Ya estamos acostumbrados e los bruscos golpes de timón de un Ejecutivo que primero se lanza al agua y después se acuerda que no sabe nadar. Han sido una constante en los sucesivos gobiernos del señor Rodríguez Zapatero, estos constantes vaivenes fruto de una temeridad innata en nuestro señor Presidente que, por un raro azar de la naturaleza, aúna en su persona una astucia considerable, en cuanto se trata de manejar a las masas y hacerlas cómplices de sus más atrabiliarias decisiones y, al mismo tiempo, lo ha dotado de una auto estima tan egocéntrica que se cree un ser superdotado, por encima del resto de la humanidad, que lo mismo entiende de economía o de finanzas o se atreve a opinar, con pretendida solvencia, sobre temas de la más esotérica metafísica. Si es cierto que, el equipo de ZP, a trancas y barrancas, ha conseguido mantener su gobierno socialista a lo largo de casi dos legislaturas, también lo es que, en el transcurso de las mismas, ha actuado a golpes de corazonada, buscando siempre la solución que les pudiera proporcionar más rédito ante los electores; rescindiendo de la prudencia, el estudio riguroso y científico y la previsión de las consecuencias y posibles efectos colaterales de sus decisiones o normas legales impuestas a los españoles.
Recordamos las medidas restrictivas que, la señora Salgado, pretendió imponer durante su paso por el ministerio de Sanidad y Consumo, cuando para ella el comer hamburguesas resultaba perjudicial para la salud o cuando quiso restringir el consumo del vino por estimarlo un producto que perjudicaba la salud. Pero, sin duda, donde alcanzó su máximo “éxito” fue con la ley antitabaco del 2006. Una ley muy cuestionada y que, a los perjuicios iniciales para la hostelería y restauración, se añadieron los que la modificación de la ley, bajo la égida de la sin par Leire Pajín, produjeron a todo el gremio; al olvidarse de las obras de habilitación de locales para fumadores que tuvieron que llevar a cabo bares, restaurantes y cafeterías, que supusieron importantes dispendios que, con la nueva norma han resultado inútiles y, por añadidura, no se han previsto indemnizaciones para compensar a quienes tuvieron que hacerlas. En todas, salvo en esta última, la señora Salgado tuvo que rectificar, ante la evidencia de que se trataban de medidas poco meditadas, que podían causar serios perjuicios económicos a la nación y que entraban de lleno dentro de las libertades individuales de los ciudadanos. La ex–ministra de la Vivienda, la señora María Antonia Trujillo también tuvo de recular cuando quiso introducir en España una nueva normativa para las VPO, en su plan de ayuda a los jóvenes, proponiendo las construcciones modulares de 30 metros cuadrados. Un proyecto que apenas duró 24 horas por el escándalo que produjo que, un ministerio, pretendiera cambiar el “derecho a la vivienda” fijado en la Constitución, por un “par de zapatillas”.
Y en este tejer y destejer, siguiendo el ejemplo de la industriosa Penélope, de la Odisea, en su pugna por entretener a los pretendientes que la acosaban, mientras esperaba el regreso de Ulises, su marido; el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero se ha pasado las dos legislaturas en un intento baldío de simular controlar la situación del país; porque, si queremos ser sinceros, estas prácticas de amagar y retroceder han sido lugar común en lo que ha constituido la forma de gobernar del gobierno socialista, que ha ido trampeando la crisis por medio de medidas y contramedidas, según haya sido el momento y la necesidad de actuar, de modo que mejor le conviniera a sus necesidades electorales, que no han coincidido, evidentemente, con las medidas más oportunas y necesarias para el provecho de España y de los españoles. La evidencia la tenemos en la precaria situación del país y de su retraso en cuanto a la superación de la recesión, cuando la mayoría de países europeos ya han empezado a dejarla atrás y muestran evidentes signos de recuperación.
Ahora se ha producido otra de estas situaciones que ponen en entredicho las actuaciones de nuestros ministros. La señora González-Sinde, ministra de Cultura, ha sido la verdadera protectora de sus colegas de la farándula, De su ministerio han salido cuantiosas subvenciones destinadas a favorecer a sus colegas del cine; su amistad con determinados popes de la música y con los famosos artistas, llamados “de la ceja”, que salieron en tromba en defensa del señor ZP para evitar que el “odiado” PP se hiciera con el gobierno de España, la ha impulsado a tomar partido para beneficiar a las SGAE, de tal manera que se empeñó a fondo en conseguir que se promulgara la ley del “Canon Digital”, como un medio para evitar la llamada piratería por Internet. No obstante, lo que no tuvo en cuenta, la señora ministra, era que, en su afán de favorecer a sus amigos de la farándula, estaba cometiendo una flagrante injusticia con todos aquellos usuarios que adquiriesen CD’s para su uso particular, para otros destinos ajenos a la grabación de canciones o películas, con lo que se infringía la presunción de inocencia de todos los adquirentes de soportes informáticos.
La CE ya decidió, mediante una resolución de Bruselas en relación con el caso Padawan, que este sistema recaudatorio no era el pertinente y que debía ser sustituido por un mecanismo presupuestario que compensara a los autores. Suponemos que para no causar un desaire a la ministra González-Sinde, el Gobierno ha venido retrasando la anulación de la norma sobre el canon digital; sin embargo se ha producido estos días un hecho significativo que ha puesto en la picota a las SGAE y a sus directivos, al quedar al descubierto una trama de hechos corruptos que parece que apunta a una desviación ilegal de fondos recaudados hacia unas sociedades artificiales creadas al efecto. La operación SAGA, ordenada por el juez Ruz de la Audiencia Nacional, ha puesto en cuestión la actuación de nueve gestores de la sociedad de autores y ha dejado en una situación desairada al Gobierno, que siempre se había demostrado ser como un fiel defensor de la SGAE y de sus dirigentes; otorgándole la consideración de empresa semi-pública con facultades recaudatorias, lo que, presuntamente, le permitió a su presidente, el señor Tedy Bautista, actuar con la dureza que un recaudador de impuestos medieval, abusando de sus facultades, vejando a los paganos y utilizando la misma prepotencia que si fueran miembros de honor de la Santa Inquisición. Ni ha habido control ministerial ni la señora ministra ha actuado conforme a su deber.
Se habla de que, por fin, se va a hacer marcha atrás por enésima vez y que, quizá, el señor Zapatero haya decidido que esta sería una buena baza para su delfín Alfredo Rubalcaba el presentar la supresión del canon para promocionarse en su carrera hacia la Moncloa. Parece ser que el famoso canon digital tiene sus días contados y que ya se ha pensado en sustituirlo por un mecanismo presupuestario que compense a los autores. Mención aparte merece el comportamiento de diversos miembros de la farándula que, como siempre, quieren dar la sensación de que están por encima de los poderes del Estado y hablan de que van a revisar los datos que obran en su poder para ver si le dan el “visto bueno” a la actuación del juez Ruz. Habría que preguntarles a los señores Caco Senante, Victor Manuel y el resto de estos progresistas que parten el bacalao en la SGAE, ¿en qué estaban pensando, dónde tenían puesta su mente o qué clase de función desempeñaban en la sociedad, que les haya impedido darse cuenta de que, por delante de sus narices, se les escurrieran 400 millones de euros? Algo de responsabilidad tendrán, ¿no? En cualquier caso, esta es la impresión que tengo sobre este feo asunto.
Miguel Massanet Bosch