David Ortega Gutiérrez (Publicado en El Imparcial, aquí)
En los Estados maduros y democráticos hay materias que están por encima de intereses electorales o partidistas, que no se cuestionan, que están fuera de la refriega política. Esto es fruto de la conquista, con el paso de los años -incluso siglos-, de lo que normalmente se denomina sentido de Estado o Institucional. La vertebración y consolidación del Estado y de sus Instituciones es labor que se logra con mucho esfuerzo y tiempo, que es responsabilidad de todos preservar, pero especialmente de los responsables políticos. Así se hizo en nuestra transición política, poco a poco se fueron poniendo las piedras y los pilares del Estado democrático, los poderes constituidos o poderes del Estado fueron desarrollando el sistema político diseñado en nuestro Pacto constituyente o Constitución de 1978.
En esos primeros años los acuerdos o consensos fueron claves para avanzar, los diferentes Pactos de Estado -los de La Moncloa tuvieron especial eco- en distintas materias se imponían para la estabilidad económica, el desarrollo autonómico, la imparcialidad de la justicia, etc. Sin embargo, paulatinamente nos fuimos deslizando por sendas peligrosas. En 1985 se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y su Consejo General u órgano de gobierno queda herido de muerte. En educación nunca se llegó a un gran pacto político, UCD, PSOE, PP y nuevamente PSOE (Zapatero) impusieron sus leyes educativas, todo ello agravado por la temprana e irresponsable cesión de esta materia en la década de los 90 a las Comunidades Autónomas. Y desde los primeros años del nuevo milenio el independentismo vasco y catalán se tiro al monte rompiendo la esencia de cualquier Estado democrático y consolidado: su unidad. En las democracias maduras lo esencial no se discute, los grandes principios son intocables. La Constitución de 1978 en este sentido es muy clara, basta leer su artículo 2 que regula “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
Nuestra España actual precisa de representantes políticos que estén a la altura de nuestras muy difíciles circunstancias, no es momento de acoso y derribo al precio que sea para mantenerse o conquistar el poder. Que la ciudadanía esté cansada de la clase política refleja una realidad de ineficacia, lejanía y unos inadmisibles grados de corrupción que se han instalado en los partidos políticos tradicionales. Parece que éstos han firmado unos tácitos pactos antiestado donde no se logra parar el gasto autonómico -afecta tanto a Comunidades gobernadas por el PSOE como por el PP-, aumentan las desigualdades en las prestaciones sociales según en qué Comunidad Autónoma se viva -así lo refleja el reciente Informe de la Defensora del Pueblo, destacando las 536 quejas en materia sanitaria-, no desaparece la politización de nuestras Cajas de Ahorro, donde el PSOE y el PP quieren seguir medrando, la independencia de la justicia sigue en manos de un CGPJ politizado, las televisiones autonómicas siguen siendo foco de excesivo gasto y politización del partido político gobernante (PSOE, PP o nacionalista) incluso algunas como Telemadrid con 18 condenas judiciales en menos de tres años. Nuestra educación ya está en niveles peores que los de Grecia y Portugal, con un fracaso escolar superior al 30%.
Sinceramente creo que ha llegado el momento de que el ciudadano español reaccione ante tanto desatino, el único camino que veo es tratar de abrir las ventanas de la política española y que entre un poco de aire fresco, frente a un ambiente tan contaminado. Solo el poder responsable y decidido del ciudadano puede ayudar a reconducir las cosas, el 22 de mayo él tiene todo el poder para quitar y poner, para cambiar o mantener y tendrá que asumir las decisiones que tome. La democracia la hacemos entre todos.