¿Cuántos planes va a necesitar el gobierno del señor Rodríguez Zapatero para convencerse de que, desde el Estado y por medio de ayudas, subvenciones y apoyo a la banca, acompañados del intervencionismo que se desprende de este empeño en confiar, al aparato Administrativo del Estado, la misión de relanzar la economía española; no es el camino correcto para que España se recupere y sea capaz de crear empleo y salir de la crisis por la que está atravesando? Ya vamos por la edición E de los sucesivos planes, supuestamente “decisivos”, para impulsar a nuestras industrias y reactivar la confianza de los consumidores en quienes nos gobiernan; sin que, hasta la fecha, ninguno de ellos haya cosechado más que un fracaso detrás de otro. Se intentó reactivar los créditos con ayudas masivas a la banca y no dio resultado; se ha continuando invirtiendo el dinero de los españoles para sacar a las entidades financieras de sus problemas, ocasionados mayormente por sus inversiones inmobiliarias e hipotecarias, que contribuyeron de forma evidente a la formación de la famosa “burbuja inmobiliaria”, y todavía pende sobre todas estas instituciones la espada de Damocles de las deudas del sector inmobiliario, los activos inmobiliarios supervalorados y una morosidad que va rondando la cifra del 5%. Dice, la firma de análisis UBS que “aunque las preocupaciones sobre la deuda española se han suavizado persistirán hasta que el sector financiero reconstruya sus colchones contra impagos y reconstruya el capital”.
Resulta ser que, para que se cumplan estos requisitos, la banca española necesitaría entre 70.000 y 120.000 millones de euros que, evidentemente, no los tiene. ¿Deberá ser el Estado el que continúe desangrando el Tesoro, para continuar inyectando más ayudas a bancos y cajas?, ¿o será necesario que dichas entidades se sigan financiando a base de emitir más deuda privada, aumentando así esta nueva burbuja financiera? Y es que, señores, uno se maravilla de que continúen los mismos equipos directivos que fueron los que guiaron a sus bancos y cajas a la debacle del hundimiento de la burbuja inmobiliaria. ¿Un premio por su nefasta gestión o es que estos señores tienen patente de corso con el Gobierno del señor ZP, para ser los únicos en España a los que no les afecta la responsabilidad por sus actos? Ahora, el Ejecutivo, después de haber derrochado miles de millones en una supuesta campaña para reducir el desempleo, otorgando a los entes municipales ayudas para que pudieran construir equipamientos que no les hacían ninguna falta, ya que lo que, en realidad, precisaban con urgencia, era que se les proporcionara liquidez para pagar a sus acreedores y las nóminas de sus empleados; parece que ahora quiere intentar dar una vuelta de tuerca más, endeudándose más, para volver a insistir en su función de tutelaje directo de nuestra economía, para lo que no ha dudado en constituir un nuevo fondo o Plan E, de 83.000 millones de euros para “relanzar” la industria. Un plan que, si se hubiera intentando poner en práctica a comienzos de la crisis, probablemente hubiera dado mejores resultados que aquel despilfarro y falta de orientación de las primeras medidas del Gobierno al principio de la crisis; pero que, conociendo la lentitud de la maquinaria pública, la burocracia inherente a todo lo que está en manos de funcionarios y la desventaja con la que partimos, o mejor dicho, parten las empresas españolas respecto a las de otros países más adelantados, que supieron hacer sus deberes; es muy probable que ya lleguen tarde para remediar los errores del pasado.
Se vuelve a hablar de créditos gestionados a través del ICO y avales del Tesoro (¿y quién va a avalar al Tesoro?) y de otros entes públicos. Se habla de beneficios fiscales, ¿recuerdan cuando se le pedía a ZP que redujera las cargas fiscales de las PYMES y que permitiera una mayor flexibilidad de las plantillas? Entonces no quisieron aceptarlo, porque la propuesta venía de la derecha, hoy, presionados por la UE, no tienen más remedio que agarrarse a un clavo ardiendo. No obstante, esta medida, se produce cuando cientos de miles de empresas ya han desaparecido del mapa económico del país y el desempleo ha alcanzado cifras de 4.600.000 desocupados. ZP insiste, una vez más, en solucionar desde el Estado nuestra economía, persistiendo en el error de pensar que quienes saben cómo organizar una empresa, de cómo rentabilizarla, de cómo conseguir mercados y de cómo sacar provecho de una plantilla son los funcionarios, los ministerios y los gestores públicos y no los emprendedores, los directores de las empresas privadas, los expertos en marketing y, en definitiva, la iniciativa privada, que, como ha quedado demostrado por los catastróficos resultados de las economías dirigidas de detrás del telón de acero, incluida la URSS, se caracterizan por su falta de reflejos, por su nula iniciativa y por su nefasta gestión de las empresas estatalizadas.
Seguramente los 50.000 millones de deuda generada por las empresas públicas de este país le servirán al Gobierno de “garantía” para intentar enseñarles a los empresarios cómo tienen que dirigir sus empresas. Sigue insistiendo, el gobierno socialista, en la idea de que ha de ser el Estado quien dicte las normas de cómo dirigir la economía de una nación y no el libre comercio, la iniciativa privada y la ley de la oferta y la demanda, los que, en plena libertad, marquen los caminos del desarrollo financiero y económico de un Estado. Lo que sucede es que, el señor ZP, todavía no ha asumido completamente el hecho de que su gestión ha sido un desastre y se sigue aferrando a lo que le dicta su sectarismo socialista e intenta, con añagazas, engañar a quienes nos indican de cerca los pasos a seguir, desde Bruselas. Así por ejemplo, lanzó con bombo y platillos el anuncio de una “rebaja fiscal” para las pequeñas y medianas empresas (en España existen 1.410.188 pymes, según datos del ministerio de Hacienda) que se produciría de acuerdo con dos medidas. La primera, una ampliación del número de empresas que serían consideradas pymes, lo que, apenas, beneficia a unas 8.000 de ellas; la segunda, consiste en elevar el primer tramo de base imponible de 120.000 euros a 300.000 euros, lo que implica que, los beneficios hasta esta cifra, tributarán al 25%.
En realidad, esta medida nada más favorece a unas 34.750 de dichas pymes lo que en porcentaje queda reducido, según GESTHA (Técnicos del Ministerio de Hacienda) a un escaso 3%, lo que deja claro que, la medida, no tenía otro objetivo que deslumbrar a la UE, presentándola como una importante acción destinada a reactivar este sector tan castigado por la falta de liquidez y el abandono en el que lo ha tenido el Ejecutivo, desde el inicio de la crisis. Para mayor aclaración, los autores del informe, dejan constancia de que, un 48% de estas pequeñas empresas, declaran un promedio de beneficios de unos 46.901 euros (una cifra astronómicamente distante del tope del primer tramo de la base anterior al nuevo que se ha fijado). En definitiva, que si todas las medidas que piensa arbitrar el Gobierno para sacarnos de la crisis, tienen la misma efectividad que esta, no cabe duda que estaremos, de nuevo, ante un brindis al Sol.
Es evidente que ZP y su gobierno continúan confiando en seguir incrementando la deuda pública o bien, como parece que tiene en mente la ministra, Elena Salgado, volver a presionar a la ciudadanía con un nuevo aumento del IVA, lo que, si lo juntamos con los últimos aumentos de los precios de los combustibles líquidos; nos permiten poner en duda que las medidas de apoyo del Gobierno a nuestra industria, sean algo más que una nueva edición de los fracasos cosechados con los anteriores planes. Cuidado, que el tiempo se acaba y España ya no puede permitirse crear más desconfianza.
Miguel Massanet Bosch