Decía el gran filósofo y teólogo católico, Jaime Balmes., “¡Hay de los pueblos gobernados por un Poder que ha de pensar en la conservación propia!” y nadie que conociere a fondo la triste realidad de nuestro país y las consecuencias que, para España, nos han traído los años de gobierno socialista, presidido por el señor Rodríguez Zapatero, pudiera dejar de compartir, al cien por cien, esta atinada frase del autor de “El Criterio” y la “Filosofía Fundamental”, entre otras conocidas obras.
Y es que, si en España ha habido un gobierno preocupado por su subsistencia y capaz de supeditarlo todo, incluso el bienestar y la prosperidad de los españoles, al control y seguimiento de las expectativas que las encuestas demográficas les vienen otorgando en cada momento y de su predisposición a hacer lo necesario para dar los golpes de timón precisos para, aún en contra de los intereses generales de la nación, situarse a favor del viento de la opinión pública para enfocar las velas de sus actuaciones en la dirección precisa que les permitan asegurarse los votos de los ciudadanos. Lo malo es que, esto no es gobernar. Porque, señores, gobernar significa tomar las medidas que, el bien de la nación exija aunque, en algunos casos, ello lleve consigo el perjudicar a algunos sectores de la sociedad en aras del bien común. En todo caso, cuando es preciso pedir sacrificios a los ciudadanos, cuando la nación se ve obligada a que su gobierno deba tomar medidas impopulares o que supongan el tener que aceptar sacrificios que reduzcan el nivel de vida de los españoles; lo primero que se le debe exigir al gobernante en cuestión es que se presente ante el pueblo y dé una explicación detallada y asequible para todos los españoles, de las causas por las que se ha decidido aplicar aquella opción determinada; en segundo lugar, que la Administración de muestras de ser ella la primera que es sensible al problema y asume los recortes que se pretenden generalizar al resto de la población y, y esto es fundamental para conseguir la aceptación de los contribuyentes; que el aparato del Estado, con el mismo Gobierno a la cabeza; de ejemplo de austeridad, no sólo en lo que respeta a una reducción del gasto público de cada uno de los departamentos ministeriales y autonómicos que dependan de él; sino que se aplique a si mismo, a las personas que lo integran y a las que constituyen su entorno inmediato, si cabe con mayor intensidad, con mayor rigor y con mayor responsabilidad, las medidas restrictivas que proyectan imponer al resto de la ciudadanía.
Existen dos aspectos básicos para que, un gobierno, pueda generar la confianza de la sociedad sobre la que ejerce su mandato. El primero es que, el Ejecutivo, esté formado por un conjunto de personas capacitadas para desempeñar la labor que se les pide, en cada uno de los departamentos o ministerios que integran la Administración Pública. Es obvio que, si uno busca el apoyo de los ciudadanos, lo haga desde una postura de competencia y credibilidad, que inspire respeto y confianza en que, la labor que se ha comprometido a llevar a cabo, la va a desempeñar con las máximas garantías de eficacia y honradez. El otro aspecto, se centra en que exista un eje, un cigüeñal, un engranaje común entre todos los departamentos del puzzle gubernamental, que enlace, coordine y unifique la actuación del conjunto, en busca de una política unificada de quienes nos gobiernan para el beneficio de la sociedad. Y es que, la democracia, no está pergeñada para que exista un mando único, que el presidente se arrogue el puesto de jefe máximo y se atribuya la responsabilidad de tomar todas las decisiones, sin atender a los consejos, observaciones y advertencias del resto de ministros y de las instituciones que forman parte de todo el entramado político, social, económico y financiero del país.
Lo cierto es que, a poco que queramos analizar el actual equipo de gobierno de ZP, pasados los primeros momentos de desconcierto por la importancia de la remodelación, nos apercibimos de que, en realidad, la política “zapateril” no ha variado un ápice y que todo ha sido una operación de maquillaje enfocada, seguramente, a Bruselas y al equipo de expertos económicos que siguen de cerca nuestra evolución económica y financiera. En todo caso, si el currículum de nuestro ministros no resiste comparación con sus colegas del resto de Europa, en cuanto a preparación y experiencia, como quedó fehacientemente especificado en un reciente artículo aparecido en la prensa; lo que si es cierto y, evidentemente escandaloso, es que aparezcan datos sobre el comportamiento de algunos y cifras sobre gastos de nuestros entes públicos que, en nada, pueden concertarse con los que, desde las alturas políticas se nos exige al resto de españoles. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los coches oficiales nos cuestan a los contribuyentes más de 15 millones de euros?, o ¿conocían los caprichos de Elena Salgado que utiliza el coche oficial para ir a la peluquería o a clases de Pilates y para enviar a comprar bombones a la pastelería Embassy de la Castellana? La benjamina, y no por ello la más abnegada, Bibiana Aído resulta que es amiga de salir de copas y obliga al coche oficial que la vaya a recoger a la salida del establecimiento donde acude, a altas horas de la madrugada. La señora de la Vega, que ha sido enchufada en el Consejo de Estado con un sueldo astronómico, tampoco se libra, porque obligaba al chofer a poner su coche oficial a 190 Km./h, y, cuando fueron detenidos por la benemérita, se escaqueó del tema y permitió que, al pobre conductor, le quitaran 6 puntos de carné de conducir.¡Ah!, se me olvidaba, parece ser que hay una ministra que “ tiene un Peugeot a disposición de su cocinera para que vaya a la compra, todos los días, al mercado”
Me imagino que no es una novedad para nadie lo que nos cuesta, a los españoles, la cadena oficial de TVE. Los despilfarros de las empresas públicas son notorios de modo que 3.800 de estas empresas, en estos momentos, deben 52.000 millones de euros, un 5% del PIB. Aparte del incremento desmesurado de esta clase de entidades (un modo fácil de dar ocupación a todos los paniaguados del PSOE); que han crecido de 1.636 en el 2002 a los más de 3.800 actuales; de modo que, en ocho años, han crecido en un 130%. Ahora me dirán ustedes si la congelación de las pensiones, aprobada por el Gobierno que, al parecer, representaría un coste de unos 1.500 millones de euros, se puede comparar con el despilfarro representado por todas estas empresas públicas, la mayoría de ellas sin razón alguna que justifique su existencia. Querrán agarrarse a una disposición que impide promover, en el Parlamento, cuestiones que puedan significar incrementar el coste de los PGE pero, son incapaces de desprenderse de toda esta pléyade de advenedizos, enchufados, beneficiarios de la endogamia y el clientelismo de los gobiernos autonómicos y de la Administración Central (en Andalucía, la Junta ha contratado a dedo a más de 25.000, sin que para ocuparlos en puestos de funcionarios hayan hecho oposición alguna). En cualquier caso, nos gustaría que alguien nos explicara como TVE, un ente que arrastra una deuda endémica sigue pagando a sus “protegidos”, como es el caso de la señora Cayetana Guillen Cuervo, la exorbitante cifra de ente 60.000 y 80.000 euros al mes por dos programas que ella dirige. Claro que, según dicen, la presentadora Ana Blanco percibe 200.000 euros al año. ¡Así ya me dirán ustedes como es posible que les cuadren las cuentas! Pero para los jubilados y demás pensionistas, con pensiones miserables, resulta que Zapatero no tiene ninguna partida para aumentarles sus percepciones. Por lo visto, para vivir en este país hay que pertenecer al gremio de la ceja o estar a bien con Leire Pajín. Mal vamos, señores, si quienes deben ocuparse de los humildes los miran desde sus poltronas de riqueza.
Miguel Massanet Bosch