Manuel Sarachaga, economista (Publicado en diarioliberal.com, aquí)
El Banco de España ha publicado los datos detallados sobre el déficit y la deuda de las Administraciones Públicas del primer trimestre, confirmando la negativa evolución de unas finanzas autonómicas que se han convertido en una creciente amenaza para la estabilidad económica nacional.
Si en 2010 prácticamente todas las CCAA incumplieron la normativa en vigor en materia de estabilidad, registrando un déficit de casi el 3% y una deuda equivalente al 10,8% del PIB, en el primer trimestre de este año el déficit ya se sitúa en el 1,85% (por encima del 1,3% previsto para todo 2011) y la deuda en el 11,4% del PIB.
Lo realmente grave de esta información no es sólo constatar que las CCAA deben ya, sin incluir a las empresas públicas, más de 121.000 millones –equivalente a prácticamente todos sus presupuestos para un año completo o al doble del gasto sanitario nacional-, ni que desconozcamos el alcance de la deuda oculta, o que haya varias CCAA importantes que caminan con paso firme hacia un nivel de deuda del 20% del PIB (Valencia 17,4%, Cataluña 17,2%, Castilla-La Mancha 16,9% y Baleares 16,3%). Tampoco es lo peor saber que la deuda reconocida de todas las Administraciones Públicas se haya elevado hasta el 63,6% del PIB cuando hace poco más de tres años era de tan sólo el 36,1%.
No, lo peor no es eso.
Lo realmente grave y preocupante es constatar que nuestro país, como decíamos, cuenta con un modelo territorial económicamente inviable y –especialmente-, del todo descoordinado, lo que implica que la suicida trayectoria de las finanzas públicas tiene una difícil corrección a corto plazo. O lo que es lo mismo: la estabilidad nacional –económica, política y socialmente- está seriamente amenazada.
Es una evidencia: nuestra Nación es ingobernable. Hemos construido una nave sin timón, y ya es hora de hacer algo realmente efectivo si no queremos que se estrelle con todos nosotros dentro. Se trata de una emergencia nacional: es imprescindible que el Estado recupere su capacidad de decisión sobre los asuntos nacionales esenciales –en especial los que garantizan la igualdad y la libertad de los españoles, así como aquellos otros que atañen a la estabilidad económica y a la supervivencia de los servicios públicos fundamentales- y su capacidad efectiva de coordinar al resto de niveles administrativos.
Ninguno de los grandes partidos nacionales parece realmente preocupado por ello si nos atenemos a las propuestas que han realizado para frenar esta deriva, que es sencillamente ninguna. Están más preocupados por asegurarse el poder aquí o allá, cerrar este o aquel pacto, impedir el acuerdo de los contrarios… un lamentable espectáculo mientras nuestros servicios públicos –gestionados por las CCAA- corren el riesgo de sufrir serios recortes; mientras el paro y la destrucción de actividad arrasan a nuestras familias y empresas y condenan a una generación entera al fracaso personal y profesional.
En medio del penoso escenario político, sólo un partido, contando con un único escaño en el Congreso, está presentando iniciativas válidas en este sentido. La última (que casi con plena seguridad será rechazada por todos los grupos políticos, por muy válida que sea) pretende replicar en España el mecanismo de coordinación -denominado “semestre europeo”- que la UE ha establecido para garantizar que los presupuestos de los Estados miembros respeten sus compromisos en materia de disciplina fiscal. Así, la propuesta de UPyD, conocida como “semestre español” tiene por objeto modificar el marco legislativo para dotar al gobierno central de capacidad efectiva de coordinar los procesos presupuestarios de las CCAA, estableciendo techos de gasto y déficit, vetando presupuestos autonómicos incompatibles con el compromiso nacional de estabilidad financiera, imponiendo sanciones a las Comunidades incumplidoras, etc.
Iniciativas como ésta no son únicamente necesarias, son imprescindibles. Necesitamos tomar medidas eficaces y de calado, no meros maquillajes. Y tomarlas ya. La sanidad está cerca del colapso en muchas CCAA, la ley de Dependencia tendrá que retrasar su plena implantación en la mayoría de ellas, los recursos destinados a la educación serán cada vez más escasos…
Si continuamos sin hacer nada, cuando sea demasiado tarde sólo nos quedará el lamento.
Y la indignación.