Proteger la Constitución equivale hoy a reformarla para garantizar su vigencia
La Constitución no está grabada en mármol y no deben ignorarse las energías que brotan para reformarla. Abundan las propuestas entre los partidos políticos que compiten en la carrera hacia las elecciones generales del 20 de diciembre, desde los defensores del Estado federal (PSOE) hasta los partidarios del derecho a decidir (Podemos, IU); desde los que proponen reforzar la protección constitucional de ciertos derechos sociales (Ciudadanos y las opciones de izquierda) hasta los que plantean cambios de las reglas electorales o la supresión del Senado. Sin entrar ahora en cada una de esas ideas, lo que importa es dejar claro que la máxima ley es reformable, 37 años después del referéndum en que fue ratificada.
La excepción procede del Partido Popular, al que los sondeos dan como ganador del 20-D. El PP ha excluido toda propuesta de reforma constitucional en su programa electoral. Las tímidas expectativas abiertas por el propio Mariano Rajoy en el verano pasado han cedido hasta el punto de no incluir alusión alguna en el programa electoral. Sin embargo, el presidente y candidato acepta la posibilidad de discutir algún cambio, no por su propia iniciativa, sino a partir de las que presenten los demás partidos, con una serie de líneas rojas basadas en la unidad de España y la igualdad de derechos de los españoles.
La perspectiva de un Parlamento probablemente más fragmentado que el anterior no debe dar alas a las voluntades inmovilistas. Es una obviedad que la Constitución necesita de un amplio consenso para su reforma, dadas las mayorías reforzadas que los constituyentes establecieron en caso de intentarlo. La cuestión es si el consenso se plantea como un requisito previo a cualquier tipo de reforma o debe ser el resultado de dinámicas tan inherentes a la vida política como son la negociación y el compromiso. Desde este punto de vista, un Parlamento sin mayoría absoluta de un solo partido funcionará de un modo necesariamente distinto a lo que hemos vivido entre 2011 y 2015. Es deseable que los contactos y la transacción entre las diversas minorías sustituyan a los titubeos y los bloqueos de tiempos recientes, de forma que pueda discutirse la reforma constitucional en la próxima legislatura. Hay que apelar a la capacidad de construir acuerdos que permitan regenerar la vida política, y la reforma constitucional puede ser un buen eje vertebrador de cambios muy reclamados en el funcionamiento de la vida pública.
Defender la máxima ley equivale hoy a reformarla para asegurar la pervivencia de los fundamentos de nuestra organización política y sanear lo que no funciona. Incluso Podemos, que hasta hace muy poco tiempo defendía la necesidad de un proceso constituyente completo, ha desistido de tal objetivo en beneficio de una serie de cambios minuciosamente citados en su programa electoral. Nadie que aspire a opciones de gobierno puede renunciar a un elemento vertebrador de la democracia, que ha rendido buenos servicios a los ciudadanos en términos de garantía de las libertades y del reparto del poder. Lo que tampoco tiene sentido es aplazar o bloquear toda reforma.