Nunca, una decisión tan polémica, nunca una decisión tan inoportuna y nunca una disposición tan absurda.
El vendaval de rechazo producido por el clamor unánime del pueblo español en contra de la resolución del Tribunal Constitucional, por la que se daba vía libre a la formación proetarra Bildu, ha caído como una pesada losa de plomo encima de los componentes de dicha institución que fueron los causantes directos de que, una sinrazón semejante, pudiera llegar a producirse cuando, precisamente, la banda etarra ETA parecía estar dando sus últimos estertores y una cierta normalidad daba la sensación de haberse instalado en el pueblo y las instituciones vascas. Nunca, una decisión tan polémica, nunca una decisión tan inoportuna y nunca una disposición tan absurda, ha comportado unas peores consecuencias para la nación española; para las propias víctimas del terrorismo y para la futura seguridad de los ciudadanos, no sólo del país vasco, sino para todos los de esta atribulada nación que se llama España. En su República, Platón, ya ponía en cuestión la Justicia que se aplicaba en su tiempo con estas duras palabras: “Yo declaro que la Justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”.
Es obvio que, desde que el PSOE se hizo con el poder, este país ha ido experimentando, en muchos aspectos, cambios radicales que lo han convertido en algo irreconocible para cualquier ciudadano que haya seguido de cerca el comportamiento, evidentemente partidista y sectario, de estos que ejercen el gobierno en su único beneficio y con la maligna intención de no dejar de esta tierra títere con cabeza. En uno de los lugares donde más interés han puesto en introducir la cuña de su influencia y el martillo de sus favores, ha sido, precisamente, en el estamento de jueces y fiscales, encontrando especialmente en estos últimos, terreno abonado para sembrar la cizaña precisa para dar al traste con la Justicia en toda España. Un adalid del socialismo, como el señor Fiscal General, señor Conde Pumpido, ha sido un bien del cielo para el señor Rodríguez Zapatero y su corte de seguidores. Han tenido la eficiente colaboración de muchos jueces, con el señor Garzón a la cabeza, que no han dudado en aplicar la máxima del señor Bermejo, el anterior ministro de Justicia, que decía, con toda seriedad, aquello de que “las leyes están para ser aplicadas según convenga” y, cuando la han precisado han intentado por todos los medios influir en el Tribunal Constitucional para que, también se plegara a sus conveniencias partidistas.
¿Quién no recuerda la bronca, en pleno desfile de las Fuerzas Armadas, que la anterior vicepresidenta, señora M.T. Fernández de la Vega, le atizó a la anterior presidenta del TC, señora Mª.Emilia Casas?, algo que constituyó un palmario caso de vergüenza ajena, por lo evidente del rapapolvo y por la humillación que ello supuso para una de las máximas autoridades de la nación. Tampoco la actuación del alto Tribunal, encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes, ha sido muy ejemplar en el manido caso del Estatuto de Catalunya, cuando, después de tres años de mantenerlo en la “nevera”, por ser un asunto lo suficientemente escabroso como para no querer entrar en él, presionados por el Gobierno para que evitaran decidir sobre él o temiendo que pudiera perjudicarlo en sus distintas confrontaciones electorales. Pero, donde se ha “lucido” con más mérito ha sido, sin duda, en el caso de la legalización de la banda BILDU creada por ETA para que se pudiera presentar a las elecciones. La explicación ha quedado clara: cuando los magistrados (por calificarlos de alguna manera) pertenecientes a la llamada rama progresista, han sido superiores en número a los conocidos como los conservadores; entonces ya han perdido la vergüenza y se han entregado de lleno a los intereses del Ejecutivo que, muy probablemente, coincidían con los suyos pero no, y esto es importante resaltarlo, con los de la Justicia y el sentir, prácticamente unánime, del pueblo español.
Aquí tenemos que mencionar la inestimable participación del juez, don Pascual Sala, alguien que no desconoce el arte de puentear las leyes cuando conviene a la “justicia”, quien ha tenido, con toda probabilidad, un papel decisivo en que se legalizase a los servidores de ETA y que, con su decisión y la de otros cinco compañeros, inclinaron la balanza a la legalización lo que, aparte de haberles entregado cientos de municipios y de ostentar la alcaldía de San Sebastián, les ha proporcionado un inyección de liquidez que parece que se valora en más de 2.000 millones de euros. ¡Nunca ETA había soñado con una financiación semejante! No obstante, los imprevistos siempre cuentan y, hete aquí, que no sabemos si por no poder soportar el peso de la vergüenza por sus votos a favor de Bildu o por considerar que el continuar en el TC puede acarrearles mas perjuicios que beneficios; 3 magistrados han decidido pedir la dimisión, dos de los cuales son de los que votaron a favor de la legalización de Bildu y, uno, de los considerados conservadores; probablemente asqueado de pertenecer a un tribunal capaz de cometer tamaña barbaridad.
Pero, esta crisis, nos plantea una situación abracadabrante, porque reduce al mínimo el número de magistrados preciso para poder tomar resoluciones lo que, sin duda, puede retrasar todavía más los asuntos que el tribunal tiene pendientes de resolver y, es posible, que se quede colapsado por falta de miembros. Y en esta tesitura sale un espontáneo, el inefable Peces Barba que, para acabar de redondear este panorama dantesco, empieza a tirar acusaciones en contra del PP, porque dice que éste no ha querido que la renovación de miembros pendiente desde el 2010, se llevara a cabo, añadiendo que lo que, de verdad “sobran en este país son los constitucionalistas de derechas” ¡Pues claro, ya que, en caso contrario, los constitucionalistas de izquierdas no tendrían oposición alguna y podrían hacer con la Constitución lo que les viniera en gana! Lo que parece ser que no dicen estos del PSOE es que, como ocurre en el Parlamento cuando se quejan de que el PP no les apoya en sus propuestas; es que las personas que ellos apoyan para cubrir las vacantes del TC, pendientes de ser sustituidas, son personajes de su plena confianza, que saben positivamente que van a estar al servicio de los socialistas. Quieren que el PP apoye a sectarios, como el señor Sala, para que el TC acabe siendo un órgano más, junto a los fiscales, a las órdenes del partido Socialista. ¿Recuerdan que, en el Congreso, se han empeñado en que el PP apoyara sus disparatas políticas económicas y su despilfarro en gastos públicos, amén de subvenciones clientelares? Evidentemente, el PP no se prestó a semejantes chanchullos.
Pero, yo le propondría a don Pascual que, si ya se ha recuperado de su mutación genética aviar, ahora que tiene la ocasión, propusiera a los dos partidos mayoritarios que renunciaran a su facultad de nombrar a los componentes del TC, para que estos importantes cargos de un tribunal del que depende la recta aplicación de nuestra Constitución, no estuviera en manos de políticos de ningún signo y corriese a cargo de un estamento, vinculado directamente al mundo judicial, el que designase a los mejores profesionales, los más honrados e independientes, para evitar que pudieran ser influidos por elementos ajenos a los del propio tribunal. Es probable que el señor Sala no se deje convencer, como tampoco se dejará convencer si se le pide que, para formar el cuarteto presente su propia dimisión, En verdad que España saldría ganando con ello. O, al menos, esto es, señores, lo que yo quisiera que ocurriera.
Miguel Massanet Bosch