Trampas en el solitario (por Ignacio Camacho)

DE poco va a servir bajar las pensiones o aplazar la jubilación si las autonomías continúan devorando recursos y fundiéndose el ahorro de los recortes del Estado. Los mercados de deuda hilan muy fino y ya se han dado cuenta de que estamos haciendo trampas en un ajuste con doble contabilidad. El endeudamiento de las comunidades territoriales, que administran la totalidad de los servicios públicos excepto los fondos del desempleo y la Seguridad Social, ha crecido de forma insostenible mientras la Administración central intenta embridarse a base de encoger prestaciones sociales. Una red de empresas autonómicas paralelas escapa del control fiscal mientras los ciudadanos contemplan cómo les liman sus derechos. Por ese agujero negro se escapa la competitividad española sin que la clase política sea capaz —y menos con elecciones en el horizonte— de represar el torrente de gasto que se desborda de todo cauce razonable.

La viabilidad del Estado autonómico, y en general de la propia nación española, depende de su capacidad para adelgazarse a sí mismo. El crecimiento desmedido de las estructuras regionales ha desbordado las necesidades de cohesión para convertirse en un gigantesco aparato clientelar que dilapida fondos con una voracidad incontenida, que no incontenible. La sobredimensión de esa Administración B se ha producido con el concurso y la complicidad de todos los partidos, cuyas dirigencias se muestran permisivas con el despilfarro de sus virreyes porque les garantiza la captación de votos. Sin un pacto nacional de austeridad, aplicado de forma vertical con firmeza taxativa, no habrá modo de frenar un dispendio que amenaza la estabilidad financiera del país. Eso urge más que revisar el reparto de competencias, que es el otro elemento de irracionalidad que corrompe el Estado igualitario. Entre otras cosas porque si no se produce un ajuste severo no habrá otra cosa que administrar que la quiebra de las instituciones.

La nomenclatura política se está engañando a sí misma con este doble juego, en el que por un lado se limitan prestaciones básicas de bienestar social y por el otro se permite una escandalosa elefantiasis administrativa. Mientras las autonomías no asuman el compromiso de autolimitar el gasto —con tijeras de podar, no con cortahílos—, los ciudadanos percibirán como un fraude el recorte de sus pensiones y sus subsidios. Lo es: no se puede pedir a la gente un sacrificio que no alcanza a la inmensa maquinaria de poder en que se apalancan los intereses de los partidos. La prestación de servicios básicos como la sanidad o la educación no sirve de coartada para el mantenimiento de una burocracia desmesurada y un artificio institucional caprichoso que ha subvertido el régimen autonómico con un boato califal. Esta crisis es demasiado profunda y demasiado grave para jugar al solitario con cartas marcadas.