Entre los responsables del desastre financiero ocurrido partir de 2007 en Estados Unidos, luego convertido en la Gran Recesión, están las agencias de calificación, oligopolio de tres empresas de ingresos multimillonarios que, entre otros errores y fraudes, otorgaron su máxima calificación a gran parte de las hipotecas basura. A pesar de ello, siguen impartiendo doctrina y sirviendo de guía a los operadores en esos famosos mercados financieros.
Una de ellas es Moody´s, de plena actualidad en nuestro país por su reciente informe en el que alerta de una posible rebaja a la calificación de la deuda pública. Será interesante ver en las próximas semanas a quien otorgan más credibilidad esos mercados, si esa agencia de calificación o al presidente del Gobierno y su ministra de economía.
La agencia estima que no hay un problema de solvencia sino de liquidez determinado por “las sustanciales necesidades de fondos no sólo para el estado sino también para los gobiernos regionales y los bancos”. Esas necesidades se estiman en 2011 en 170.000 millones de euros para el Gobierno a lo que hay que sumar 30.000 millones para los autonómicos y del orden de 90.000 para entidades financieras. Total, un veinte por ciento del PIB. Estos próximos meses van por lo tanto a ser muy importantes porque en ellos se concentra parte importante de las demandas totales de fondos.
La agencia, sin decirlo explícitamente, apunta dudas sobre la solvencia del país, solvencia que depende principalmente de su capacidad para un crecimiento suficiente y sostenible que permita el cumplimiento de sus compromisos públicos y privados. El problema no es sólo financiero ni mucho menos. Es un problema también de la economía real que se sintetiza en escasa competitividad. The Economist de la última semana publica un gráfico bien ilustrativo: desde 1999, introducción del euro, hasta la fecha, con un índice 100 de base de los costes laborales unitarios, mientras Alemania lo rebaja a 85 (es decir, gana competitividad por esa vía), España lo sube a 110. Sólo a través de reformas a fondo en varios campos cabe pensar en mejorar esa competitividad vía costes laborales unitarios. Más complicado aún: en el corto y medio plazo (estamos en la temida “L”), la política contractiva en aplicación reducirá los ingresos públicos y privados vía crecimiento mínimo del PIB, si lo hay, lo que hará más problemático el cumplimiento de los compromisos de deuda a todo nivel, deuda con servicio cada vez más alto por el aumento de los tipos, con nivel por encima del crecimiento previsto del PIB.
Moody´s “sigue preocupada” acerca de la capacidad del Gobierno español de aplicar esas necesarias reformas “especialmente en lo relativo al compromiso de los gobiernos autonómicos para controlar su gasto y de la capacidad del gobierno central para imponer la disciplina fiscal en el nivel autonómico”. Esa creciente y lógica preocupación, expresada desde su fundación sólo por un partido político clamando en el desierto, UPyD, hoy es aceptada por muchos, dentro y fuera, más fuera que dentro porque dentro hay muchos y poderosos intereses creados que impiden cortar por lo sano. Las cifras dadas ayer por la ministra de economía no aportan nada nuevo salvo la sospecha fundada de que faltan muchas cosas y que no vale tanto la foto fija, bastante inexacta, como la tendencia. Seguimos por lo tanto al borde el abismo mientras la orquesta sigue tocando.