Las turbulencias en los mercados de deuda se han cebado en España con una intensidad que no solo amenaza con estrangular las finanzas públicas, sino que asfixia también desde hace tiempo a empresas de todo tamaño al encarecer su financiación, enterrando la perspectiva de una pronta recuperación económica. El sendero hacia la nada por el que se precipitaron con anterioridad Grecia, Irlanda y Portugal viene siendo recorrido a trompicones también por España, pese a las bienintencionadas declaraciones de las autoridades o los anuncios continuados de iniciativas y reformas que devienen luego ineficaces por su falta de ambición inicial, o sus demoras y continuos retardos, como es el caso del sector financiero, cuya urgencia aconsejaba una diligencia extrema en su resolución. Ni el Gobierno ni el Banco de España han sido consecuentes con ello.

Sería injusto responsabilizar de todos los males a nuestras autoridades. Una parte no menor de nuestras aflicciones tiene su origen en Europa y se necesitan por ello soluciones que trasciendan las fronteras nacionales. Pero es imposible no reconocer la parvedad de la aportación española a esas soluciones. Más allá de la impotencia de Europa para solventar sus problemas, la pérdida de confianza en la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero parece irreversible y el creciente escepticismo sobre la gobernabilidad española en las circunstancias actuales amenaza con acrecentar nuestros males. La crisis no es solo económica, sino también, y acaso sobre todo, política.

Hace ya mucho que las respuestas del presidente del Gobierno a los desafíos a los que se enfrenta España apenas merecen crédito alguno por parte de los ciudadanos. Las encuestas lo venían demostrando de forma consistente (una reciente coloca al Gobierno del Estado como la institución peor valorada de una lista de 39), y el escepticismo y el desconcierto fueron rubricados por el descalabro de los socialistas en las pasadas elecciones, al tiempo que crecía la contestación en la calle.

Más allá de cualquier consideración sobre el origen de las protestas del 15-M, sobre su legitimidad o sus intenciones, resulta evidente que el aprecio que han merecido por parte de la opinión trae causa del profundo malestar en el que se ha sumido el conjunto de un país con cinco millones de parados, en el que 300.000 familias han perdido sus casas en los últimos tres años, y en el que su primer gobernante es incapaz de ofrecer ninguna esperanza razonable de alivio a sus angustias.

Rodríguez Zapatero dispone de toda la legitimidad y todo el derecho para terminar la legislatura si así lo quiere y nada en las leyes le obliga a disolver las Cámaras. Pero tras el anuncio, hecho en marzo, de que no concurrirá de nuevo a las elecciones, este periódico sostuvo que sus propósitos de agotar la legislatura solo eran moral y políticamente justificables a condición de que culminase las reformas imprescindibles que asegurasen la estabilidad necesaria, política y económica, para que el país afrontara el periodo electoral en las mejores condiciones posibles. Esa condición no se ha cumplido. Aún peor: su incapacidad en la gestión, los magros resultados de las reformas apenas incoadas, más el lastre y la impotencia de una legislatura agónica auguran un deterioro imparable al que resulta imprescindible poner fin cuanto antes. A este respecto, la fecha sugerida por algunos dirigentes socialistas para celebrar elecciones (finales de noviembre) es del todo tardía. Si de verdad Rodríguez Zapatero quiere rendir un último servicio a su país, debe hacerlo abandonando el poder cuanto antes y reconociendo la urgencia de que nuestro Gobierno recupere la credibilidad perdida. Los españoles en su conjunto, y los votantes socialistas en particular, se lo agradecerán.