ENCUESTA DEL INSTITUTO DYM PARA ABC
El 46 por ciento ve escaso lo que gestiona el Ejecutivo, frente al 16 por ciento que lo considera excesivo
MARIANO CALLEJA/ Madrid
(Publicado en ABC, aquí)
El desarrollo del Estado de las Autonomías se observa en la calle con una ceja levantada, con escepticismo y con la sensación de que se ha llegado demasiado lejos en la cesión de poder a las Comunidades. Lo que sigue siendo un asunto tabú para muchos políticos, la posible recuperación de ese poder por parte del Gobierno, en la opinión pública está ya perfectamente asumido, según se observa en el último barómetro del Instituto DYM para ABC. Los ciudadanos quieren sobre todo eficacia y rechazan todo lo que signifique derroche, por eso critican el exceso de descentralización cuando ésta va en dirección contraria.
La oposición lo llama «racionalización» de las administraciones públicas, es decir, evitar duplicidad de competencias y repartir el poder de manera que sea más efectivo y beneficioso para los españoles. Los ciudadanos no se andan con eufemismos y creen de forma mayoritaria que el Gobierno de la Nación conserva un poder demasiado escaso en favor de las comunidades autónomas.
Casi la mitad de los ciudadanos (el 46 por ciento) piensan que el porcentaje del gasto público que gestiona el Gobierno de España (un 20 por ciento, frente al 40 por ciento que gestionan las comunidades y a otro 40 por ciento que corresponde a la Seguridad Social y a los ayuntamientos) es claramente escaso y debería ser mayor. El 30 por ciento lo ve adecuado y únicamente el 16 por ciento opina que es excesivo y que debería ser menor que el que ya tiene. El electorado del PP es más crítico aún y los que piensan que el gasto gestionado por el Gobierno es escaso llega al 50 por ciento, frente a la misma opinión que mantienen el 46 por ciento de los votantes socialistas.
De cada 10 españoles, cuatro opinan que, en términos generales, el Gobierno de España conserva poco poder en relación con el que han conseguido las comunidades autónomas. Además, dos piensan al contrario, que tiene demasiado poder, mientras que tres se quedan en el punto medio y apuntan que mantiene el adecuado. Hay otro español, hasta llegar a esos 10, que no sabe o no contesta. La postura se radicaliza un poco más entre los votantes del PP, ya que el 50 por ciento cree que el Estado se ha quedado con poco poder y sólo el 17 por ciento lo califica de «adecuado».
Para qué sirve cada uno
¿Cómo debería ser el reparto de poder entre el Gobierno y las comunidades autónomas? A la vista de los resultados del barómetro, los entrevistados tienen claro que las comunidades pueden funcionar mejor que el Gobierno en cuestiones como la agricultura, la ganadería, la atención a las personas en situación de dependencia… y poco más.
En todo lo demás, la mayoría piensa que el Ejecutivo nacional debe tener más capacidad de decisión, y por tanto debería recuperar poder en algunas áreas específicas donde se han producido transferencias de competencias en los últimos años.
Ocurre con dos áreas muy sensibles para los ciudadanos y el Estado del Bienestar: la Sanidad y el Educación, transferidas a las comunidades autónomas. Pues bien, casi seis de cada 10 ciudadanos (el 59 por ciento) cree que el Gobierno debería tener mayor capacidad de decisión en Sanidad que las autonomías, y sólo el 37 por ciento piensa que son las comunidades las que deben gestionar más esta área clave. Ahí coinciden los votantes del PSOE y los del PP, aunque los segundos forman una mayoría más amplia a favor de dar más poder al Gobierno.
Con la Educación ocurre otro tanto de lo mismo. La mayoría de la población (el 54 por ciento) también cree que el Gobierno debería tener mayor capacidad de decisión que las comunidades, frente al 43 por ciento que ven más eficaces a las autonomías. Los simpatizantes socialistas, sin embargo, son más renuentes.
En concreto, los ciudadanos creen que el Ejecutivo debe asumir más poder de decisión frente a las comunidades en estas materias y por este orden: Justicia, desempleo, sanidad, infraestructuras, industria, comercio y educación. La mayoría es abrumadora en el primero caso (el 74 por ciento sostiene que el Gobierno debe tener más capacidad de decisión en Justicia que las comunidades), pero también resalta en el caso del desempleo, sobre todo cuando el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto un precedente al ceder al País Vasco las políticas activas de empleo, como parte del acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2011. El 60 por ciento piensa que el Gobierno debe controlar las políticas sobre el desempleo, frente a casi la mitad, un 35 por ciento, que apoya el poder autonómico en este punto.
La seguridad ciudadana divide más a la opinión pública. El 48 por ciento prefiere que esté en manos del Gobierno, mientras que un 47 por ciento opta por dejar esta competencias para las comunidades.
Después de más de 30 años de Estado de las Autonomías, los ciudadanos valoran qué han tenido de positivo las comunidades. En realidad, la nota más optimista es que han acercado la Administración Pública a los ciudadanos. Así opina el 40 por ciento, frente al 25 por ciento que no está de acuerdo. Por lo demás, los españoles creen que el Estado de las Autonomía no ha mejorado en estas tres décadas la imagen de España en el extranjero (43 por ciento, grupo mayoritario); no ha contribuido a mejorar la convivencia de los españoles (48 por ciento); no ha servido para que las comunidades gestionen con eficiencia los recursos de los que han dispuesto (49 por ciento), ni para que gestionen con transparencia sus propios recursos (58 por ciento).
Justicia, en el País Vasco y Cataluña
En Cataluña y el País Vasco se matiza la opinión general sobre el reparto de competencias. Así, la mayoría de sus ciudadanos (un 59 por ciento) también creen que el Gobierno debería tener más capacidad de decisión en Justicia, pero sin embargo darían más competencia a las comunidades en desempleo, sanidad, industria, educación, seguridad ciudadana, agricultura y dependencia. Sólo admiten dar más poder al Ejecutivo en infraestructuras. Los que piensan en esas dos comunidades que el Gobierno conserva un poder excesivo superan ligeramente a los que sostienen lo contrario (33 por ciento frente a 32 por ciento), sin embargo, un 38 por ciento sí ve que el Gobierno gestiona poco gasto público, frente a un 21 por ciento que sigue considerando excesivo lo que controla el Ejecutivo.