cosas con el objetivo de mejorar su reputación pública, pero con resultados tan poco favorables como los que estamos viendo estos días.
A la vista de la situación, le ha faltado tiempo a Zapatero para improvisar un anuncio en el Congreso, anticipando algunas medidas bajo el formato de nueva “agenda social” del Gobierno, que preparará una comisión de ministros encabezada por el hombre fuerte de la nueva situación, Pérez Rubalcaba. No se entiende muy bien por qué se crea esta insólita superestructura cuando existe una institución llamada Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que preside la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en la que se pueden discutir y preparar esos planes de actuación urgente en lo económico y en lo social, como antesala de su discusión y eventual aprobación en el Consejo de Ministros. En la Comisión Delegada para Asuntos Económicos ya se sientan los mismos ministros y altos cargos que se reunirán ahora en este nuevo foro, aunque el director de esta nueva orquesta será Pérez Rubalcaba. ¿Es una defenestración de Salgado? ¿Un relevo anticipado de Zapatero?
Lo cierto es que la nueva “agenda social”, pomposo nombre con el que se ha bautizado el enésimo intento de hacer relaciones públicas simultáneamente de cara a los sindicatos y a los mercados (dos lealtades difíciles, por no decir imposibles, de compatibilizar) nos será revelada en los próximos días, aunque por lo anticipado en relación con su contenido es una nueva operación de lavado de imagen de un Gobierno que no toma medidas y que se ve acorralado. Es sintomático que por primera vez desde su llegada al poder, Zapatero haya empezado a decir que las reformas que se trae entre manos desde hace meses (las pensiones, la energética,…) se harán con consenso o, en caso de imposibilidad de llegar a ello, por decisión del Gobierno. Es decir, por las bravas. Al tiempo, la vicepresidenta Salgado habla de exigir cuentas a las Autonomías por su descontrol presupuestario. Todo parece indicar que estamos ante un “Plan B” en toda regla.