Es posible que al señor vicepresidente del Gobierno, don Alfredo López Rubalcaba, le resulte molesto que, en el Congreso, se le venga recordando, con asiduidad, el caso Faisán; uno de los más bochornosos ejemplos de la posible connivencia de algún sector concreto de la policía con los terroristas de la banda ETA, si es cierto, como parece que existen suficientes indicios, de que se produjo un chivatazo para avisar a los etarras de que se preparaba un dispositivo policial para proceder a su detención en el Bar Faisán propiedad de Josefa Elosúa.. Es comprensible que no resulte plato del gusto del ministro de Interior el que, el señor Gil Lázaro, del PP, siga insistiendo en un tema en el que el señor Rubalcaba se siente evidentemente molesto y que, a tenor de sus gestos y sus reacciones un tanto desabridas, no logra encontrar una salida airosa. Precisamente, en estos días en que parece que se está abriendo la veda para que los galgos de la política socialista, retenidos en el punto de salida tascando el freno de la impaciencia, puedan poner todo su potencial a prueba para ver quien se hace con la liebre, que les pudiera alcanzar el primer puesto en la meta que les permitiría conseguir el ansiado premio de competir como aspirantes a la Jefatura del Estado; el hecho de que se le recuerde, constantemente, el estar sobre el avispero de un caso tan bochornoso, antipatriótico y rastrero como es el de que, funcionarios, a las órdenes del ministerio del Interior, pudieran haber incurrido en “delitos de colaboración con banda armada” y “revelación de secretos por parte de funcionario público”, es evidente que pudiera llegar a salpicarle particularmente, en cuyo caso, sus aspiraciones a presidir el Gobierno quedarían convertidas en cenizas.
No obstante, es importante no perder de vista el hecho de que, el señor Rubalcaba, es el único superviviente de aquel feo asunto de los GAL que hizo caer el gobierno del señor González y tampoco podemos olvidar que salió ileso de aquella pifiada cometida por Zapatero cuando quiso asegurarse su reelección, negociando una “salida airosa” para los terroristas de ETA, de espaldas al Parlamento y al partido de la oposición a pesar de que estaba vigente la Ley de Partidos y el Pacto Antiterrorista. El otro alto cargo que está sobre el filo de la navaja, el señor Manuel Chávez, vicepresidente del Gobierno, quien, a pesar de haberse educado en el colegio de los Salesianos de Utrera, parece que no conserva los principios que se le debieron inculcar por los frailes; ya que, su concepto de la Justicia y la legalidad, aún siendo un profesor de derecho, no parece que sea muy correcto dados los actos que, presuntamente, se le atribuyen; aunque él se defiende, como gato panza arriba, arguyendo que no ha sido imputado por ello. Y aquí es el punto en el que vienen coincidiendo todos los casos de irregularidades administrativas o hechos delictivos que, de una manera directa o indirecta, puedan afectar a miembros importantes del PSOE; en los que, tanto el señor Conde Pumpido, como sus subordinados los fiscales, se olvidan de que su función es representar al Estado en su función de perseguir a presuntos delincuentes, para convertirse, automáticamente, en abogados defensores de los que parece que tienen influencias sobre ellos.
Un ejemplo de los más recientes es el del fiscal de la Audiencia Nacional, señor Carlos Bautista, el que actúa en el caso Faisán, el del “chivatazo”; quien, en la tramitación de dicho expediente, ya ha cambiado de opinión tres veces: la primera cuando pidió que se archivase el caso; la segunda cuando reconsideró su postura y parecía que se apuntaba a las tesis del juez Ruz y, en una tercera ocasión, en la que, vayan ustedes a saber por qué oscuros vericuetos, ha vuelto a mantener que uno de los delitos que se les imputaban a los policías acusados, el de colaboración con banda armada no les es aplicable a quienes, sin embargo, parece que advirtieron a los delincuentes para que huyesen antes de ser detenidos por la policía. Lo curioso es que esta idea no se le ha ocurrido hasta que el caso ya lleva durmiendo en el juzgado varios años, lo que denota o que el señor fiscal es lento en sus deducciones o es que alguien le ha dado la orden de darle largas al asunto para que no le pille al señor Rubalcaba en un momento que puede resultar muy inoportuno para sus intereses electorales. En todo caso, nos chocan algunos detalles que se han registrado en apenas dos meses: el primero, la larga conversación del señor Bono con Rubalcaba; la desaparición de la escena política del vicepresidente por enfermedad, precisamente en unos momentos en los que la presión de la Justicia sobre él parecía que se iba haciendo insoportable y, en tercer lugar, esta jovial y nos atreveríamos a decir, agresiva reaparición en el Congreso, en la que se ha permitido hacer bromas y chistes acusando al señor Gil Lázaro de que sin él no era nadie. ¿Qué habrá pasado para esta súbita resurrección? Algo, sin duda, que le ha dado ánimos.
Mucho nos tememos que los incumplimientos de los requerimientos hechos por el juez Ruz para que el ministerio del Interior enviase documentos no sean más que intentos de ocultación de determinadas pruebas que pudieran ser determinantes para el descubrimiento del posible delito; es posible, también, que el truco utilizado por el fiscal del caso, señor Carlos Bautista, al pedir que se retire la acusación de “colaboración con banda armada”, haya rebajado la presión sobre Rubalcaba ya que, de considerarse por el Tribunal los argumentos del fiscal, el delito de “revelación de secretos” pasaría a depender del juzgado de Irún, debido a que la Sala Segunda de lo Penal de la AN perdería la competencia para instruir el caso. Hasta aquí los trucos legales, sin embargo, uno se pregunta ¿a qué se debe el interés del ministerio del Interior en quitarle importancia a este gravísimo caso de connivencia con la banda terrorista?, ¿pretenderían justificarlo, porque se estaba negociando con la banda y no querían que hubiera detenciones? O ¿es posible que un señor ministro, al frente de Interior, se valga de sus subordinados para obstruir el camino de la Justicia?, y aún más ¿es lícito que, desde el Gobierno, se utilice a los fiscales, se los manipule y se les aleccione para que intenten torcer el curso de la instrucción de una causa, en perjuicio de la verdad y del derecho de los ciudadanos a que se imparta justicia, fuere cual fuere la categoría y el rango de la persona sobre la que recae la acusación?
Es evidente que, en la actualidad, existen dos varas de medir en la Justicia española; que hace que los ciudadanos desconfiemos del Estado de Derecho en España. Se ha venido demostrando, en numerosas ocasiones, a través de los siete años de gobierno socialistas, que la Constitución ha sido puenteada a favor de conveniencias políticas, como se ha demostrado con el Estatut catalán; el caso de la enseñanza del español en distintas comunidades; la falta de ejecución de numerosas sentencias por parte de los fiscales; la diligencia con la que se actúa en los casos de presunta corrupción del PP, con escenificación de detenciones, colocación de grilletes etc; mientras se han ido retrasando las diligencias contra los casos de corrupción del PSOE, en los que, a los fiscales, parece entrarles pereza de actuar. Un flaco servicio a la credibilidad del Gobierno, un atentado a la imparcialidad de la Magistratura y un vergonzoso y torticero ejemplo de cómo la izquierda se vale de todos los trucos para defender a los suyos, caiga quien caiga y perjudiquen a quien perjudiquen, aunque fueren los derechos constitucionales de los españoles. O esto es lo que pienso yo.
Miguel Massanet Bosch