(Publicado en El blog de Arturo Muñoz, aquí)
La importancia de cambiar la Ley Electoral, con objeto de asegurar la plena igualdad del valor de cada voto, apenas es discutida por ningún verdadero demócrata, y no requiere demasiadas explicaciones. No ocurre lo mismo con la segunda propuesta de calado de UPyD: la devolución de las competencias en Educación al Estado. No se trata de una exigencia maximalista en nombre de un centralismo dogmático, como algunas deformaciones intencionadas plantean, sino de afrontar con garantías la debacle educativa española.
Es sabido que los resultados que arrojan las pruebas homologadas internacionalmente nos dejan a la cola de Europa, y por detrás de países de otros continentes. Esos datos demuestran que no se puede seguir soslayando el fracaso de los principios psicopedagógicos que, desde 1990, forjan el marco legal nacional. La comprensividad, el inclusivismo y el constructivismo necesitan una seria corrección. Las comunidades autónomas no tienen la potestad de cambiar una ley de ámbito nacional, que aplican en sus decretos. Tampoco quieren hacerlo, porque una vez definido el marco, la cesión de competencias les ha permitido introducir, o inventar, su cuota de localismo particular. Así que se ha sometido la educación a presiones identitarias, lingüísticas e ideológicas, con un claro sesgo político que confunde las prioridades. Por su parte, quienes pudieran y debieran tener la honradez y la valentía de cambiar sustancialmente la ley, tampoco están dispuestos a hacerlo. Prefieren cierto triunfalismo o invocar un pacto de estado tremendamente conservador, pues se construye sobre la premisa de mantener casi intacto el marco LOGSE-LOE, con tal de no reconocer el daño que han hecho. O bien se han valido de la educación como moneda de cambio con socios locales de los que se depende para gobernar. Es cierto que lo importante no es quién ostenta las competencias, sino que lo haga alguien responsable y con los pies en el suelo. Pero un agente con verdadera perspectiva de conjunto, puede cumplir esa función mejor que 17 diferentes, entregados al fetichismo de la pequeña diferencia. Por otra parte, es su deber, aunque para eso el Estado debería recaer en manos de verdaderos líderes, que no recurran a las habituales cortinas de humo con las que se desvía la atención hacia donde no es menester. Citaré a continuación las principales, convertidas en verdaderas falacias con las que se disfraza la realidad.
- La mejora de la educación no se reduce a una mayor inversión económica. Países que gastan menos que España, obtienen resultados mejores en los informes PISA. Además, los presupuestos han ido aumentando generosamente año tras año, al margen de quién gobierne, mientras los resultados iban empeorando.
- La educación no depende de la tecnología. Sin conceptos previamente establecidos ni un dominio sólido del lenguaje, no se sabe qué hacer con un ordenador portátil. El elemento específico, sutil, de la educación no depende de las herramientas que se usen.
- Las panaceas que revolucionan didáctica y metodológicamente la docencia son perfectas sobre el papel. En la práctica, todas tienen limitaciones. No sólo porque no todo se puede aprender sin esfuerzo, sino porque el desarrollo de una competencia, por básica que sea, requiere de un nivel elemental de conocimientos, de formación, sin los que es imposible conectar los conocimientos con la vida cotidiana.
- Extender la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años es perseverar en los errores cometidos. Hay que aceptar que no todos los estudiantes tienen los mismos intereses, motivaciones ni facultades, así que la permanencia en los centros por más tiempo, no redundará en un mejor nivel. Los eufemismos como la flexibilidad del bachillerato pueden producir el efecto contrario al que se busca. De hecho, tenemos el bachillerato más corto de Europa.
- Adelantar la edad de la diversificación en los estudios no es segregacionismo, sino hacer realidad la igualdad de oportunidades a partir de la diversidad de cada cual.
- Es necesario reequilibrar las metas de la educación actual introduciendo la excelencia como objetivo prioritario a medida que se queman etapas.
Naturalmente, todo pasa por hacer un diagnóstico certero, cosa que está por ver. La objetividad del mismo siempre es mejorable, pero 17 agentes imbuidos de metas sentimentales, que se anteponen a la formación de individuos, dista de ser lo ideal. La devolución de las competencias educativas al Estado no es pues un dogma ideológico, sino una forma de cambiar efectivamente lo que nos está condenando a parecer cada vez más torpes. Debe reconocerse, no obstante, que lo que tenemos actualmente como tal, no está a la altura de lo que esperaban las revoluciones liberales cuando arrebataron el control de la educación a la Iglesia, para dárselo al estado. Es hora de asumir con responsabilidad los errores cometidos.