Mucho nos tememos que, los peores presagios que se podían hacer respecto al gobierno del señor Rodríguez Zapatero, no sólo se van confirmando, en cuanto a su ineficacia para desenvolverse en una situación de crisis económica y en unos momentos de gran deterioro de la situación social de gran parte de la población española –que ha tenido que reducir de una forma drástica su nivel de vida –; sino que, para más de cuatro millones y medio de personas, la vida se ha convertido en una verdadera penuria al haber perdido su trabajo –existen familias en que todos están en paro –, y haber tenido que conformarse con cobrar el subsidio (aquellos que todavía lo siguen cobrando), sin saber si podrán volver a trabajar, sea por su edad o sea por el tipo de trabajo que estaban desempeñando anteriormente o, si van a tener que perpetuarse en tan desalentadora situación.
Es evidente que, a medida que el PSOE, va apercibiéndose de que las posibilidades de alcanzar el poder en los comicios del 2012 se van diluyendo; constata que una importante porción del electorado, que los apoyó en el 2004 y el 2008, ha perdido su entusiasmo, se han desencantado y lamentan haber cometido tal equivocación, a la vista de los resultados de tan arriesgada aventura; se está produciendo, en las filas socialistas, un corrimiento hacia la izquierda, de modo que, un gran sector del partido, que no se resigna a volver a estar bajo la batuta de la derecha, que sabe que se les está acabando el momio y las bagatelas y que es posible que, cuando entre el nuevo gobierno de derechas, salgan a la luz una serie de chanchullos, componendas o prevaricaciones, que puedan llevar a algunos de ellos a tener que rendir cuentas ante los tribunales de la Justicia; parece que lo que no se puede conseguir de una forma democrática, limpia, por los mecanismos legales y ejerciendo la defensa de su proyecto político por los cauces habituales en cualquier Estado de Derecho; están pensando en valerse de otros medios menos transparentes, más sofisticados y menos ortodoxos, que les permitan alcanzar aquellos objetivos que, en un enfrentamiento cara a cara con el partido de la oposición, quizá les resultaría una tarea demasiado ardua y complicada, con pocas posibilidades de salir triunfantes de ella.
De ahí que, en estos últimos meses y paralelamente a la actuación del Ejecutivo, obligado por mor de la grave situación financiera y económica de España a darle un giro de 180º a su antigua política, con la que pretendía enfrentarse a la recesión, ha debido someterse, a contrapelo, a las instrucciones de Bruselas para que, el BCE, nos compre la deuda pública que precisamos para que el Gobierno pueda hacer frente a sus, cada vez más perentorios, compromisos de pago en la renovación de la deuda vencida y, de paso, poder atender al pago de las subvenciones de los desempleados que, en lugar de decrecer, como sería deseable, se empeñan en seguir aumentando mes tras mes; parece que, en el PSOE, se ha puesto en marcha una estrategia de desgaste encaminada a intentar poner nervioso al PP mediante tácticas de guerrillas en cada una de las autonomías en las que, el PP, gobierna y, también, en aquellas otras en las que parece que tiene grandes posibilidades de gobernar después de los comicios del próximo mes de mayo. Los ejemplos no han tardado en llegar y así hemos visto los sucesos de Murcia, en los que han intervenido, no sabemos si como simples espectadores o como instigadores, miembros del PSOE que aspiran a ocupar importantes cargos electivos.
Pero, junto a esta campaña sucia, de desprestigio e intentos de atemorizar al adversario, es evidente que al Gobierno le ha entrado una fiebre legislativa con la que, seguramente, pretenden lo que antes se denominaba como “campaña de tierra quemada” que, para el caso del que tratamos, se pudiera traducir en dejar todo un sistema de normas que recojan lo más extremo de la política y el ideario socialista, lo más trasnochado del filo comunismo y lo más repugnante del totalitarismo de izquierdas. Lo que comenzó con la aprobación de la famosa ley sobre la facultad de abortar libremente de las mujeres; ha ido siguiendo con una serie de medidas que pretenden completar la llamada “liberación” de la mujer, pero que lo que pretenden es beneficiarlas en situación de desigualdad respecto al hombre. La señora Pajín ya nos anunció un proyecto de ley, “Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación”, que pretende parafrasear el Artº14 de la Constitución, añadiendo unos supuestos que no figuran en ella e incidiendo en supuestos contemplados en nuestro Derecho Penal, con la particularidad de que se incluyen dos nuevas causas: la enfermedad y la “identidad sexual” que, como se desprende de su enunciado, levantarán chispas, por constituir un posible atentado a los derechos fundamentales de los ciudadanos (Artº 20 de la Constitución).
Pero, lo que más les preocupa ahora a los socialistas es que, la supremacía que tienen en materia de información: la de la prensa escrita, las TV y la radio, si bien sigue siendo abrumadora, sin embargo, han aparecido algunos medios de comunicación, dirigidos por formidables profesionales de reconocida competencia que, cada vez más, se van haciendo con grandes cuotas de audiencia; no precisamente, como pretenden hacer creer aquellos a quienes les escuecen las informaciones que en tales medios se ofrecen, sino porque, precisamente, se denuncian sin ambages y sin miedo, todos los puntos flacos del Gobierno y de su administración, se da a conocer lo que, al Ejecutivo, no le interesa que se sepa y se ponen en cuestión los chanchullos, las arbitrariedades y los excesos de algunos miembros del PSOE, que son puestos en cuestión y se denuncian para ponerlos en evidencia ante la ciudadanía. El hecho es que, algunos miembros del Gobierno han empezado a acusar el impacto de esta parte de los medios y, como no podía ocurrir de otra forma – recordemos la Ley Sinde y sus pretensiones de controlar Internet y poder cerrar páginas web bajo la excusa de preservar a los ciudadanos de “sus malas influencias” – han decidido poner remedio a lo que consideran como “excesos” de los periodistas y, en vista de ello, ni corto ni perezoso, han decidido aplicar la “ley de la mordaza”, esto si, camuflada bajo la capa de piel de borrego, por una repentina, tardía y sospechosa preocupación por los niños (qué curioso les preocupan los contenidos televisivos y no les preocupa abrir los ojos inocentes de los niños con la cuestión sexual, precisamente, la que ha fomentado la generalización de acoso y violaciones de menores)
El señor Jáuregui, de repente moralizador, habla de “banalización”, “entronización falsos valores”, ¿qué es lo que hace la EpC más que esto que usted denuncia? y, sin embargo, no la eliminan ¡a esto se le llama doble moral, señor mío! Pero donde llega el meollo de la cuestión es cuando el señor ministro de la Presidencia, con cara inocente y de buena persona, mete el rejón a la libertad de expresión: “valores devaluados de convivencia”, “climas de crispación y enfrentamiento” y, presten atención, “La agresividad, la descalificación y el enfrentamiento” como parte del espectáculo, como condición de la audiencia. Claro ¿no? En efecto, a esto se le llama lisa y llanamente: CENSURA; algo que parecía ya desterrado de España. Y, como complemento, la consecuente GESTAPO, otro organismo más de control, como la CAC de Barcelona ¡con facultad para sancionar! ¿Quién será el que determine la “agresividad” de una emisora de radio; quién la descalificación o el enfrentamiento? Un organismo que, incluso podrá retirar licencias. España entra en la égida del más puro bolchevismo. ¡Dios nos ampare!
Miguel Massanet Bosch