Cristina Andreu. Candidata de UPyD a la Presidencia de Aragón
(Publicado en EL LIBREPENSADOR, aquí)
Algunos ciudadanos esperan que un cambio en el signo del gobierno signifique un cambio en las políticas. PSOE y el PP escenifican, de cara a la galería y a sus potenciales votantes, diferencias en lo simbólico. Aparentan ser dos partidos con dos propuestas diferentes para la organización política, económica y social del país. Estas diferencias son “televisadas” a la opinión pública, para regocijo de sus fans.
Más discretamente y con mucho menor eco mediático, están de acuerdo en todas aquellas cuestiones que les permiten seguir manteniendo el control político y económico en las instituciones en las que gobiernan, o en las que aspiran a gobernar. Sirvan algunos ejemplos.
El pasado 17 de marzo, ambos votaron en contra de una reforma de la Ley Electoral que redujese las desigualdades en la adjudicación de diputados, en contra de las recomendaciones del Consejo de Estado, lo que constituye un agravio para tantos ciudadanos que no se ven representados en el Parlamento. Los dos partidos están también de acuerdo en no incrementar la subida del IRPF a las rentas más altas y en no recuperar el impuesto sobre el Patrimonio, suprimido por el PSOE. Esta medida, que favorece a las grandes fortunas, fue adoptada por un partido que se llama a sí mismo “de izquierdas”. El mismo partido sube el IVA, lo que perjudica a las rentas más bajas. La próxima vez que alguien pregunte si UPyD es de derechas o de izquierdas, éste es un buen ejemplo.
El 6 de febrero de 2009, UPyD presentó una Proposición no de Ley de austeridad y racionalización de las Administraciones Públicas y de eliminación de duplicidades y gastos superfluos y fue rechazada por ambos partidos, aunque ahora todos se suben al carro. El 25 de mayo de 2010, UPyD presentó una moción instando al Gobierno de la nación para que utilice todas su competencias constitucionales y recorte el gasto autonómico superfluo, introduciendo un techo de gasto a cada Comunidad, El PP votó en contra, igual que el PSOE.
Un mes después, el 25 de junio, en el Foro Nueva Economía, Mariano Rajoy avanzó las líneas de su programa económico: desarrollar una normativa que limite el techo de endeudamiento de las administraciones, y por “constitucionalizar los principios de estabilidad presupuestaria”. Defendió también que las cajas de ahorro que lo deseen puedan separar la actividad fundacional de la bancaria y que “es necesario hacer incompatible la condición de cargos políticos con la de miembro de órganos de gobierno de las cajas”. Calcado de UPyD, propuso lo que un mes antes había votado en contra.
Ambos partidos han mantenido la politización de los Órganos Judiciales, la dependencia del Fiscal General del Estado del poder ejecutivo, la división en 17 reinos de taifas; ambos partidos se han opuesto a propuestas para la lucha contra la corrupción en la última reforma del Código Penal. Allí donde gobiernan, ambos practican la huida del derecho administrativo, a través de multitud de empresas públicas y organismos autónomos por donde fluye el dinero público sin control. Ni Valencia, feudo del PP, ni Andalucía que lo es del PSOE, son en modo alguno ejemplo de transparencia en la gestión del dinero ni en el acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Ambos partidos también se oponen estos días a la reforma de las pensiones de los diputados que propone UPyD para igualar sus condiciones a las del resto de los ciudadanos. Lo que Rosa Díez pretende es terminar con los privilegios a los políticos, que por su condición de cargo público están éticamente obligados a dar ejemplo. Los privilegios de los que disfrutan son inalcanzables para los ciudadanos y por lo tanto, manifiestamente injustos. Como no podía ser de otro modo, PP y PSOE rechazan la propuesta de UPyD, una vez más como un solo hombre.
No hay por lo tanto, diferencias entre el PP y el PSOE en las reglas de juego para dejar las cosas como están, aunque a veces requieran un poco de maquillaje.
En lo económico, de enorme gravedad en la crisis actual, el PP se presenta con una aureola de eficiencia en la gestión. Cabe preguntarse de dónde surge esta esperanza; quizá de los réditos de su anterior época de gobierno, donde no había todavía vacas flacas. Con dinero fluyendo, no se nota tanto la ineficacia.
Todas las comunidades autónomas han sufrido un aumento de su deuda desde el comienzo de la crisis en 2008, pero la única que ha crecido sin cesar desde 1995 (año en el que el PP llegó al poder en la Comunidad Valenciana) y a un ritmo de vértigo ha sido la valenciana, incluso durante los años de crecimiento económico, la única que ha sufrido un avance imparable de su deuda hasta colocarse en la friolera del 16% del PIB, la mayor de España.
Según el INE los territorios que han experimentado una mayor recesión de su PIB durante 2009 han sido: Aragón: (-4,4%), Comunidad Valenciana (–4,3%) y Canarias (–4,2%). Respecto al PIB per cápita, la Comunidad Valenciana (20.259) vuelve a situarse por debajo de la media nacional (22.886). Quince años de gobierno del PP la han situado como la séptima Comunidad más pobre de España en renta per cápita. Por debajo de la Comunidad Valencia, sólo quedan Galicia, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.
La agencia Fitch revisó el pasado 1 de octubre la calificación de la deuda de la Generalitat para rebajarla de A+ a A con perspectiva negativa. La agencia cita varias sociedades públicas con graves problemas de apalancamiento financiero y acumulación progresiva de pérdidas: CIEGSA, RTVV, CACSA (Ciudad de las Artes y las Ciencias SA), el IVVSA, FGV, Proyectos Temáticos, Epsar o el Ente Gestor de Infraestructuras). El BBVA asegura que Valencia saldrá de la crisis 2 o 3 años después que el resto de España, por la brutal deuda que ha generado y los déficits fiscales. La tasa de paro en esta Comunidad fue del 23,8% en el segundo trimestre de 2010, la tercera más alta de España. La Comunidad Valenciana es la sexta Comunidad Autónoma con salarios más bajos. Por mucho que lo repita el PP, su gobierno en Valencia ni crea riqueza ni crea trabajo, sólo deuda. La deuda del Ayuntamiento de Madrid hace sonrojar al propio PP.
En el plano social, las CCAA en las que gobierna el PP, la Ley de Dependencia tiene los peores índices de aplicación, como en la CA de Valencia en la que el 42% de las personas con derecho reconocido esperan recibir las ayudas y en Madrid el 76%. En Educación, es la tercera autonomía que menos invierte y la que peores resultados obtiene en primaria. El Partido Popular ha destruido la costa mediterránea en un modelo de desarrollo insostenible, haciendo de la construcción salvaje su modelo de desarrollo. En I+D+i invierte un 30% menos que la media española. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, con un presupuesto inicial de 311 millones de euros, tuvo un coste superior a 1.200 millones, con multitud de irregularidades como denuncia la Sindicatura de Comptes.
El PP se ha sumado al discurso de UPyD a favor de la lengua común, pero las políticas lingüísticas lideradas por el PP en Valencia y en Galicia desde hace años no tienen nada que envidiar a las más radicales políticas practicadas por los nacionalistas del País Vasco o Cataluña, cuya senda siguen los socialistas. Ha copiado de Rosa Díez el discurso de “los 17 reinos de taifas”, pero Rajoy declara que es imposible retirar determinadas competencias a las comunidades autónomas.
PP y PSOE son las dos caras de la misma moneda, están de acuerdo en cómo manejar el tinglado. No hay diferencias sustanciales entre un partido y otro, sólo escénicas. Ambos han colonizado todos los niveles de la administración, de los medios de comunicación y de los centros de poder, pulverizando la separación de poderes y no están dispuestos a disminuir ni un ápice sus dominios. Ahora, ambos partidos dicen estar dispuestos a negociar para adelgazar el estado autonómico y racionalizar el gasto, pero cuando tienen ocasión de adoptar resoluciones para hacer efectiva cualquier medida en este sentido, votan en contra. Aunque los ciudadanos tengan que pedir para comer y el país se desangre.
Por eso es necesaria una alternativa que fundamente su existencia en profundizar la regeneración democrática, la devolución del control al ciudadano mediante medidas como la reforma de la Ley Electoral y una Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, y que garantice la igualdad de los ciudadanos en sus derechos y obligaciones, por encima de los territorios. El compromiso público de Unión, Progreso y Democracia para las próximas elecciones del 2011 es que sólo apoyará, en aquellas instituciones a las que acceda, a aquellos partidos que se comprometan a la reforma de la Ley Electoral y del sistema educativo. No queremos cargos a cambio, no queremos más de lo mismo, queremos cambiar las cosas.