Editoriales
El Gobierno apura ante su último año de mandato la incompetencia gestora y política de la que ha hecho gala desde el comienzo de la crisis
(Publicado en ABC, aquí)
LA Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo aprobó ayer una serie de recomendaciones de reforma del sistema de pensiones sin un consenso preciso y elaborado sobre los principales aspectos de este pilar del Estado de bienestar. La prolongación o no de la edad de jubilación y del cómputo de la vida laboral necesaria para cobrar una pensión discurre por el documento parlamentario envuelta en fórmulas muy genéricas, sin que finalmente se sepa a ciencia cierta cuál es la opción defendida por la Comisión. Las consideraciones generales sobre la conveniencia de reformar el sistema de pensiones dan al Gobierno el argumento suficiente para tener por cumplido el trámite del debate previo en este órgano y por concedido el aval para hacer lo que ya tiene decidido hacer el próximo 28 de enero: prolongar la edad de jubilación de 65 a 67 años, salvo las excepciones apropiadas a trabajos penosos, y ampliar el plazo mínimo de vida laboral para percibir pensión. El debate sobre estas cuestiones no tiene intriga alguna sobre cómo finalizará. De hecho, Zapatero ya anunció en Bruselas —donde se alecciona al Gobierno sobre su política económica— que la edad de jubilación aumentaría dos años. Por tanto, el loable esfuerzo de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo no se corresponde con la atención que va a prestar el Gobierno a sus recomendaciones. Y esta desafección es una mala noticia, porque las pensiones eran la única materia sobre la que existía realmente un pacto de Estado y así debería seguir siendo. El problema de este consenso blando alcanzado en la Comisión es que se produce pese a la coincidencia casi unánime de los grupos políticos sobre la inviabilidad financiera del sistema de pensiones en sus condiciones actuales. Una vez más, la falta de una agenda política hecha con rigor responsabiliza al Gobierno de que las medidas necesarias para salir de la crisis no se tomen a tiempo, de forma planificada y con el acuerdo político suficiente para comprometer también a los
ciudadanos, a los que se les priva de un mensaje constructivo sobre la razón de los sacrificios.
El Gobierno apura así ante su último año de mandato efectivo la incompetencia gestora y política de la que ha hecho gala desde el comienzo de la crisis. Medidas inconexas que comenzaron siendo unos derroches de gasto público para terminar asaltando los bolsillos de los españoles y recortando el estado de bienestar como nunca antes en treinta años de democracia.