Será necesaria la autorización judicial para la idenfiticación de los prestadores de servicios de internet y para ejecutar las medidas de cierre de páginas
Mariano Calleja / Madrid
(Publicado en ABC, aquí)
El Gobierno, el Partido Popular y CiU han cerrado esta tarde un acuerdo sobre la polémica «ley Sinde». En primer lugar, será imprescindible la autorización judicial para la identificación de los prestadores de servicios y para ejecutar las medidas de cierre de páginas, con lo que se consigue una plena protección de los artículos 18 y 20 de la Constitución, relacionados con el secreto de las comunicaciones, la libertad de expresión y de información, como quería el Grupo Popular.
Otro de los puntos más importantes del acuerdo a tres bandas se refiere al compromiso del Ejecutivo para la modificación del canon digital en un plazo de tres meses. El Gobierno se compromete a ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que prohibía el canon indiscriminado. Se trata de una reducción del polémico canon, pero no de la eliminación completa.
El acuerdo se ha producido tras el intercambio de papeles que se ha producido a lo largo de toda la jornada. La llamada «ley Sinde», una disposición añadida a la Ley de Economía Sostenible que permitía cerrar páginas de internet con contenidos sin permisos del autor, fracasó estrepitosamente en el Congreso, y significó la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno en la legislatura, al quedarse solo en su apoyo. Ya en el Senado, los socialistas decidieron negociar con el PP y CiU un cambio más en profundidad de la «ley Sinde», que ahora mismo ya es otra cosa totalmente distinta.