Un ‘Titanic’ que arrastra al fondo a la economía

DECÍA el difunto Joaquín Garrigues que si la gente supiera las cosas que se dicen en los Consejos de Ministros, saldría corriendo a los aeropuertos para alejarse de España. Más de 30 años después, no parece exagerado afirmar que los ciudadanos también quedarían espantados si supieran lo que se dijo el pasado 27 de abril en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Parecen los comentarios de la tripulación de una nave que se hunde ante la incapacidad de taponar las vías de agua, las exclamaciones desesperadas de los mandos de un Titanic autonómico que se resisten a creer que el gigantesco buque está a punto de irse al fondo del mar. Entre otras cosas, se pueden leer en la transcripción de la reunión -de carácter reservado- frases textuales y entrecomilladas como «¡por el amor de Dios, den alguna solución!» o «no vale decir que aquí se salve el que pueda y los demás que se apañen».

Más allá de las metáforas, las expresiones de desaliento de los consejeros muestran gráficamente la imposibilidad de cumplir con las exigencias del Gobierno para este año, que ha impuesto a las autonomías un déficit máximo del 1,3% del PIB regional. Hay comunidades como Castilla-La Mancha que van a cuadriplicar esa cifra, pero casi todas la van a superar ampliamente. Cataluña, por ejemplo, tiene una previsión del 2,6%, el doble de lo permitido.

Ello significa que será del todo punto imposible que el Gobierno cumpla los compromisos formulados en el Plan de Estabilidad, en el que Economía fijaba como objetivo un 6% de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas en 2011. Teniendo en cuenta que las comunidades gestionan las dos terceras partes del gasto público, no es arriesgado predecir que el déficit será muy superior a lo previsto por el Ejecutivo.

En la nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra mañana, las comunidades van a pedir al Gobierno que se les permita aumentar su tope de gasto y endeudamiento para poder obtener los recursos adicionales que les faltan para hacer frente a sus compromisos. Al parecer, Elena Salgado está pensando en una fórmula para flexibilizar el techo de gasto, que se podría fijar para ciclos de cuatro años. Ello supondría un respiro para los agobiados gestores autonómicos, pero implicaría un paso atrás y agravaría el ya abultado déficit del Estado.

La situación financiera de las comunidades es tan mala que, por primera vez en 30 años, algunas quieren devolver competencias a la Administración Central o se niegan a asumir otras nuevas. En realidad, tendría toda su lógica que la Sanidad o la Justicia estuvieran centralizadas para conseguir una gestión más eficiente.

Pero lo más preocupante de las cuentas de las comunidades autónomas es el crecimiento de su nivel de endeudamiento, que ha pasado de 63.000 millones a comienzos de 2008 a 121.000 millones en abril de este año. Un ritmo insostenible que pone en evidencia que el actual modelo autonómico es inviable si no hay una reforma en profundidad. Es este gasto autonómico desbocado una de las razones por las que los mercados están castigando a España. Ayer la prima de riesgo subió de los 294 puntos del pasado viernes a 326, lo que demuestra que el rescate de Grecia no ha devuelto la confianza a unos inversores internacionales que siguen sin creer que este Gobierno esté cumpliendo sus deberes.

Evidentemente de nada sirve que la Administración Central del Estado ajuste al máximo sus gastos si luego las comunidades son incapaces de cumplir sus objetivos presupuestarios, entre otras razones, porque han asumido competencias que no pueden financiar. El Titanic autonómico está poniendo en peligro la recuperación de una economía española que sólo podrá salir a flote si cada uno gasta lo que puede y lo que tiene.