Está visto que la libertad de expresión de los españoles, aquella que la Constitución dejó tan claramente definida en su artículo 20 y lo que debería ser, en cualquier Estado moderno, algo indiscutible e indiscutido, especialmente para los poderes públicos; se ha convertido en motivo de preocupación para los partidos políticos, se ha pretendido confundirlo con los excesos libertarios de algunos inconformistas antisistema y se intenta desvirtuarla o limitarla, a través de leyes sesgadas, de intromisiones en la privacidad de los ciudadanos y de controles sobre los medios de comunicación, fueren cuales fueren; pretendiendo ponerle vallas al campo de la información; algo así como si nos quisieran privar de la libertad de mirar las estrellas del firmamento. Si algunos se han venido quejando de los años de la llamada “dictadura franquista” alegando la “falta de libertades” la imposibilidad de manifestarse libremente y la censura que existía sobre los medios de comunicación, deberían ahora explicarnos el motivo de que, en apenas unos pocos días, se hayan puesto sobre el tapete dos normas que, cada una por si sola, no es más que un intento de ponerle la mordaza a la información libre y a la expresión, aquellas a las que tiene derecho todo español, sea en periodo de elecciones ( un tiempo en el que es más necesario saber la verdad, para poder orientar el voto hacia el mejor candidato) o fuera de él, porque, señores, cuando se argumenta en la nueva ley electoral aprobada en el Senado, con el consenso del PSOE, PP y nacionalistas vascos y catalanes, que “las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo las televisiones privadas deberán respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las instrucciones que a tal efecto, elabore la Junta Electoral” no podemos menos de preguntarnos si, durante el resto del tiempo, fuera de la campaña electoral, se les da manga ancha para que puedan ser violados en ellas los principio de “pluralismo” e “igualdad”. ¿Puede el Estado reglar la información privada? ¡Claro que no!
La cuestión es que, según parece, las televisiones privadas van a ser sometidas al control público. Las Juntas Electorales podrán controlar los contenidos de las tertulias y las entrevistas que tengan alguna relación con las campañas electorales ( es decir, de un 90% de ellas, porque es evidente que en tiempo electoral el tema recurrente se centra en los candidatos, las encuestas y las opiniones que sobre todo ello tiene los tertulianos). Lo que nadie dice es ¿quién va a controlar a las Juntas Electorales y cómo?, tampoco sabemos cuáles serán los criterios que van a primar en ellas a la hora de decidir si una emisora privada, una tertulia de expertos o la misma dirección del medio se ha pasado en la defensa de una especial tendencia política, un partido con el que se sienta sintonizada o, incluso, haya puesto como chupa de domine a algún candidato con el que no sienta la menor cercanía o aprecio. ¿Querrá esta postura de la nueva ley poner en entredicho la libertad de que en las distintas emisoras o televisiones se pueda hacer campaña a favor de una postura política y atacar la otra, como parece que ocurre en todas las televisiones privadas de aquellos países en los que está implantada la democracia como los EE.UU. de América o el mismo Reino Unido?
No sé si serán aprensiones mías o es que soy muy sensible a todo lo que pueda significar prohibir, vigilar, entrometerse en lo privado o impedir que se puedan expresar en cualquier parte, en cualquier momento, ante cualquier persona y sin traba o cortapisa alguna, excepto la buena educación y el respeto evidente por la verdad. No entiendo o puede que sí lo entienda pero no quiera reconocerlo, el hecho de que el PP haya entrado en semejante contubernio, haya apoyado algo que puede que tenga la apariencia de ser una medida para preservar la limpieza del proceso electoral y que, en principio, pueda beneficiar a todos los partidos en liza; pero esto que sí les corresponde hacerlo a las cadenas públicas, en las que se establecen turnos de aparición de cada partido en forma proporcional al número de escaños de los que dispone, algo que también me parece injusto ya que, al iniciarse una nueva campaña, todos deberían partir de la misma línea y disponer del mismo tiempo para poder exponer sus respectivos programas gozando de los mismos espacios y tiempos que sus adversarios políticos. En el caso de las radios y TV privadas ya se tratan de higos de otro costal, puesto que no dependen del Estado más que, en todo caso, en cuanto a que se atengan en sus espacios a las reglas marcadas por las leyes vigentes en el país y, si se juzga que las infringen, les corresponderá a los tribunales de justicia el determinar si han incurrido o no en un ilícito penal o administrativo.
Tanto en la ley que se ha sacado de la manga la ministra Pajín, la “Ley Integral de Igualdad de Trasto y no discriminación” como en esta modificación de la Ley Electoral de 1.985, subyacen, bajo la apariencia de velar por la igualdad y la no discriminación, unas peligrosas, subrepticias, manipuladoras y tendenciosas posibilidades de puentear el artículo 20 de la constitución convirtiendo al Gobierno, por medio de las Juntas Electorales, en un vigilante del proceso electoral, amordazando la libertad de expresión privada, que ahora empieza por las televisiones privadas y más tarde se extenderá a las radios y, si no se les paran los pies, a los mismos ciudadanos que, en definitiva, acabaremos sometidos a un régimen policial semejante al de la KGB bolchevique. No es de recibo que, valiéndose de una supuesta vigilancia de la rectitud del proceso electoral, se nos prive de la información a la que tenemos derecho los ciudadanos que, en la mayoría de casos, servirá de base, junto a nuestras ideas particulares, para acabar de conformar la orientación de nuestro voto. Es muy curioso que el Gobierno, que lleva siete años influyendo en la televisión pública, la TV1, una televisión que, junto a otras que lo apoyad, se ha destacado por su intento constante de lavado de cerebros, siempre apoyan las tesis gubernamentales e informando torcidamente a una audiencia demasiado crédula y fácil de dirigir; ahora, cuando las perspectiva electorales se les vuelven en contra, sean los que pretendan vigilar, mediante un control más estricto, a quienes presumen que les pueden perjudicar como, por ejemplo, la TV de Radio Economía que, al parecer, se ha convertido en la pieza a batir, no sólo para el PSOE sino, y esto resulta de verdad incomprensible, por el propio PP.
Son ya muchos los derechos que se nos han recortado, son muchas las libertades que hemos perdido y son demasiados los ejemplos que, constantemente, tenemos de una Justicia demasiado cercana al poder; de unos fiscales que han dejado de ver delitos en los miembros de determinados partidos afines al Gobierno; demasiados los miembros del TC que se declaran de izquierdas y mucha la condescendencia con aquellos gobiernos autonómicos que no cumplen las sentencias de los tribunales y se rebelan contra el Estado de Derecho. En este país la revolución de las izquierdas no procede de la calle como ha ocurrido en Túnez, no señores, aquí la revolución se está cuajando desde las mismas instituciones, ante el papanatismo de determinados estamentos a los que les correspondería mantenerse ojo avizor, sabiendo que el enemigo se oculta en la sombra y, en ocasiones, la traición a la patria, a España, la tenemos ante nuestras propias narices sin darnos cuenta, quizá por ser demasiado evidente. No sé como acabará este país pero, si nos convertimos en otra Venezuela, algunos deberían ser juzgados como viles traidores y, como tales, ser condenados por la Historia.
Miguel Massanet Bosch