ESPAÑA. Definitivamente, el precedente del Senado no tendrá su traslación en la Cámara Baja. PSOE y PP, a los que sumarán los votos de UPN y UPyD, frenan este martes el frente nacionalista que, tal y como ya adelantó la Cadena COPE, busca imponer el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso.
La revuelta al unísono de CiU, PNV, ERC, BNG, Nafarroa Bai e Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña para imponer el plurilingüismo en el Congreso de los Diputados se topará este martes en la sesión plenaria con la negativa de la mayoría parlamentaria. PSOE y PP, pero también UPN y UPyD, frenarán en seco las aspiraciones nacionalistas de convertir la Cámara Baja en una suerte de Torre de Babel.
El precedente del uso del “pinganillo” en el Senado no llegará al Congreso. Los nacionalistas vieron el cielo abierto cuando se permitió hablar en cualquiera de las cinco lenguas cooficiales en la Plaza de la Marina y buscaron trasladar la iniciativa a la Carrera de San Jerónimo. Lo hicieron registrando una proposición de reforma del reglamento de la Cámara Baja.
En su propuesta, que fue adelantada por la Cadena COPE, los solicitantes subrayaban que la Constitución proclama la voluntad de proteger “el castellano” y “las demás lenguas españolas” que (…) deben ser objeto “de especial respeto y protección”, razón por la cual los nacionalistas abrieron la posibilidad de avanzar hacia el reconocimiento de las lenguas cooficiales en la Administración general del Estado y en sus órganos constitucionales.
A ello, sumaron el hecho de que el Reglamento del Congreso no menciona cuáles son las lenguas que pueden utilizarse en las sesiones parlamentarias y en el conjunto de su actividad. De hecho, apelan a los artículos 69 a 77, donde se regula la forma de proceder en los debates y en los turnos de palabra, y en ninguno de ellos se hace mención a la lengua de uso.
De igual forma respecto al título “De las interpelaciones y preguntas”, que engloba los artículos 180 a 190. Hasta hoy, advertían, se ha interpretado que la lengua de uso debía corresponder al castellano. A más a más, CiU, PNV, ERC, BNG, NaBai e IU-ICV, echaron mano, entre otros argumentos, del compromiso de José Luis Rodríguez Zapatero “de proceder a impulsar el reconocimiento y normalización de las lenguas cooficiales en las instituciones europeas, que permitía reconocer unos usos oficiales orales y escritos de las mismas ante tales instituciones”.
A la postre, los firmantes reclamaban la plena normalización de la utilización oral y escrita de las distintas lenguas como “reflejo de la madurez democrática de nuestras instituciones”. Y así, proponían reformar el artículo 6 del reglamento del Congreso – el dedicado a los derechos de los diputados – para que sus Señorías tuvieran derecho a utilizar cualquiera de las lenguas que tengan el carácter de oficiales en los siguientes supuestos:
Presentación de escritos, incluyendo cualquier iniciativa parlamentaria ante el Registro de la Cámara por los Grupos Parlamentarios y por los diputados/as, y su publicación posterior, que se reproducirá en las versiones en que hubieran sido presentados, así como, en su caso, su traducción en castellano.
Las intervenciones que se produzcan en el Pleno, la Diputación Permanente y las Comisiones. Añadían una Disposición Adicional según la cual: Los ciudadanos y las instituciones podrán utilizar en los escritos que dirijan al Congreso cualquiera de las lenguas de carácter de oficiales en alguna Comunidad Autónoma.
La iniciativa quedará en agua de borrajas a última hora de este martes cuando sea rechazada por la mayoría del Congreso, por lo que solamente se seguirá permitiendo el uso del castellano como herramienta de trabajo. Aún así, la polémica promete estar servida y los nacionalistas harán mucho ruido durante el debate. A más a más, los socialistas deberán hacer verdaderos equilibrios para defender la traducción simultánea en una cámara, aunque invoque el reflejo del carácter territorial, y desestimarla en otra.
En el pretendido canto a la diversidad surge además la cuestión de la factura en tiempos de vacas flacas. La utilización del pinganillo cuesta al Senado unos 12.000 euros por sesión y el presupuesto anual estimado es de 350.000 euros.